Con ocho acusados en el banquillo, más de treinta testigos citados, diez sesiones de juicio repartidas en el calendario hasta el 16 de marzo, la Audiencia de Alicante comenzará a juzgar el jueves la pieza de las basuras de Calp de la macrocausa de corrupción bautizada como caso Brugal.

En el banquillo se sientan responsables políticos del Ayuntamiento de Calp, entre ellos el exalcalde del PP Javier Morató, acusados de haber recibido sobornos 600.000 euros en sobornos del empresario Ángel Fenoll; así como de un fraude en el pesaje de la basura sobrefracturando a la Corporación el pesaje de los residuos que entraban en la planta de Colsur, la empresa de Fenoll. Un fraude que, según la Fiscalía, causó un quebranto de más de cuatro millones a las arcas públicas.

Junto a Morató están acusados los exediles Fernando Penella y Juan Roselló, la esposa de éste Amparo Femenia y su cuñado, Fernando Artacho; el técnico de la concesión Juan Cervantes; así como el hijo del empresario de la Vega Baja, Antonio Ángel Fenoll. Se les acusa de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales por haber adquirido diversas fincas y bienes con el dinero percibido con los sobornos. A los políticos se les reclaman penas de hasta diez años de cárcel, mientras que para Fenoll la condena reclamada es de casi siete años de prisión y para su hijo, 22 meses. En esta causa están personados como acusación particular el Ayuntamiento de Calp y el grupo socialista.

Si no hay cambios por la alerta sanitaria, el juicio arrancará el jueves 21 de enero. La Sección Segunda va a usar la misma sala de vistas que se utilizó en el proceso por los presuntos amaños en el PGOU de Alicante, ya que es la de mayor capacidad del edificio. Esta primera sesión se dedicará a abordar las cuestiones previas y en ella está previsto que las defensas pidan la nulidad de las escuchas telefónicas que dieron inicio al proceso, tal como han venido haciendo en el resto de las piezas separadas de Brugal. La vista no se reanudará hasta el 16 de febrero con el interrogatorio de los acusados para el que se han previsto dos sesiones. Hasta treinta testigos pasarán a declarar entre el 23 de febrero y el 10 de marzo y finalmente el día 16 quedará visto para sentencia.

La trama de las basuras de Calp es una de la veintena de piezas separadas en las que se acabó desgajando el llamado caso Brugal. A continuación, se enumeran las distintas piezas y el estado en el que se encuentran.

Una absolución pendiente del Tribunal Supremo

El caso Brugal empezó con una investigación para determinar si hubo sobornos en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. Los pinchazos telefónicos desvelaron nuevas supuestas irregularidades que determinaron la apertura de hasta una veintena de piezas separadas. La sección desplazada a Elche de la Audiencia absolvía en junio a los 34 acusados al anular las grabaciones que dieron inicio al proceso. Entre los encausados estaba el empresario Ángel Fenoll y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente. La sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo. Para las piezas pendientes la validez de los pinchazos se valoraría por separado.

El juicio por el vertedero de la Vega Baja arranca en noviembre

Otra de las grandes piezas del caso Brugal y en la que está acusado el expresidente de la Diputación Provincial José Joaquín Ripoll está todavía pendiente de juzgarse. El macroproceso arrancará el 2 de noviembre para las cuestiones previas, pero la vista oral se desarrollará en 66 sesiones desde enero a junio de 2022. Junto a Ripoll, se sientan en el banquillo los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, junto a otros siete acusados por los supuestos amaños para ubicar el vertedero de la Vega Baja. El fiscal acusa a Ripoll de haber recibido dádivas para beneficiar a Fenoll con la instalación.

A la espera del fallo a Alperi, Castedo y Ortiz

El pasado mes de noviembre quedó visto para sentencia el jucio por los presuntos amaños en el Plan General de Alicante. Los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi están acusados de haber recibido dádivas del promotor Enrique Ortiz a cambio de revelarle información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad. En estos momentos, el tribunal está pendiente de dictar sentencia pero la resolución no se espera hasta mediados de año. La Audiencia ha pedido un refuerzo para que la magistrada que presidió el tribunal pueda dedicarse en exclusiva a trabajar en la resolución.

Una condena que los acusados recurrieron ante el Supremo

La Audiencia de Alicante tuvo que analizar los autos que autorizaban las escuchas de Brugal y sus prórrogas en un proceso por estafa en la mercantil Autisa que sentaba en el banquillo a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory. Las magistradas dieron por válidas las escuchas que ahora se han tumbado en Elche y condenaron a los empresarios a tres años y medio de cárcel, en una fallo que está recurrido ante el Supremo. La sentencia absolvía a otros doce de los quince acusados porque sí veía algún defecto de forma en los autos que autorizaban los pinchazos. Según las magistradas, la medida de intervenir los teléfonos era «proporcionada a la gravedad de los delitos investigados».

Los casos en los que la Justicia no vio indicios de delito

Durante la instrucción de Brugal hubo una buena parte de pequeñas piezas separadas que se archivaron antes de llegar a juicio. Entre ellas, había causas por entregas de dinero de Fenoll a representan tes políticos de la Vega Baja ya prescritas cuando se localizaron los vídeos. Otros juzgados archivaron la investigación por la supuesta compra de partidos del Hércules, las irregularidades en la adjudicación del centro de congresos o la financiación irregular de la Fundación Hércules. Se cerraron al no ver indicios de delito. Otras piezas llegaron a juicio pero terminaron con una sentencia absolutoria. Como el caso del revólver hallado en la caja fuerte de las oficinas de la empresa de Ortiz; o la causa a una funcionaria de Hacienda por la filtración de datos fiscales de Ángel Fenoll.