La conservadora Asociación de Fiscales lleva al Supremo el nombramiento de Dolores Delgado al frente de Memoria Democrática

El Consejo Fiscal con el que el fiscal general del Estado, Álvaro García, propuso a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, fiscal de Sala de Memoria Demorática, estuvo tan rodeado de polémica que solo era cuestión de tiempo que la conservadora Asociación de Fiscales lo impugnara. Este miércoles ha dado el paso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

El colectivo mayoritario en la carrera argumenta en un comunicado que "el ministerio fiscal es una organización pública cuyos principios de actuación y reglas básicas de funcionamiento se establecen directamente en la Constitución, preservando a la institución de coyunturales vaivenes políticos", lo que supone una garantía "de objetividad, imparcialidad y profesionalidad del ministerio fiscal, en su función esencial de promoción de la justicia".

La asociación explica que esa salvaguarda "puede verse menoscabada por decisiones que, si bien se presentan como formalmente correctas, desconocen y alteran el orden de principios y valores constitucionales que ha de presidir el funcionamiento y la actuación de los órganos superiores del Estado".

De ahí, que en su opinión, recurriendo el nombramiento de Delgado, la Asociación de Fiscales "cumple con su obligación de defender los intereses de la carrera fiscal ante las más que previsibles consecuencias que puedan derivarse del nombramiento impugnado, afectando negativamente al correcto funcionamiento de una plaza tan relevante en la organización del ministerio público", por ser de las pertenecientes a la más alta categoría.

Bajas y ausencias

El nombramiento de Delgado al frente de Memoria Histórica estuvo tan envuelto en polémica como su mandato al frente de la Fiscalía General al haber sido elegida para ello tras ser ministra de Justicia. El Consejo Fiscal tras el que Álvaro García la propuso fue adelantado para asegurar su nombramiento antes de la celebración de elecciones, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral.

Esa circunstancia fue muy criticada tanto por la Asociación de Fiscales como por la Asociación Independiente Profesional de Fiscales (Apif), cuyos miembros de ausentaron del Consejo para tratar de evitar in extremis la votación. Además, Delgado recusó al vocal que representa a esta última en el órgano asesor, Salvador Viada, para que no pudiera pronunciarse sobre su designación, al entender que le había mostrado animadversión todo su mandato.

De tal forma que la votación solo se celebró con los miembros natos del Consejo, que apoyaron a Delgado, y los vocales de la tercera asociación con representación en el Consejo, la Unión Progresista de Fiscales, en la que militó Delgado hasta que llegó al ministerio. Su presidenta, Inés Herreros, ha criticado en Twitter el recurso de los fiscales conservadores, a los que acusa de poner la ideología por encima del interés de la carrera.

Sin embargo, la designación de Delgado para el puesto también causó malestar en las propias filas de la UPF, al considerarlo una muestra de "nepotismo". El mismo día en que se materializó varios miembros relevantes se dieron de baja. Entre ellos estaban el fiscal de Sala Javier Zaragoza, el único de los que representó al ministerio público en el juicio del 'procés' de esta asociación; la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Almudena Lastra, o el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castresana, que también optaba al puesto, aunque desde que se proveyó la plaza se había dado por hecho que sería para Dolores Delgado, como finalmente ocurrió.

El precedente más inmediato de recursos presentados contra nombramientos fiscales no es halagüeño para Delgado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado dos veces uno de los que hizo ella misma mientras estuvo al frente de la Fiscalía General: el de Eduardo Esteban como fiscal de Sala de Menores. La primera vez se anuló por falta de motivación y la segunda, por considerar la mayoría de la Sala que la aportada era inadecuada