El timo de lo 'eco': Europa dice basta

Frases como «envases fabricados con un 30% de plástico reciclado» o «protección solar respetuosa con los océanos» son ejemplos frecuentes en el etiquetado de artículos que compramos en el día a día. Con estos mensajes, las marcas intentan demostrar que tienen un compromiso con el medio ambiente y que el producto que comercializan es ecofriendly, de manera que los consumidores a los que se dirigen se decanten por su oferta en detrimento de otras que no exhiben esos avales ecológicos.

Pero la realidad es que muchas de estas etiquetas, casi siempre ostentosamente coloreadas de verde, con dibujos de plantas en el envoltorio y con términos impresos como «bio», «eco», «natural» u «orgánico», no son más que afirmaciones gratuitas o demasiado poco fundamentadas para ser fiables y creíbles.

De hecho, un estudio encargado por la Comisión Europea en 2020 concluyó que el 53,3% de las afirmaciones recogidas en estas etiquetas ‘ecológicas’ eran «vagas, engañosas o infundadas» y un 40% carecía de respaldo científico.

Es lo que se conoce como ‘ecopostureo’ o greenwashing en inglés, una estrategia que tiene como objetivo el blanqueo de productos y servicios a través de eslóganes medioambientales que no aportan prueba alguna.

El concepto greenwashing es relativamente joven (cumple ahora 40 años desde que fue acuñado por el investigador estadounidense Jay Westerveld) y actualmente está en el centro de la principales denuncias no sólo de las asociaciones ecologistas y del activismo medioambiental, sino de las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores. Estas reivindicaciones han logrado hacerse oír en las instituciones y los organismos reguladores.

En España, es más que simbólico que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya advertido públicamente que en su estrategia hasta 2024 tendrá un papel importante el control de la información que las empresas financieras ofrecen a sus potenciales consumidores en cuanto a su relación con el medio ambiente.

Y en Europa, la última vuelta de tuerca de la Comisión Europea para frenar estas formas de desinformación se basa en una propuesta de directiva (la Directive on Green Claims) que pretende regular estas declaraciones ambientales.

Así, las empresas que decidan incluir estas declaraciones ecológicas en su etiquetado deberán cumplir unas normas mínimas para argumentar y justificar esas afirmaciones mediante pruebas científicas reconocidas.

«Los Estados miembros serán responsables de establecer procesos de verificación y ejecución, de los que se encargarán verificadores independientes y acreditados», señala la Comisión. Antes de aprobarse definitivamente, esta directiva deberá recibir el visto bueno del Parlamento y el Consejo Europeo.

«Todo lo que es la publicidad engañosa, como hacer una magdalena industrial y decir que es artesanal y bio... ese mundo está hecho de afirmaciones no contrastadas, que no tienen un etiquetado que lo garantice. Todo eso está ya estigmatizado socialmente y perseguido por un reglamento, después de décadas de afirmaciones por parte de los fabricantes que ha generado una cultura del engaño verde», destaca Miguel Ángel Soto, responsable de campañas de Greenpeace.

Gas y nuclear: ¿verdes?

Pese a la mano dura que la Unión Europea está mostrando frente a estas prácticas publicitarias engañosas, lo cierto es que organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra en Alemania y Transport&Environment han abierto un frente judicial contra la Comisión Europea, a la que acusan precisamente de greenwashing.

Esta paradoja se da porque la institución europea aceptó como «sostenibles» la energía procedente de plantas nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio/hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.

La Comisión Europea las definió así en su «taxonomía verde», que es una guía que entró en vigor el 1 de enero de este año para clasificar los proyectos, inversiones y actividades económicas que son respetuosos con el medio ambiente frente a los que no lo son.

Debido a la inclusión del gas y la nuclear (de forma transitoria según la UE), las organizaciones ecologistas critican que la Comisión Europea está ejerciendo un acto de greenwashing y así lo defenderán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para estas entidades, la taxonomía verde va en contra de la Ley del Clima de la UE y de los objetivos del Acuerdo de París para frenar el cambio climático.

Según informó Efe, se espera que la vista ante el tribunal se celebre en la segunda mitad de 2024, por lo que la sentencia no se conocerá hasta 2025. «Es justo lo que la Comisión Europea está queriendo evitar, las falsas declaraciones verdes. La transición ecológica no puede decir que invertir en infraestructuras de gas o de energía nuclear sean verdes, porque es lo mismo que cuando decimos a los ciudadanos que no podemos llamar natural o reciclable a cosas que no lo son», apunta Soto, que lamenta que se está produciendo una «institucionalización del greenwashing». El problema es que las energías incluidas en esta lista son las susceptibles de recibir mayor financiación pública.

«Esto es tremendamente preocupante, porque si se va a financiar la industria del gas, nos encontramos ante un incumplimiento gravísimo del Acuerdo de París», añade.

La división por la inclusión de esas dos fuentes de energía en la guía europea de las finanzas sostenibles se remonta incluso a la Cumbre de Glasgow en 2021, la COP26, en la que se hizo patente una suerte de ‘guerra’ entre las diferentes posturas de los países miembros al respecto, con Francia y Alemania en el centro. En el caso francés, el 70% de la energía que produce es nuclear, mientras que Alemania tiene una gran dependencia del gas.

Por parte del Gobierno español, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado una clara postura en contra de que la nuclear y la generación por gas natural se incluyan en la taxonomía verde, que considera un instrumento «clave» en la descarbonización de la economía. «No tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética en el conjunto de la UE», aseguró durante el proceso de tramitación.

De hecho, el Observatorio contra el Lavado Verde (Observatory Against Greenwashing, en inglés), un proyecto independiente conformado por entidades ecologistas como WWF, Ecologistas en Acción, BirdLife o Ecos, ha creado su propia taxonomía verde frente a lo que considera un «fracaso» de las instituciones europeas, ya que ni el Parlamento ni el Consejo Europeo se opusieron a la inclusión del gas y la energía nuclear.

«La iniciativa tiene como objetivo ofrecer claridad a los inversores, después de que la Unión Europea haya catalogado la energía a gas, la energía nuclear, la quema de árboles, la tala intensiva y otras actividades dañinas como ‘sostenibles’ en la Taxonomía de la Unión Europea, la nueva guía para la inversión ‘verde’ europea», indican desde WWF. Con esta taxonomía alternativa, «bancos, inversores y aseguradoras podrán comprobar si sus inversiones son realmente verdes y están alineadas con la ciencia».

Esa clasificación puede consultarse en la página web www.greenwashed.net.

........

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es