Feijóo exige un intercambio por escrito de los temas a tratar o no habrá reunión con Sánchez

El margen para que la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se produzca antes de final de año se estrecha. De las tres fechas que propuso el gabinete del presidente del Gobierno a Génova, una ya ha vencido -este mismo lunes- y las otras dos restantes coinciden con la resaca de citas poco digeribles para los populares. La primera, este viernes, se produciría al día siguiente de la reunión de Pedro Sánchez con el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, a la espera de retomar la mesa de diálogo entre gobiernos. La segunda, la que de verdad incomoda al PP, propuesta para el viernes de la próxima semana, se celebraría tras consumarse la moción de censura en Pamplona pactada entre el PSE y EH Bildu para darles la alcaldía a los abertzales. Aún así, el calendario no es el único problema.

El asunto capital sigue siendo el contenido de la reunión. Los populares, que se molestaron al enterarse a través de los medios de comunicación de la pretensión de Sánchez de verse con el líder de la oposición, siempre han repetido que querían un "orden del día" por escrito con los temas que se abordarán. En Génova aún escuece el encuentro de la primavera de 2022, el primer cara a cara que ambos líderes tuvieron dese la llegada de Feijóo a Madrid, por haber visto publicado en la prensa los pactos de Estado que el socialista pondría encima de la mesa. "Eso no va a volver a ocurrir", zanjan en el equipo del conservador.

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Aunque el equipo de Sánchez ha hecho públicos los tres asuntos que quiere tratar con Feijóo (la renovación del Consejo General del Poder Judicial en primer lugar, la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra "disminuidos" y la financiación autonómica) el PP quiere recibir un documento por escrito. Y, a continuación, confirman en el entorno más cercano de Feijóo, responder también por escrito para influir en ese orden del día. Como publicó este diario, los populares afirman que no asistirán a una reunión "a escuchar sin más" y que también quieren llevar a esa reunión su agenda, repleta de reproches al Gobierno por la ley de amnistía pactada con los indepedentistas y otros acuerdos tan sensibles como las comisiones de 'lawfare' o la política de nombramientos en las distintas instituciones discutida desde el poder judicial.

La respuesta que el PP tiene preparada, que incluye esos asuntos, y que enviaría "en cuanto reciban la propuesta del Gobierno por escrito", dicen en Génova, será dura. Tanto es así que en el equipo de Feijóo dudan si el Gobierno "seguiría insistiendo tanto en verse con Feijóo". "Quizá es el Gobierno el que al final no quiere reunión", afirman fuentes populares.

El PSOE se abre a "otros asuntos"

En realidad, en Moncloa siempre han dejado claro que Sánchez seguirá tendiendo la mano a esos pactos de Estado con los que busca no perder la centralidad tras sus acuerdos de investidura y tomar la iniciativa para visibilizar, en caso de fracaso, lo que denominan “oposición destructiva”. De hecho, fuentes de la dirección socialista ya reprochan a fecha de hoy que “es una falta de respeto institucional sin precedentes que el jefe de la oposición se dé a la fuga cuando es llamado a una reunión en Moncloa”.

Fuentes del Ejecutivo trasladan sin demasiado optimismo que “estamos a la espera de que el líder de la oposición diga si acude o no a esta reunión”. En Ferraz son más explícitos y aseguran que “si no quieren reunirse, seguro que encuentran alguna excusa mejor”, en referencia a la petición de abrir el orden del día y conocer los asuntos a tratar en la reunión. “Los términos del ofrecimiento no han cambiado en ningún momento”, explican para concluir que “hay tres grandes temas encima de la mesa, y no hay problema en hablar de otras cosas que considere el PP”.

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Por eso, tanto en Moncloa como en Ferraz hablan de “excusas” por parte del PP para dilatar la celebración de la reunión e insisten en que están dispuestos a abrir el orden del día a otros asuntos de interés por parte del líder de la oposición. “Feijóo puede plantear en esa reunión las cuestiones que estime oportunas”, subrayan después de que Génova haya pedido pactar los temas a debatir antes de cerrar la fecha para la reunión.

El calendario se complica

En cuanto a las tres fechas para la reunión, que confirman tanto fuentes socialistas como populares, ya se propusieron en el contexto del primer debate en el Congreso sobre la ley de amnistía. Entonces, desde Génova lo interpretaron como un intento de desviar el foco sobre la polémica norma pactada con ERC y Junts para dar carpetazo al ‘procés’. Con Feijóo haciendo causa propia en la calle del desalojo de la alcaldesa de UPN del consistorio de Pamplona, además de con la negociación bilateral con los independentistas catalanes, complica su foto con Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno aducen que las fechas propuestas se eligieron en función de los huecos en la agenda del presidente del Gobierno. La moción de censura en la capital navarra se anunció después del contacto entre ambos gabinetes, aunque las negociaciones entre el PSE y EH Bildu se iniciaron ya tras la investidura de Pedro Sánchez. La reunión con Aragonès sí que se hizo pública con anterioridad y es lo que menos molesta al PP, que asume que Aragonès sí es un presidente autonómico. En el PP distinguen las reuniones de ERC y Junts, especialmente si hay encuentro con Carles Puigdemont.

Foco en la agenda social

El Gobierno ya arrancaba esta semana tratando de poner el acento en su agenda social para desviar el foco político de los pactos con los independentistas y el ruido generado por el pacto con EH Bildu Pamplona. En este contexto, Pedro Sánchez aprovechaba su intervención en la inauguración de la Casa de la Arquitectura para hablar de vivienda y comprometerse a “habilitar” durante esta legislatura el plan de 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.

“Si España tiene un gran reto constitucional es el de la vivienda”, subrayó para asegurar que se está produciendo un “incumplimiento flagrante del artículo 47 de la Constitución” que reconoce el acceso a la vivienda digna como un derecho. Para que durante esta legislatura “deje de ser un problema y pase a convertirse en un derecho real y efectivo” conminó a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a hacerse cargo junto al Gobierno. Asimismo, el Gobierno llevará al último Consejo de Ministros del año la prórroga de algunas de las medidas del decreto anticrisis, como la subvención al trasporte público, la rebaja del IVA a los alimentos y la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.