La Fiscalía rechaza que se anulen los registros clave del caso Rato: "No ha habido una extralimitación"
La fiscal Elena Lorente rechaza la petición de la abogada del exvicepresidente del Gobierno y defiende la actuación de la Agencia Tributaria y de la UCO de la Guardia Civil
La fiscal Elena Lorente ha pedido al tribunal presidido por la magistrada Ángela Acevedo que no anule el registro de 16 de abril de 2015 de la oficina del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en el que se obtuvieron pruebas de los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por los que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid.
En concreto, la fiscal ha defendido en la tercera jornada del juicio que se celebra contra Rodrigo Rato y otros 16 procesados que "no ha habido una extralimitación" por parte de la Agencia Tributaria y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que únicamente registraron, siempre según Elena Lorente, los inmuebles en los que se estaban produciendo los hechos bajo sospecha.
"No hay manipulación"
"No hay manipulación alguna", ha defendido la fiscal, que también ha rechazado que la investigación del patrimonio del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera prospectiva, prohibida por la ley, como argumentan las defensas.
El pasado lunes la letrada María Massó, que ejerce la defensa de Rato en el juicio reclamó en el trámite del juicio denominado cuestiones previas la anulación del registro que llevó a cabo la UCO, pero también que se invalidaran los 40.000 documentos aportados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria.
Informes de la UCO
Esta documentación fue la utilizada por los agentes de la UCO para elaborar sus informes que avalaron las imputaciones de Rato y de los otros implicados en la causa que se juzga desde el pasado lunes en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.
Por su parte, uno de los dos abogados del Estado presentes en el juicio ha negado que los delitos imputados a los procesados estén prescritos.
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