El Supremo venezolano impide a María Corina Machado presentarse en las elecciones presidenciales de este año

Las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 vuelven a entrar en una peligrosa zona de turbulencias que anuncian tormentas mayores. Aunque Nicolás Maduro asegura que la contienda se realizará "llueve o truene", la posibilidad de que se repita la situación de 2018, cuando el presidente compitió contra sí mismo, ha dejado de ser descabellada. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó este viernes que María Corina Machado, la candidata única de la oposición surgida de una primaria, no podrá participar de los comicios. Machado ganó ese derecho en octubre pasado y de manera abrumadora. El madurismo consideró no obstante a ese proceso carente de legitimidad y lo invalidó. Pero esa no ha sido la razón del pronunciamiento de la principal autoridad judicial. Apenas se limitó a ratificar que la dirigente de derechas había sido inhabilitada por la contraloría en 2021 y esa decisión no podía modificarse. Según los jueces, la líder de Vente Venezuela había participado de acciones de corrupción y lesivas contra la soberanía de ese país cuando el diputado Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado", en enero de 2019. Por lo tanto, "no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados” que firmaron en octubre pasado el Palacio de Miraflores y la Plataforma Unitaria, donde se encuadra buena parte de la oposición.

Machado nunca formó parte del "Gobierno interino" de Guaidó. La dirigente ha asegurado a su vez que nunca fue formalmente notificada de la decisión que tomó tres años atrás la contraloría. El pasado 30 de noviembre se había conocido un documento firmado por el Gobierno y la Plataforma Unitaria donde se establecía una ruta para levantar las inhabilitaciones a todas aquellas personas que aspirasen a una candidatura presidencial. Machado intentó sin suerte el 15 de diciembre adherirse a ese protocolo.

El anuncio del Supremo no sorprendió a nadie, entre otras razones porque los puentes entre el Palacio de Miraflores y sus adversarios han vuelto a quebrarse. El propio Maduro había dicho días atrás que los acuerdos de Barbados suscritos en octubre con la oposición para realizar elecciones libres estaban "heridos de muerte". Esa suerte de extremaunción política se escuchó después de que la fiscalía revelara que habían sido frustrados cinco intentos de magnicidio. La investigación llevó al arresto de más de 30 civiles y militares. Los uniformados fueron degradados por terroristas.  El fiscal general Tarek William Saab involucró a los coordinadores regionales del partido Vente Venezuela Juan José Freites, Guillermo de Jesús López y Luis Enrique Camacaro en uno de los intentos conspirativos contra Maduro.

La reacción de Machado

"El régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados", dijo Machado. Estados Unidos había puesto como condición para avanzar en el levantamiento de las sanciones económicas el respeto a rajatabla de lo pactado hace tres meses. En principio, el Gobierno liberó a varios presos políticos. Sin embargo, el temor a una nueva frustración siempre estuvo en el aire. El pronunciamiento del Supremo no hizo más que confirmarlo. El TSJ ratificó a su vez que sigue pesando sobre las espaldas del excandidato presidencial Henrique Capriles una prohibición para presentarse a cargos públicos por 15 años.

"Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar. Que nadie lo dude, esto es hasta el final", señaló también Machado, favorita en las encuestas frente a Maduro. La directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, señaló que el paso dado por el TSJ imposibilita "que la representante elegida por la oposición pueda participar en elecciones".

Capriles también repudió el dictamen del TSJ. "Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos”. Las inhabilitaciones no acaban con el sueño de “tener un país donde la Constitución y las leyes sean iguales y respetadas por todos, donde el Gobierno se ocupe de darle bienestar y calidad de vida a la gente".

Antes de que se conociera el dictamen del TSJ, Machado había denunciado que acciones contra locales partidarios como parte de la llamada "furia bolivariana", un operativo de seguridad e inteligencia de carácter "cívico, militar y policial" activado para “para enfrentar cualquier intentona terrorista y golpista”, de acuerdo con la propia definición del presidente.

La posición del Gobierno

"Venezuela seguirá adelante en paz, con esfuerzo, en recuperación integral y seguiremos con algo vital de nuestra vida que es el diálogo, el diálogo social, el diálogo humano, escuchando en primer lugar a nuestro pueblo es lo primero, el diálogo con todos los sectores empresariales para seguir trabajando por el desarrollo de las fuerzas productivas, el diálogo con todos los sectores políticos, con todos, de esa oposición democrática que respeta la Constitución", dijo Maduro, como si la sentencia del Supremo no hubiera existido.

El presidente de la Asamblea Nacional y representante de Maduro en los diálogos la Plataforma Unitaria, Jorge Rodríguez, siguió la línea argumental del mandatario. "A pesar de las amenazas graves de sectores de ultraderecha contra la paz de la República, se ha cumplido con el mecanismo establecido en el marco de los Acuerdos de Barbados". Diosdado Cabello, el "número dos" del madurismo, prefirió la mofa directa hacia Machado: "no vas".