La Fiscalía en el juicio a Puigdemont en el Tribunal de Cuentas, baza a jugar para la investidura de Sánchez

Entre los flecos pendientes del procés que podrían jugar una baza importante de cara a la negociación de la investidura de Pedro Sánchez con los grupos parlamentarios independentistas, destaca un asunto de trascendencia económica: los 3,1 millones de euros que se reclaman al expresidente catalán Carles Puigdemont y a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcados en los hechos de 2017.

La posible condena por la responsabilidad contable derivada de la intentona independentista ya tiene fecha en el calendario, pues el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas encara su recta final en el juicio previsto el próximo 17 de noviembre. La Abogacía del Estado renunció a presentar demanda -el perjudicado no fue el Estado, sino las cuentas de la Generalitat- y la Fiscalía reajustó sus peticiones a la baja el pasado mes de diciembre.

La clave puede situarse en esta parte, pues, aunque sería algo inusual en este tipo de procedimientos contables -más similares a los civiles que a los penales, en los que la modificación de conclusiones de las acusaciones está al orden del día-, existe la posibilidad técnica de que la Fiscalía pudiera volver a rebajar su petición de condena o incluso retirarse por "carencia sobrevenida de objeto", según han señalado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, distintas partes personadas en este procedimiento.

Rebajas de la Fiscalía

La última reclamación realizada en diciembre por el Ministerio público supuso una rebaja de 336.143,34 euros respecto de la petición anterior, al desistirse en dicho momento del importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña Civisme. En ese momento también se pidió apartar a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull --así como a otras 14 personas-- de la lista de posibles responsables contables, y dicha petición fue estimada.

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Unos meses antes, en abril de 2022, ya había producido una rebaja mucho más trascendente respecto de las peticiones iniciales del Ministerio Público, pasando de los 9,5 millones calculados en la liquidación provisional a 3,4 millones que finalmente quedaron en algo menos al descartarse Civisme Por su parte, Sociedad Civil Catalana reclama 5 millones de euros.

En todo caso, los encausados cuentan con una cantidad depositada en garantía de la presunta responsabilidad contable, que fue fijada en fase de actuaciones previas y que asciende a un importe total de 4.146.274 euros.

¿Acudirá Puigdemont?

Otra clave del procedimiento contable pendiente es la asistencia o no del propio Puigdemont, citado en calidad de testigo en la vista de noviembre a petición de una de las partes, como elemento de prueba. La cuestión es que, de volver a España, el expresident sería detenido en cumplimiento de la orden vigente dictada contra él por el instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Por esta razón, no se descarta que se solicite su declaración por videoconferencia, algo que previsiblemente recurrirían las acusaciones particulares personadas, por encontrar incongruente que la razón para pedir dicho trámite sea precisamente la intención de Puigdemont de seguir evitando la acción de la justicia, según han señalado a este diario fuentes de la acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana.

Desde esta organización reconocen que una nueva rebaja o incluso una retirada de petición de la Fiscalía sería "muy difícil de explicar", salvo que se modifique la ley antes de la celebración del juicio. Apenas habría tiempo para ello, a no ser que se optara por un decreto ley o un procedimiento de urgencia. 

También señalan el hecho de que la composición del tribunal, que es quien al fin y al cabo adoptará una decisión final sobre este asunto, sea mayoritariamente progresista. "El Gobierno colocó a su mayoría con lo que podrían hasta desestimar la demanda", apuntan desde esta parte.

Por lo que respecta a la defensa de los afectados, entre los que se incluye el exvicepresidente Oriol Junqueras, se opera desde la base de que el juicio se celebrará, y se apunta a la complejidad que supondría mantener las peticiones de responsabilidad contable únicamente a cuenta de la acusación popular en el caso de que la Fiscalía optara por retirar su petición. Desde esta parte se sostienen que las cantidades reclamadas ya se pagaron en el procedimiento ante el Tribunal Supremo.

Sanciones anuladas por una ley de amnistía

Otro punto a explorar sería el de la aprobación de una ley de amnistía con la celeridad suficiente para que su contenido afectara al procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas, algo que todas las partes califican de harto improbable. 

Si ponemos como referencia la propuesta de ley de amnistía que las fuerzas independentistas presentaron en 2021 - y que ni llegó a tramitarse por frenarse dicha iniciativa en la Mesa del Congreso-, el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas quedaría afectado. Según dicha propuesta, la amnistía al procés también debería incluir las sanciones dictadas o que pueden ser dictadas por el órgano fiscalizador.

Desde la defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, no se da demasiado crédito a esta posibilidad. "La verdad es que estamos en la fase de las ocurrencias, todo hipotético y basado en especulaciones sobre una Ley que aún ni existe, y no creo que esa proposición no de ley sea indicativa de nada" manifiesta, a preguntas de El Periódico de España.