La sección que anuló el ascenso de Delgado la apartará de la fiscalía de Memoria, por Ernesto Ekaizer

"No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague", dice el refrán. El plazo para el primero de los dos recursos que estaban pendientes contra el nombramiento en 2022 de Dolores Delgado como fiscala togada militar, que suponía al tiempo su ascenso a la categoría más alta de la carrera --fiscala de sala del Tribunal Supremo-- llegó. Este martes, la sección cuarta de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Supremo declaró nula dicha designación, lo que la ha privado de la categoría de fiscala de sala. El segundo recurso llegará en diciembre, cuando idéntica sala resolverá tres recursos contra su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, noticia que anticipó EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, y que se concretó el 13 de junio de 2023. Otros tres fiscales eran aspirantes junto con Dolores Delgado a ese cargo. 

Este 21 de noviembre de 2023, precisamente, la sección cuarta notificó a los recurrentes del segundo recurso --contra su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática-- que el próximo 5 de diciembre vence el periodo para presentar pruebas. Fuentes judiciales señalan que a la luz de la decisión de la misma sección conocida este martes, los mismos magistrados procederán a dejar sin efecto el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática. ¿Por qué? No es nada intrincado. El requisito exigido para ser fiscal de Memoria Democrática es ser fiscal de sala del Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado en julio de 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta de Dolores Delgado, que renunció por razones de salud, la designó fiscal togada militar en 2022 --fueron 30 los aspirantes--. De ese modo, se mataba dos pájaros de un tiro: al asumir la fiscalía togada militar Delgado ascendía automáticamente a fiscal de sala. Desde esa atalaya, la nueva fiscala de sala esperaría los meses necesarios para poder hacerse --con la categoría exigida en la mano-- el mando de la fiscalía de Memoria Democrática. Es que ella misma, en calidad de ministra de Justicia había propuesto la creación de dicha fiscalía en el Supremo en la ley de Memoria Histórica cuyo impulso dio desde el Gobierno.   

¿Por qué ha anulado la sección cuarta de la Sala Tercera-en comunicación de este martes 21 de noviembre- el nombramiento de fiscal de sala togada militar la sección carta del Supremo? Porque lo considera una "desviación de poder" del fiscal general Álvaro García Ortiz. Es que la sección se basa en sus propias explicaciones: la grabación de su explicación al Consejo Fiscal --su órgano asesor-- sobre el nombramiento. García admite que los dos intentos legislativos de la entonces ministra de Justicia y después fiscal General del Estado para que cuando el fiscal General del Estado cese adquiera automáticamente la categoría de fiscal de sala fracasaron. "Decimos `efectivamente, el legislador no lo ha previsto, luego a mí no me vincula´ [pero] a mí sí me vincula porque si lo puedo solucionar y me parece [in] justo que el legislador no lo haya solucionado, yo, que soy fiscal general del Estado, lo voy a solucionar. Porque lo tengo en mi mano, y como lo tengo en mi mano, sin ningún problema moral; al revés con orgullo de fiscal… Yo soy el fiscal general del Estado y lo tengo muy claro: esta cuestión la tengo que resolver…". 

García también explica al Consejo Fiscal que en el “momento de la toma de posesión [5 de septiembre de 2022] alguien me preguntó `¿cuándo vas a hacer fiscal [de sala a Dolores Delgado]´. Y diré: en la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas. En la primera oportunidad”. García enfatizó que el hecho de que la ley no contemplara el ascenso automático del fiscal General del Estado que cesa a fiscal de sala, “un gran error estratégico de quien quiso hacer la ley, y ya está”, no empecé tomar la decisión. “Pero no porque no exista [la ley], seguro que no podemos hacerlo aquí”. 

Los magistrados se plantean si existía o no el deber de abstención de Álvaro García, según exige el recurrente, el fiscal Luis Rueda. "Es precisamente en este último punto donde adquieren sentido los reproches de arbitrariedad y de desviación de poder: la pregunta es si, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, el hecho de que el fiscal General del Estado no se abstuviera a la hora de hacer la propuesta al Consejo de Ministros implica que esta sea arbitraria o resultado de un ejercicio desviado de la correspondiente potestad”.  

La sección señala: “Pues bien, esta sala considera que la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso. La finalidad declarada del fiscal General del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la Carrera Fiscal es nombrado fiscal General del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de Fiscal de Sala. Y lograr este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad. Además, no cabe subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada [Dolores Delgado] cuando aún era fiscal General del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por la señora Delgado, propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor y todo ello, por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad”. 

El pez muere por la boca

A Álvaro García, pues, le pasa lo que al pez, que por la boca muere. Fuentes judiciales han señalado a EL PERIÓDICO que las campanas por García, cuya continuidad al frente de la fiscalía general del Estado ya estaba en duda con anterioridad, ahora suenan con más fuerza. La misma sección, la cuarta, tendrá ocasión de resolver la situación inédita creada: una fiscal de Memoria Democrática que carece ahora del requisito fundamental para participar en el concurso que se resolvió en su favor en junio de 2023: fiscal de sala. Porque debe resolver tres recursos contra el nombramiento de Delgado para esa fiscalía. Las partes, según ha sabido este diario, presentarán la sentencia con fecha de 21 de noviembre de 2023 en sus pruebas, cuyo plazo, según se ha comunicado vence el 5 de diciembre. Con esa prueba el requisito de Dolores Delgado como fiscal de sala se ha extinguido. En realidad, como se trata de la misma sección, los magistrados ya se lo saben y, por tanto, tendrán que admitir los recursos y declarar nulo el nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Todo el proceso deberá retrotraerse a antes del nombramiento del fiscal togado militar, es decir, a septiembre de 2022. Queda por despejar si será Álvaro García quien tendrá la ocasión de repetir la jugada o un nuevo fiscal general del Estado. 

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