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Tres años de diligencias

La fiscalía profundiza en las regularizaciones del rey con la documentación suiza

El ministerio público español y el helvético estrechan su colaboración para determinar si hay que abrir causa penal al emérito

El Rey emérito Juan Carlos I en el exterior del Congreso de los Diputados.

El Rey emérito Juan Carlos I en el exterior del Congreso de los Diputados.

El ‘caso Villarejo’ ha revolucionado el Ibex-35, las prácticas policiales durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero sobre todo la percepción que se tenía de la conducta del rey emérito. Hace justo tres años se conoció la grabación que el expolicía había hecho en 2015 del encuentro que tuvo con su examante Corinna Larsen. Desde entonces la fiscalía mantiene diligencias abiertas para determinar si aprecia o no indicios de delito contra Juan Carlos I. Para llegar a una conclusión sigue desmenuzando las regularizaciones por cinco millones de euros que ha presentado para lo que resulta crucial la documentación remitida desde Suiza.

Las palabras de Corinna sobre el supuesto cobro de 65 millones de euros en comisiones de la monarquía saudí por la construcción del AVE a La Meca y el presunto uso de testaferros abrió la caja de pandora y supuso la apertura de las primeras diligencias de investigación fiscales para determinar si debía actuar penalmente contra Juan Carlos. El caso pasó de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo -por entenderse equivalente a la Sala Segunda del alto tribunal, ante la que mantiene el fuero el exmonarca- y prácticamente se dio por hecho el archivo, por producirse el pago mientras era jefe del Estado y, como tal, gozar de inviolabilidad.

Tres diligencias, dos regularizaciones

Sin embargo, el ministerio público renunció a esa posibilidad, que habría supuesto que Anticorrupción se limitara a investigar a los empresarios que pagaron comisiones por corrupción en los negocios, cuando a esas diligencias de investigación se sumaron otras dos y se entendió más conveniente realizar un pronunciamiento único sobre todas ellas. 

Para llegar a una conclusión hay que estudiar con detenimiento las dos regularizaciones presentadas por el emérito y que han supuesto que el fisco español ingrese cinco millones de euros, algo “inimaginable” sin la apertura de las diligencias fiscales, como resaltó la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la comisión de justicia del Congreso. 

La primera, en diciembre de 2020, por 678.393 euros, resultó algo mucho más asequible que la segunda, que ascendió a 4.395.901 euros. La primera se refiere a los gastos que realizados por personas muy cercanas a Juan Carlos, como sus nietos (aunque no la princesa de Asturias ni su hermana) con tarjetas a nombre de quien era su ayuda de cámara Nicolás Murga con dinero procedente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.  

La segunda obedece a los pagos y servicios que le prestó la fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans, que habría gastado ocho millones de euros solo en proporcionarle vuelos. El nombre esa fundación aparecía junto al de Lucum, en el comunicado en el que rey Felipe IV renunció a su herencia. 

Veraces y completas 

Para neutralizar un delito con una regularización fiscal esta tiene que ser veraz, completa y espontánea, requisito que con la relevancia del protagonista de las diligencias fiscales se presentaba imposible de cumplir en la práctica. Aún así todavía debe comprobarse si son veraces y completas para que quede neutralizado cualquier delito fiscal o de blanqueo, que obligaría a presentar una querella. Precisamente, la tercera de las diligencias, por la existencia de un fondo en el paraíso fiscal de Jersey, surgió de la advertencia de la autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales Sepblac.

Para determinar si con el dinero aflorado se compensaría el delito cometido, la fiscalía ha cursado comisiones rogatorias y ha procedido a interrogar a los implicados, como Murga u Orleans, que declaró desde Mónaco ante los fiscales españoles por vídeoconferencia en relación con los vuelos que pagó a Juan Carlos y Corinna.

Visita del Bertossa

También ha habido comisiones a México y Londres, en relación con el dinero de Sanginés-Krause con el que se nutrían las tarjetas, y por supuesto, Suiza, país en el que el fiscal Yves Bertossa tiene abiertas diligencias por el pago de 65 millones de euros en comisiones y con el que últimamente se ha incrementado la colaboración.

Bertossa, que remitió en junio al Supremo la información que tenía sobre Zagatka, se entrevistó en persona a primeros de mes con el teniente fiscal del alto tribunal, Juan Ignacio Campos, a la cabeza de las pesquisas españolas, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Las diligencias suizas, que no se dirigen contra Juan Carlos, pueden ser muy relevantes para el futuro de las españolas, porque en ellas se investiga al gestor de la cuenta suiza en la que se ingresaron los 65 millones saudíes, Arturo Fasana; al abogado Dante Canonica, director de la fundación Lucum, y a Corinna Larsen, que acabó recibiendo el dinero.

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