El espectro de Cospedal sigue volando sobre el 'cierre en falso' de la Operación Kitchen

El juez Manuel García Castellón dictó el pasado viernes 13 de octubre el auto de apertura de juicio oral para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, cinco excomisarios de la Policía Nacional, un comisario y tres policías por múltiples delitos, incluyendo el de organización criminal, por la llamada Operación Kitchen. Se trata de la actuación policial y política dirigida a recuperar entre 2013 y 2016 material comprometedor para el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy en poder del que fuera tesorero nacional Luis Bárcenas (gerente del PP entre 1990 y junio de 2008 y tesorero nacional entre 2008 y 2009). 

Fuentes jurídicas consultadas señalan el hecho de que el juez firmase el citado auto a pocos días de iniciar diligencias relacionadas con la pieza número 34, bajo secreto, en el que se investigan nuevas pruebas o indicios de la participación en la operación de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El juez ha citado para el próximo 24 de octubre a la directora del diario El País, Pepa Bueno, y al director del digital Fuentes Informadas, José Antonio Hernández, cuyos medios difundieron el 23 y 24 de mayo de 2022 esos nuevos audios sobre la participación de Cospedal.

El juez abrió dicha pieza a petición de la Fiscalía Anticorrupción el 13 de septiembre de 2022. La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía realizó un oficio, el 13 de junio, el número 1094/2022 -inmediatamente después de la difusión periodística de las grabaciones- y aportó, entre los anexos documentales, una serie de audios. 

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Sin embargo, aparte de la unión a la pieza 34 de esos audios, a petición de los fiscales, las diligencias que solicitaban para investigar esa pieza, según su escrito de 2 de septiembre de 2022 (declaración de Cospedal y de Francisco Martínez como investigados), siguen a expensas del ritmo peculiar de instrucción del juez.  

Si los audios ya están en el juzgado y se han incorporado a la pieza separada, la declaración de los periodistas, que amparan su labor en el secreto profesional, ¿qué va a dar de sí? Se gana tiempo. Mientras, el juez ya ha dictado el auto de apertura de juicio sin Cospedal -no se podía hacer otra cosa según funciona nuestro sistema procesal- y se da así a entender que se ha salvado definitivamente. 

García Castellón reaccionó con dureza cuando la acusación popular del PSOE le pidió que se verificara la existencia de los audios y en tal caso la reimputación de Cospedal.  

“Sobre la base de una afirmación realizada por Cospedal se realiza la inferencia a la que se llega por las acusaciones [PSOE y Podemos], conclusión que no se puede compartir con un mínimo rigor profesional”, señaló en el auto de apertura de la pieza separada. Pero ya se ponía la venda antes de la herida sobre el alcance del audio al apuntar que él mismo había planteado de forma reiterada “la insuficiencia indiciaria que supone sustentar acusaciones sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia”. 

Sobresueldos y donaciones

En una de los audios, de mediados de enero de 2013, Villarejo recibe una llamada de Cospedal. Es el momento en que están por publicar los llamados papeles de Bacenas con sobresueldos y donaciones al PP en negro. 

Villarejo: “Yo, la libretita…tiene fotocopia de algunas hojas… Por dónde van a respirar y qué van a hacer, y cuál es la evolución y tratar de anticiparnos un poco a la jugada” 

Cospedal: “Eso es lo más importante”. 

Villarejo: “Voy a estar super al loro” 

Cospedal: “Por eso te estoy llamando…la libretita sería mejor poderlo parar” 

En otro de los audios, en una conversación del 22 de agosto de 2014, Villarejo refiere a Francisco Martínez, que Cospedal y él han acordado que adelante dinero suyo que luego se le devolverá de fondos reservados para pagar al confidente Javier de la Rosa, cantidad que se le abonaría en septiembre de 2014. También hay en dicho audio referencia a un encuentro de Villarejo, junto con El Capillas -como llamaban al abogado Javier Iglesias - en la puerta del despacho de Cospedal, en la sede del PP de Madrid, con Mariano Rajoy. Y a la operación Kitchen y la entrada de la policía de manera ilegal en el taller de restauración de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas.

