El Consejo del Poder Judicial atribuye al fiscal general un uso "espurio" de sus poderes para beneficiar al Gobierno

"No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al fiscal general del Estado (FGE) pueda considerarse idóneo para su nombramiento". Con estas palabras, el Consejo General del Poder Judicial califica de no idóneo para ser fiscal General del Estado a Álvaro García, elegido por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez para ocupar este puesto hasta 2027. Se trata de la primera vez en democracia que este órgano constitucional informa de forma desfavorable este nombramiento, y lo hace en un demoledor informe de doce páginasque suscriben ocho vocales pertenecientes a su sector más conservador.

El documento rechaza la continuidad de García con base a las decisiones que ha ido adoptando especialmente en los últimos meses, que a juicio de estos juristas suponen un uso inadecuado de sus poderes en favor de objetivos del Ejecutivo que le designó en julio de 2022 en sustitución de Dolores Delgado. En la lista de acciones que le incapacitan para el cargo, el informe hace alusión a su política de nombramientos discrecionales y al duro fallo del Tribunal Supremo que calificó de desviación de poder el ascenso de Delgado, pero también habla de la imposición de criterios erróneos en la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' y de su equidistancia frente a las acusaciones de lawfare a los fiscales del 'procés'.

 En todo caso, el órgano de gobierno de los jueces reconoce que García cumple con los requisitos legales --ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia profesional--, si bien añaden que también deben valorarse "criterios de oportunidad". "El hecho de haber desempeñado ya el propuesto el cargo de FGE nos autoriza, en realidad nos obliga, a tomar en consideración su actuación en la fase previa", señala el informe para justificar su valoración a la figura elegida por el Gobierno.

"Deficiente gestión"

El informe reprocha al fiscal general que "no tuvo reparo alguno para designar como fiscal de sala a persona con la que existía, cuando menos, un pacto tácito "a modo de gratitud" y "en correspondencia con un pretendido deber institucional, pese a reconocer que legalmente dicho nombramiento no era el legalmente procedente". Agrega que si el fiscal general actuó así en el destacado caso de Delgado, "cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o, aún peor, de inferiores categorías, pero que por su cantidad quizás sean de más relevante trascendencia".

El Consejo se refiere igualmente al nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala de Menores que se llevó a cabo a propuesta de Delgado cuando era fiscal general, pero que fue anulado por segunda vez por el Supremo el pasado julio, ya con García Ortiz al frente del Ministerio Público. En este punto le reprocha haber "demorado la ejecución de la sentencia firme" durante "más de cuatro meses".

Favorecer a la UPF

En lo tocante a la política de nombramientos discrecionales, el CGPJ también sostiene que la actuación de García Ortiz "adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia", reprochándole en particular que se haya promocionado mayoritariamente a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecieron tanto él como Delgado, y que ha conseguido 22 de los 33 cargos adjudicados en este año que lleva como fiscal general.

Así, pone de relieve que esta asociación "cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera" fiscal, por lo que "del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66,6% de los cargos discrecionales, con el añadido de que 14 de ellos han sido promocionados en una categoría superior".

Pero quizá donde los vocales cargan más las tintas es en lo que califican de "absoluta inactividad" frente a las acusaciones de presunta guerra sucia judicial contra el independentismo que afecta los fiscales del 'procés' y su petición de amparo. El informe denuncia que "en los últimos meses la Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse y desconocido en toda nuestra historia judicial, ataques mendaces se han vertido sobre miembros de la carrera fiscal que han intervenido en los procesos referidos al, eufemísticamente denominado, 'conflicto catalán'".

"Y no solo por representantes de la pretendida opinión pública sino, sobre todo, por instituciones y cargos públicos, sacando del ámbito jurídico lo que nunca debió salir de ese ámbito: cuando, por todo argumento, la actuación de la Fiscalía, ni fue determinante ni mereció reproche alguno por los juzgados y tribunales que conocieron de los respectivos procesos", agrega. Para los firmantes del informe, "el corolario de esa actuación hostil ha encontrado su máxima expresión en el reproche tan soez como interesado de haber actuado con base en 'lawfare'".

"Ante esa situación y siendo el FGE el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio", le recrimina que la actuación de García Ortiz ha sido "no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas".

Finalmente, el Consejo refiere que entre las competencias del fiscal general está imponer criterios de actuación y que el fijado para la conocida como ley del 'solo sí es sí', "de tan convulsa vigencia como de fuerte polémica social y jurídica", sufrió una "importante corrección por los tribunales y por el mismo Parlamento". En este punto, recuerda que "el criterio impuesto", "contrario al que se sostenía por la mayoría de las fiscalías, ha sido considerado improcedente por la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", que el pasado junio avaló las rebajas de pena en aplicación de la ley más favorable al reo.