Cinco causas sentarán a 47 personas en el banquillo por presunta corrupción este curso

El año judicial 2023-2024 vuelve a tener la agenda completa. Un total de 47 acusados por presunta corrupción se sentarán en el banquillo entre octubre de 2023 y 2024. Aunque algunos aún no tienen fecha señalada para el juicio al que deben enfrentarse. Entre los acusados, dos expresidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, un exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, además del exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau. En los próximos meses también se conocerán las sentencias de dos piezas del caso Taula (los zombis y el amaño del call center), la de la última pieza de la trama Gürtel que aún juzga al expresidente Francisco Camps (la vista se retoma el próximo martes). Y también se avanzará en la instrucción de las ayudas al valenciano al hermano de Ximo Puig y la instrucción sobre el tratamiento de la Conselleria de Igualdad al caso de la menor que sufrió abusos por un monitor, exmarido de Mónica Oltra.

La pieza K del caso Taula

El primer juicio en celebrarse este curso judicial será el de la pieza K del caso Taula que afecta a los exalcaldes de Requena y Enguera, Javier Beresaluce, Santiago Arévalo y Óscar Martínez, por la pieza del caso que ha investigado desde 2021 las contrataciones de ambos ayuntamientos con las empresas Servimun y Técnicas Legales Administrativos. En este juicio también están procesados los empresarios propietarios de ambas firmas, Fernando Palomares (aunque ya no fue juzgado en el call center por enfermedad) y Mariano López (exsuegro de Marcos Benavent, el yonqui del dinero) y un funcionario de la Diputación de Valencia. El empresario se enfrenta a once años de prisión, el exregidor de Requena, ocho años de cárcel y los exalcaldes de Enguera, a seis años.

El Erial de los expresidentes

El caso Erial sentará en el banquillo a 15 personas físicas y cuatro jurídicas por las presuntas mordidas pagadas y cobradas durante la adjudicación de los lotes de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Entre los acusados se encuentran los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, además del círculo de confianza más estrecho del primero, como sus dos presuntos testaferros y su exjefe de gabinete. El juicio se celebrará a partir del 4 de enero en la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, que aún debe conformar la sala de tres magistrados que presidirá el juicio, designar ponente y aprobar las pruebas y testigos que aceptará en el juicio.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de cárcel contra el expresidente Zaplana y catorce para los empresarios Vicente y José Cotino, además de seis años para José Luis Olivas y ocho para los dos presuntos testaferros del expresidente Zaplana.

Castellano: la escopeta nacional

Un total de 17 personas serán juzgadas en la Audiencia Nacional, en una fecha aún no concretada, acusadas de formar parte de una supuesta organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la contratación y adjudicación de los contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea. El exconseller de Gobernación Serafín Castellano está acusado por aceptar regalos del cártel por valor de 167.177,02 euros. Se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel para él, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Un caso que destapó en exclusiva Levante-EMV el 4 de agosto de 2013.

La caja B de Rita Barberá

A partir del 23 de enero de 2024 se juzgará en la sección segunda de la Audiencia de Valencia al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP y alter ego de Barberá, María del Carmen García-Fuster, el exconcejal Juan Eduardo Santón y el exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau (TVCB) José Salinas, por la presunta malversación cometida en las campañas electorales municipales de 2007 y 2011.

Técnicamente se juzgará a estos cuatro estrechos colaboradores de la alcaldesa de Valencia de 1991 a 2015, Rita Barberá, por los presuntos delitos de malversación y cohecho supuestamente cometidos durante las convocatorias electorales de 2007 y 2011. Se les investiga por malversación por el uso de tres fundaciones municipales para supuestamente desviar 1,7 millones de euros de presupuesto público para financiar los gastos de ambas campañas. En este juicio también se iba a juzgar el presunto pitufeo cometido en la campaña electoral de 2015, pero la causa se archivó contra cincuenta exconcejales y exasesores del PP de Valencia.

Contratos de Cultura de Valencia

También está pendiente de que se señale la fecha del juicio la pieza del caso Taula que ha investigado el presunto amaño de los contratos de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, cuando el área estaba dirigida por la exconcejala Maria José Alcón, fallecida en 2018.

Entre los procesados en la pieza E del caso Taula, está el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa y autoconfeso yonqui del dinero Marcos Benavent, y cuatro representantes legales de varias empresas adjudicatarias de obras de la Lonja, puentes históricos, las torres de Quart y la Mostra. También se sentará en el banquillo Vicente Burgos, exgerente de la Fundació Jaume II el Just e histórico dirigente del PP, por contratar como zombi (cobrar sin ir a trabajar) en esta entidad a Benavent.

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