Todos estos indicios, pues, se corporizan en el espectro que sobrevuela lo que la Fiscalía Anticorrupción llamó el “cierre en falso” de la Operación Kitchen el 29 de julio de 2021, cuando el juez decidió archivar la causa para Cospedal por entender que “no se podía criminalizar el derecho de reunión” entre Cospedal y Villarejo, en alusión a los encuentros que ambos habían mantenido. 

Los fiscales, a su vez, vieron ratificados en los nuevos audios sus argumentos contrarios al cierre de la investigación. 

"Sin embargo, y aunque en todo caso las manifestaciones de los investigados [Cospedal, Ignacio López del Hierro] faltando a la verdad [sobre sus reuniones con Villarejo] se encuentre amparada por el ejercicio del derecho de defensa [a no declarar contra sí mismos], el contenido de los nuevos audios publicados no se compadece con lo declarado en la instrucción por la inicialmente investigada María Dolores de Cospedal, pues las grabaciones de sus encuentros reflejan que la auténtica finalidad de esas reuniones era el seguimiento de las novedades y avances de la investigación del caso Gürtel, llegando a dar al policía en el curso de una de ellas indicaciones para recuperar y que desaparezca la "libretita" de Luis Bárcenas, cuyas anotaciones pudieran afectar a una financiación irregular del Partido Popular", señalan en su escrito del 2 de septiembre de 2022.

Connivencia policial

Kitchen fue posible porque el gobierno de Rajoy convirtió a la Policía, es decir, a la cúpula policial, en una sucursal del PP. La mayor parte de los procesados, precisamente, son altos mandos policiales, empezando por el que era director adjunto operativo, Eugenio Pino.  

Según el auto de transformación dictado en julio de 2021, el objetivo de la operación Kitchen era “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, señala el auto, “el vector” que unía a los implicados y “el fundamento de la operación”. Es más: “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba [Bárcenas]”.

La intervención de los máximos responsables gubernativos del Ministerio resulta solventemente constatada”, afirma el juez, para quien Fernández Díaz está en ”el vértice de la cadena que ordenó la puesta en marcha de la operación”. Según el juez, el número dos, el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tuvo un papel activo en la trama porque recibió “órdenes concretas” de Fernández Díaz, quien le instruía sobre la “prioridad” de la operación. Destaca el relato “la ascendencia [de ambos] sobre los funcionarios policiales de mayor rango que materializaron la operación”, lo que “resulta evidente y vertebra la operación, desde la ideación hasta la autorización de los gastos materiales que permitieron que se materializara”. 

A María Dolores de Cospedal se unen tres ausentes en el banquillo de los acusados de una operación que contó directa e indirectamente con la participación de unos cincuenta policías. El juez consideró “innecesaria e inútil” llamar a declarar por la “falta de indicios que justifiquen" al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. El juez señala a la fiscalía que “si lo considera necesario interese la presencia de esta persona en el plenario para declarar como testigo”.  

Es decir: García Castellón asume con naturalidad que una operación de espionaje como la realizada entre 2013 y 2015 por la cúpula policial para proteger al PP pudo hacerse con el desconocimiento del director general de la Policía, a la sazón alto cargo del PP. Cosidó no fue convocado ni como testigo ni como investigado durante tres años de diligencias de investigación.  

El segundo ausente es el coronel de la guardia civil Diego Pérez de los Cobos que autorizó el pago de fondos reservados para realizar una operación que duró dos años. El coronel declaró, en calidad testigo, que ignoraba el detalle de lo que había pagado.  

Y 'last but not least', Mariano Rajoy. Tampoco fue citado a declarar como testigo o investigado. 

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