¿Por qué los inspectores de Trabajo hacen su primera huelga indefinida?

Los inspectores, subinspectores y demás empleados públicos de la Inspección de Trabajo están llamados desde este lunes a una huelga indefinida para presionar al Gobierno y que refuerce los efectivos del organismo estatal. Es la primera vez en los más de 100 años del cuerpo que todos sus empleados están llamado a un paro ininterrumpido y este llega tras meses de conflicto laboral y una escalada progresiva de protestas.

Los paros de los inspectores amenaza con afectar a empresas y trabajadores, especialmente a las campañas específicas contra el fraude y ya con el verano en ciernes. El adelanto electoral ha distorsionado las negociaciones que los sindicatos convocantes y ha originado una brecha entre los socios de la coalición. Estas son las principales claves de la huelga.

1. ¿Por qué hacen huelga los inspectores?

Los sindicatos convocantes de la Inspección de Trabajo van a la huelga para reclamar al Gobierno que cumpla con lo prometido y aplique la reforma pendiente del organismo estatal. Las centrales le piden una nueva estructura organizativa y más efectivos para poder atender a la creciente carga de trabajo. Concretamente su principal reivindicación es que el Ejecutivo de cumplimiento al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de diciembre del 2021.

Este, en su eje 3, contempla el compromiso de "fortalecer y modernizar el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social". Eso pasa por una nueva relación de puestos de trabajo, que es una especie de nuevo organigrama que organice el organismo estatal, con nuevas categorías y jerarquías. Las pretensiones de los sindicatos son que se refuercen los auxiliares y refuerzos de corte técnico, dado que la labor inspectora cada vez se apoya más en elementos informáticos y de inteligencia artificial.

Y, además de una nueva estructura, los inspectores reclaman más efectivos. Actualmente la plantilla de la Inspección la forman un total de 2.051 efectivos, entre inspectores y subinspectores. Un cuerpo que debe velar por los derechos laborales de los 20,8 millones de trabajadores que están actualmente en activo. Es decir, tocan a un inspector por más de 10.000 trabajadores. Y, según datos del propio Ministerio de Trabajo, la actividad inspectora ha aumentado el 355% durante la presente legislatura.

2. ¿Quién está detrás de las protestas?

Durante los últimos meses, una plataforma unitaria con hasta seis sindicatos implicados ha sido la responsable de organizar y promover primero las concentraciones, luego los paros parciales y ahora una huelga indefinida. Dicha alianza amplia de sindicatos integra tanto a centrales exclusivamente corporativas de los cuerpos de inspectores de Trabajo, así como sindicatos de representación más amplia.

CCOO, CIG, Csif, Sitss, Sislass, UGT y Sess han promovido las protestas, si bien alguna de las centrales en los compases iniciales no participaron del conflicto. La implicación de unos y otros ha ido variando, también en función de las divergencias puntuales que pudieran surgir. Por ejemplo, CCOO se ha desmarcado a última hora del paro indefinido que ha arrancado este lunes y ello podría avanzar una suspensión formal en los próximos días.

El único sindicato que no participa de las protestas es el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), que limita su representación -y fuerte arraigo- entre los subinspectores. Justifican su ausencia de la convocatoria porque consideran que las reivindicaciones de la plataforma se centran casi exclusivamente en mejoras para los cuerpos inspectores y no para el resto.

3. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno?

La reforma pendiente de la Inspección de Trabajo ha originado un conflicto entre el Ministerio de Trabajo -responsable de la Inspección- y el de Hacienda y Función Pública -responsable de la estructura funcionarial-. Las divergencias entre socios de coalición en esta materia permanecieron latentes mientras el conflicto laboral de los inspectores se mantuvo en una dimensión reducida o simbólica. Una vez las protestas fueron escalando, el choque entre socios se hizo cada vez más manifiesto. Acelerado, a su vez, por el adelanto electoral.

Hasta el punto de que desde el departamento liderado por Yolanda Díaz (Unidas Podemos) acusó al de María Jesús Montero (PSOE) de dar un trato preferente a aquellos ministerios controlados por socialistas a la hora de resolver sus propios conflictos. Por ejemplo, en Seguridad Social y Justicia, ambos inmersos durante los últimos meses en protestas sindicales por falta de efectivos, se alcanzaron acuerdos habilitados por las autorizaciones de más fondos desde Hacienda.

Hasta ahora las ofertas del Gobierno no han trascendido en detalle, si bien tanto desde los sindicatos convocantes como desde el Ministerio de Trabajo las han calificado de "insuficientes", tanto por los cambios introducidos en la estructura organizativa, como en el número de nuevos efectivos autorizados.

4. ¿Cómo afectará la huelga a empresas y trabajadores?

La huelga de inspectores de Trabajo tendrá un impacto directo en trabajadores y empresas. Las segundas se verán exentas de muchas de las actuaciones que hasta ahora la 'policía laboral' venía efectuando de oficio para supervisar que no se producían irregularidades. Y es que las centrales convocantes han llamado a los suyos a interrumpir las campañas específicas contra el fraude, como la prevención de riesgos laborales asociadas a la calor, el exceso de horas extras o el trabajo irregular en sectores como la hostelería o la construcción, entre otros.

Ello no implica que la actividad inspectora se paralice y los trabajadores queden indefensos y desatendidos ante potenciales fraudes empresariales. Los inspectores tienen la obligación de seguir recibiendo aquellas denuncias que interpongan los ciudadanos. Y una vez recibidas, personarse en los centros de trabajo para verificar o no lo denunciado. Y, de haber una ilegalidad, sancionar a la empresa responsable.

Mas los inspectores serán menos proactivos en sus funciones y ello puede repercutir con mayor intensidad a las pymes, especialmente en aquellas en las que no haya representación sindical. Pues son las menos tendentes a denunciar posibles irregularidades, algo que en las empresas más grandes y organizadas pasa menos. Las pequeñas dependen más de las actuaciones, aleatorias o planificadas, de la 'policía laboral'.

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