El Parlament aplaza el debate sobre Rodalies a petición de ERC tras el acuerdo con el PSOE por el traspaso

El Parlament no celebrará la semana que viene, tal como se había acordado, el pleno monográfico sobre Rodalies solicitado por el president de la Generalitat, Pere Aragonès. ERC ha pedido aplazarlo en la reunión de la junta de portavoces celebrada esta mañana en la Cámara catalana, al considerar que "el contexto ha cambiado" tras el acuerdo alcanzado con el PSOE por el traspaso de Rodalies.

Aragonès concibió este pleno con la intención de usarlo como palanca de fuerza ante las negociaciones con los socialistas, pero la junta de portavoces -con una alianza entre PSC y Junts- no le dio prioridad y situó antes dos otros monográficos que también habían sido solicitados, el de renovables y el de seguridad. Ahora, con el acuerdo ya firmado, ERC quiere evitar que el pleno se convierta en un examen interesado de su pacto y que los posconvergentes lo usen para hacer oposición.

Sin embargo, fuentes republicanas explican que mantienen "viva" la propuesta y que tratarán de "colocarla más adelante en el calendario". La decisión ha "sorprendido" a Junts per Catalunya, que consideran que, con este movimiento, ERC busca evitar "que se constate que es un mal acuerdo" y que "les han dado gato por liebre".

ERC y PSOE acordaron el "traspaso integral" de Rodalies, pero con letra pequeña. De momento, los tramos de infraestructura que serán objeto de traspaso son la línea del Maresme (la R1), la de Sant Vicenç de Calders (R2) y la de Vic y Puigcerdà (R3), pero se debatiran traspaso futuros. Se hará, además, a través de una nueva empresa, Rodalies Catalunya, participada por la Generalitat -de forma mayoritaria- y también por el Gobierno español. Se necesitará de mayoría cualificada para las decisiones de amplia trascendencia, aunque la Generalitat tendrá voto de calidad en la elección de la presidencia.

Deuda "histórica"

Por otro lado, fuentes de Junts también se quejan de que la junta de portavoces no haya aprobado incluir en el orden del día del pleno de la semana que viene el debate de las conclusiones sobre la "deuda histórica". A pesar de que el documento, que reclama al Estado 456.000 millones de euros y también una "ley de financiación singular para Catalunya", ha sido firmado por ERC y Junts, los republicanos han considerado no debatirlo en el hemiciclo porque también ven una intencionalidad política de los posconvergentes detrás.

De hecho, les acusan de haber contemporizado la aprobación de este documento en función de sus intereses. A los republicanos les interesaban también que estas conclusiones salieran antes del acuerdo con el PSOE para poder forzarlos durante la negociación y acusan a Junts de haber esperado a la firma del pacto para hacerlas públicas y de haberse apropiado del documento con el objetivo de menospreciar su acuerdo de investidura.

Republicanos y socialistas aprobaron la condonación total de la deuda que tiene la Generalitat con el Estado por haberse acogido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trata de la condonación de un 20% de la deuda -unos 15.000 millones-, mientras que las conclusiones aprobadas en comisión reclaman dejar esta deuda a 0.

Pisos turísticos

Finalmente, el pleno de la semana que viene tampoco validará aún la nueva regulación del Govern sobre los pisos turísticos. Junts, pero también el PSC, Vox y el PP, han decidido solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para que se pronuncie sobre la adecuación al Estatut y a la Constitución de este decreto ley aprobado por el consejo ejecutivo la semana pasada. Los posconvergentes consideran que vulnera la autonomía municipal.

Este movimiento dejará en pausa la tramitación parlamentaria al menos 12 días, y también deja entrever que su validación no está garantizada.

El objetivo del decreto era modificar frenar la expansión de este tipo de alojamientos turísticos e incluso reducir el parque existente, ya que consideran que está afectando de forma negativa al acceso a la vivienda en muchos municipios, reduciendo la oferta de alquileres de larga durada y haciendo subir los precios. El decreto prevé que sea imprescindible un permiso urbanístico, que se renovará cada cinco años, y obliga a los municipios a no tener más de 10 viviendas turística por cada 100 habitantes