El Poder Judicial cuestiona la política de nombramientos de Pedro Sánchez

El Poder Judicial ha situado en la picota la política de nombramientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A resoluciones anteriores del Tribunal Supremo, como las que anularon el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio comandado por Fernando Grande-Marlaska, o las que invalidaron nombramientos por parte de sus fiscales generales, se ha sumado este jueves otra de gran calado: se invalida la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado porque no cumple el requisito legal de ser una "jurista de reconocido prestigio".

La decisión del alto tribunal se conoció apenas unas horas después de que una mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales doblan mandato el próximo lunes ante la incapacidad del PSOE y el PP de pactar su renovación, hiciera historia rechazando por primera vez en democracia dar aval de idoneidad a Álvaro García, elegido por el nuevo Gobierno de coalición para seguir al frente de la Fiscalía General del Estado.

El jueves negro para las políticas de nombramiento de Sánchez llegó tras un agrio debate en el que ocho de los vocales del sector conservador argumentaron a favor de ir más allá de un mero control de legalidad -comprobar que García lleva 15 años de ejercicio y es un jurista de reconocido prestigio- para analizar la decisión del Gobierno de renovarle en su puesto hasta 2027. Tan solo el presidente suplente, Vicente Guilarte -justificándolo en su posición institucional- y el vocal conservador Juan Martínez Moya han unido sus votos a los cinco progresistas que asistían al Pleno para avalar al sucesor de Lola Delgado. 

Se da la circunstancia de que el sector minoritario contó con un voto menos, el del vocal designado a propuesta del PNV Enrique Lucas, hermano de Pablo, actual presidente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Se trata de la Sala encargada de revisar las decisiones del Gobierno y, por tanto, la responsable de las posibles anulaciones. Pablo Lucas, de sensibilidad progresista es, por otra parte, el juez encargado de autorizar las decisiones del CNI que puedan chocar con derechos fundamentales de los ciudadanos, y ha sido apuntado desde el entorno independentista catalán por los permisos vinculados al denominado caso Pegasus.

Lucas fue uno de los magistrados que, en la víspera de que se conociera la continuidad de García al frente de la Fiscalía General, firmó una sentencia demoledora respecto a una de las decisiones más polémicas del fiscal general: la de ascender a la cúpula fiscal a su predecesora y mentora Delgado, lo que la resolución llegó a calificar de desviación de poder. Esta calificación del Supremo, más su posición equidistante respecto a las alusiones a una supuesta guerra sucia judicial al independentismo -lawfare- en el pacto PSOE-Junts que sustentó la investidura, se encuentran en los motivos del Consejo del Poder Judicial para no considerar al actual fiscal general idóneo para el cargo.

Apenas una hora después de haberse pública la decisión del Consejo se conoció que el Supremo, en una sentencia cuya ponencia ha sido precisamente de Pablo Lucas, anulaba el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al no reunir el requisito legal de "jurista de reconocido prestigio". Se estimaba una petición de una fundación de juristas -Hay Derecho-, para señalar que la exministra socialista solo reúne una de las exigencias legales para acceder al cargo, que es la de contar con experiencia en asuntos de Estado.

Nombramientos pendientes

Por otra parte, esta misma Sala tiene aún pendiente resolver otros recursos presentados por la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera, la Profesional e Independiente de Fiscales, y fiscal Antidroga Luis Ibáñez contra la designación de Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la plaza que ocupa actualmente mientras se dirime sobre las consecuencias de la anulación de su primer ascenso como fiscal togada del Supremo.

Con anterioridad, el Supremo ya había puesto en solfa otros nombramientos del Gobierno, como fueron los realizados para la Presidencia y Adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos. Los magistrados consideraron en este caso que el procedimiento por el que PP y PSOE acordó las designaciones estaba los "viciado de raíz". 

El alto tribunal ya había encontrado injustificada unos meses antes la excepción a la regla de ser funcionario para ocupar dos direcciones generales designadas a dedo por el anterior Ejecutivo de Sánchez. En esta ocasión se trató de la Dirección General del Instituto de la Juventud y la Dirección General de Políticas para de la Agenda 2030 en respuesta a un recurso presentado Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA). En este recurso se cuestionaba, por falta de motivación, el nombramiento de un total de 35 altos cargos.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ya venía cuestionando otros nombramientos realizados por la que fuera fiscal general del Estado Dolores Delgado, como fue -y por dos veces- la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de sala coordinador de la Unidad de Menores. Este mismo jueves, el BOE daba cuenta del cese de Esteban, acatando así el fallo del Supremo al no ver suficientemente motivada su elección para el cargo.