El año judicial 2024 arranca con un Supremo con déficit de magistrados y posible renovación del CGPJ bajo la batuta europea

Como si se tratara del día de la marmota, el año nuevo judicial comienza tal y como hizo 2023, con un Consejo General del Poder Judicial sin renovar, que ya ha doblado el mandato de cinco años sus vocales y cuyas funciones siguen limitadas en espera de que el último acercamiento entre el PSOE y el PP propicie una salida a la actual anomalía institucional. Todas las miradas están puestas en la Comisión Europea, que aún debe responder a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para supervisar la negociación con la que Pedro Sánchez se ha mostrado "encantado".

Mientras tanto, y como consecuencia de la reforma instada por el Gobierno de coalición en marzo de 2021, las vacantes se siguen acumulando en la cúpula judicial -están a punto de sumar 90-. La prohibición de hacer nombramientos afecta especialmente al Tribunal Supremo, donde están vacantes las plazas de casi un tercio de la plantilla de 79 magistrados que integran este órgano.

El pasado día 22, el Boletín Oficial del Estado daba cuenta de la declaración de excedencia del magistrado de lo Civil Juan María Díaz Fraile con efectos de 31 de diciembre de 2023. Con él son ya los 24 magistrados que faltan en el alto tribunal, siendo la Sala más perjudicada la de lo Social, donde están vacantes seis plazas de las 13 existentes, lo que supone casi la mitad de la plantilla.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo también sufre las consecuencias de la situación, pues un tercio de sus asientos están vacíos -11 de los 33 magistrados de plantilla-, y le siguen las tres vacantes existentes en lo Militar, dos de lo Civil y una única plaza sin cubrir en lo Penal. Las consecuencias para el ciudadano: las causas se acumulan y al año se dictan en torno a un millar de resoluciones menos.

Amnistía y posibles recursos

La atención a lo largo de 2024 se centrará sin duda en la aplicación de la ley de amnistía que se prevé que las Cortes aprueben en primavera, y cuya eficacia inmediata con respecto al expresident huido Carles Puigdemont y al resto de afectados por causas abiertas en relación con el 'procés' independentista de Cataluña dependerá en gran medida de los movimientos que realicen los jueces, mediante las cuestiones que instarán ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de sus efectos suspensivos.

Respecto al tribunal de garantías, que mantiene una clara mayoría progresista desde hace un año, entre sus deberes pendientes también estará sin duda la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que presentarán los partidos en la oposición contra la amnistía. Desde este órgano ya se ha anunciado que se dará prioridad tanto a estas impugnaciones de carácter político como a las cuestiones de inconstitucionalidad que se presenten por parte de los jueces, si bien no prevé que pueda resolverlas antes de un plazo aproximado de seis meses.

Alberto Rodríguez y los ERE

Pero esta no es la única cuestión trascendente en la lista de deberes del Constitucional para 2024, pues aún tiene pendiente resolver dos cuestiones que afectan al que fuera diputado de Podemos hasta octubre de 2021 Alberto Rodríguez: la condena que dictó contra él el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad y su consiguiente expulsión de la cámara baja por decisión de su ya también expresidenta Meritxel Batet.

Igualmente podría conocerse en los próximos meses la decisión de este órgano sobre los recursos contra las condenas de José Antonio Griñán y otros afectados en la pieza política de los ERE de Andalucía, cuyas peticiones se admitieron a trámite el pasado mes de junio, así como los instados por PP y Vox contra la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación que entró en vigor hace un años y contra la nueva ley del aborto y la ley trans.

Respecto de los ERE, también está pendiente la resolución por Justicia, ahora en manos del también ministro de la Presidencia Félix Bolaños, del indulto solicitado por Griñán que comenzó a tramitar su predecesora en el cargo, Pilar Llop. 

De ella ha heredado también un posible conflicto con los funcionarios de Justicia por lograr una subida salarial que ya ha sido aplicada a otros colectivos como son los jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, así como la aprobación de una nueva organización judicial a través de la ley de eficiencia organizativa y la mejora de las condiciones de los abogados de oficio también a través de una nueva norma.

La agenda del Supremo

Los deberes del Supremo pasarán sin duda por gestionar las cuestiones de inconstitucionalidad que se presentarán frente a la ley de amnistía que afecta principalmente a los ya condenados y a los huidos del procés, pero antes deberá ofrecer respuesta a la petición realizada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Tsunami Democratic para que Puigdemont pueda ser imputado por un delito de terrorismo en el marco de esta investigación al movimiento surgido a raíz de la condena de octubre de 2019.

Entre sus asuntos pendientes también está el de dar respuesta a la querella que Sumar ha presentado contra el presidente suplente del Consejo del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y los vocales conservadores que aprobaron una declaración contra la ley de amnistía antes incluso de que se presentara la proposición de ley en el Congreso. Por otra parte, su Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene que responder sobre los recursos contra el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

La Audiencia Nacional y la corrupción pendiente

La primera cita judicial en la Audiencia Nacional de 2024 tendrá lugar este 2 de enero, con la declaración del la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso, en el marco de la investigación por agresión sexual y coacciones al expresidente de la Federación Española de Fútbol por el beso que le dio tras la final del Mundial en Sídney. Será la última en hacerlo tras las comparecencias de Luis Rubiales y los testigos de lo ocurrido, cuyo desfile ante el juez Francisco de Jorge ha marcado la agenda de este órgano desde el pasado verano.

En la Audiencia Nacional también se sigue instruyendo, además de las causas de contra Tsunami, y cerca de medio centenar de piezas por las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, algunas piezas menores de las tramas de corrupción Lezo y Púnica, si bien con respecto a esta última el órgano ya ha dejado fuera definitivamente a la expresidenta Esperanza Aguirre por la posible financiación irregular del PP en Madrid y tiene pendiente señalar juicio contra el exconsejero Granados y una veintena de implicados. 

Otro juicio cuya fecha aún se desconoce: el que debe celebrarse contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña, cuyo procesamiento por pertenencia a organización terrorista se confirmó el pasado noviembre.

Igualmente, están pendiente de resolverse los últimos recursos previos a la apertura de juicio oral del caso Kitchen, un asunto que sentará en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, encabezada por el exministro Jorge Fernández Díaz; así como la fijación del primer juicio del caso Lezo, por la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. El inicio había sido fijado al 24 de mayo pasado, se suspendió por la huelga de funcionarios y aún sigue sin fecha.

Lo que sin duda se conocerá en los próximos meses es la sentencia del juicio que quedó visto para expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel. También resta conocer cómo se resolverá, en apelación, el recurso que Fiscalía Anticorrupción ha presentado contra la absolución por el delito de cohecho que se incluyó en la primera sentencia condenatoria contra el comisario Villarejo y algunos de sus colaboradores el pasado julio.

Fuera de la Audiencia Nacional, la atención se centrará en el juicio al exministro popular de Economía Rodrigo Rato por ocultar su patrimonio, cuyas cuestiones previas se solventaron hace tan solo unas semanas. El juicio contra el también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional se reanuda el 8 de enero y extenderá sus sesiones hasta al menos el próximo mes de mayo, si bien no se espera que la declaración de los acusados se produzca hasta el mes de abril. 

También a principios de año, entre los próximos 5 y 7 de febrero tendrá lugar otro juicio sin duda mediático, el que sienta en el banquillo al futbolista Dani Alves por la presunta violación a una joven en un reservado de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Se piden para el popular deportista nueve años de cárcel.