García Castellón, el juez con 'dos vidas' en la Audiencia Nacional que ha irrumpido en el debate de investidura

El pucelano Manuel García Castellón es a los 71 años uno de los jueces de instrucción más veteranos de la Audiencia Nacional y está acostumbrado a lidiar con los casos de mayor repercusión política en nuestro país desde los años 90. Este lunes, en lo que está siendo su última etapa en un órgano del que se tendrá que jubilarse forzosamente en octubre de 2024, este magistrado de trato serio y sensibilidad conservadora ha tomado otra decisión trascendente, al implicar al expresident Carles Puigdemont en delitos de terrorismo e irrumpir así en plena negociación entre el PSOE y Junts para cerrar la investidura.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que ingresó en la carrera judicial por oposición en 1977, ha tenido dos vidas diferentes en la Audiencia Nacional, un destino al que llegó por primera vez en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón cuando éste se incorporó a las listas del PSOE, y del que se ausentó durante un largo paréntesis (2000-2017) para ser juez de enlace en Francia y posteriormente en Italia. Regresó al juzgado del que seguía siendo titular en un momento de plena efervescencia de Púnica y Lezo las dos causas que, tras la investigación de la trama Gürtel, volvían a apuntar directamente a conductas de corrupción en el PP.

Quizá la más desconocida sea su primera etapa en la Audiencia Nacional, donde instruyó el caso Banesto y adoptó una de sus decisiones más sonadas, al ordenar el ingreso en prisión del entonces todopoderoso Mario Conde. Durante esos años también destacó en su lucha contra el terrorismo, al instruir el sumario por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la causa por el atentado contra José María Aznar e incluso un fleco de los GAL, al tener que decidir sobre la devolución de este asunto a su compañero Garzón una vez éste regresó de su aventura política. También le correspondió entrar en las irregularidades de Jesús Gil al frente del Atlético de Madrid e investigó al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.

Regreso a la Audiencia Nacional

Tras su regreso al juzgado de instrucción desde su destino dorado como juez de enlace, en lo que desde algunos sectores progresistas de la judicatura se vio como un claro intento de controlar el desarrollo de causas que podrían perjudicar al PP, heredó los procedimientos que había abierto su antecesor, Eloy Velasco.

Y por ello pasó a instruir Púnica y Lezo. En esos dos procedimientos llegaron a estar imputados cuatro expresidentes madrileños de la formación conservadora: Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes e Ignacio González. Sin embargo, sólo el último fue procesado y está a la espera de juicio por los supuestos amaños en el campo de golf del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid; y por el presunto cobro de mordidas en relación con la línea de tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero. Sí ha sido condenado el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados en una pieza separada de la Púnica.

Enfrentamientos con Anticorrupción

Precisamente, en la instrucción de esta última causa se han desvelado las relevantes divergencias que García Castellón mantiene con las fiscales: Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. Estas representantes de Anticorrupción calificaron resoluciones de García Castellón como "contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente como existentes y sólidos", y llegaron a asegurar que “sin fundamento” había cambiado de opinión “respecto al pago de comisiones".

Pero el magistrado tampoco se quedó corto al responder a las fiscales: “Más allá de las opiniones de la Fiscalía sobre los cambios de criterio, que carecen de la más mínima relevancia, lo cierto es que la decisión de no incluir la existencia de pagos de dádivas obedece al hecho incuestionable de la falta de indicios al respecto".

Pero el procedimiento al que más tiempo ha dedicado este magistrado tras su reincorporación a la Audiencia Nacional es sin duda el caso Tándem o caso Villarejo. García Castellón ha abierto cerca de medio centenar de piezas separadas por las actividades del polémico comisario, que ya ha sido condenado en primera instancia a 19 de cárcel por las tres primeras causas del caso: Iron, Land y Pintor. Por la relevancia y número de investigaciones en el seno del caso del comisario jubilado, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha sido reforzado con hasta dos jueces que ayudan a García Castellón a sacar adelante su trabajo.

Contra Pablo Iglesias

Una de sus decisiones más polémicas, por apuntar directamente al Gobierno de coalición, fue la que adoptó en octubre de 2020 al remitir al Supremo una exposición razonada para que se investigara al entonces vicepresidente Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y denuncia en relación al caso Dina, otra pieza de la macrocausa Tándem que investigaba el robo de los datos del teléfono móvil de la exasesora del líder de Podemos Dina Bousselham. Tres meses después, el alto tribunal le devolvió las actuaciones al considerar que las primeras conclusiones del juez eran prematuras y que siquiera se contaba con la denuncia de la persona presuntamente agraviada que exige la ley para perseguir esas conductas.

Sin embargo, la pieza separada de Tándem que ha alcanzado mayor relevancia es la conocida como operación Kitchen sobre el espionaje a Luis Bárcenas. Y en ella García Castellón ha procesado a la cúpula del Ministerio del Interior, entre ellos al propio exministro Jorge Fernández Díaz, al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) dela Policía Eugenio Pino. Sin embargo, este magistrado, con el apoyo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha rechazado procesar, como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

En esta causa también han aflorado tiranteces entre García Castellón y los fiscales. De forma reciente los representantes de Anticorrupción advirtieron de que la tardanza del instructor en procesar a los investigados en Kitchen podría favorecer a la excúpula de Interior ante una posible condena, pues podrían rebajar las penas por “dilaciones indebidas”. El Ministerio Fiscal también anunció su opinión de que un error formal en el auto de apertura oral obligaría a García Castellón a anular su decisión de sentar en el banquillo a Fernández Díaz y los otros procesados del Gobierno de Mariano Rajoy.

Contra Podemos

Desde amplios sectores de la izquierda, en particular los más cercanos a Podemos, también se criticaron duramente otras decisiones adoptabas por García Castellón, como fue dar pábulo a las declaraciones del que fuera jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014 Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal y abrir una investigación secreta sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. La Audiencia Nacional le ordenó archivar las actuaciones porque las consideró prospectivas. Poco después abrió una pieza contra el fundador de la formación Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha instruido el caso de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña. La decisión del magistrado de enviar a juicio a los responsables de este grupo independentista catalán fue confirmada hace dos semanas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que acordó abrir juicio oral contra los 12 miembros de este colectivo que fueron procesados por pertenencia a organización terrorista.

Y este lunes García Castellón ha acabado señalando a Carles Puigdemont como uno de los posibles responsables de Tsunami Democrátic, una decisión que se produce durante la negociación entre PSOE y Junts por la investidura.