VOTACIÓN EN EL CONGRESO

El Gobierno desvincula el 'no' de Junts a la amnistía con la duración de la legislatura

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que los Presupuestos, de los que depende el alcance de la legislatura, están ya prorrogados

Jordi Turull avisa de que el actual redactado de la ley de amnistía "sacude los fundamentos del acuerdo para la resolución del conflicto político"

Pedro Sánchez, este martes en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez, este martes en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Iván Gil

El freno de Junts a la aprobación de la amnistía vuelve a mostrar las costuras de un Gobierno en minoría. La medida de gracia para dar carpetazo judicial al ‘procés’ es uno de los principales hitos en los que descansa el acuerdo de investidura con los posconvergentes y, con ello, la gobernabilidad. Tras el ‘no’ de Junts en el Congreso, la ley volverá a tener que negociarse en la comisión de Justicia, pero las declaraciones de dirigentes del partido de Carles Puigdemont y de miembros del Gobierno visibilizan que siguen lejos de un acuerdo. Frente a ello, ministros como Félix Bolaños o María Jesús Montero han tratado de desvincular la ley de amnistía con la duración de la legislatura.

“A la legislatura le queda recorrido por delante”, aseguraba esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser el titular de Presidencia y Justicia. Tratando de restar importancia a la capacidad de los posconvergentes para hacer descarrilar la legislatura, Bolaños afirmaba que su duración “no la decide ningún grupo, sino el presidente del Gobierno” y que “por eso vamos a estar tres años y medio más gobernando”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba por su parte que los Presupuestos, de los que depende el alcance de la legislatura, están ya prorrogados desde el pasado 1 de enero. Con todo, apuntaba durante una entrevista en TVE que “todavía es prematuro conocer cuál es el planteamiento que va a hacer Junts per Catalunya”.

En el Gobierno reconocían ayer tras la votación que la posición de Junts complica la tramitación de las cuentas públicas, aunque se negocian en una mesa distinta a la ley de amnistía. “Vamos a esperar un poco a ver también que las cuestiones se asienten”, añadía la titular de Hacienda para insistir en que por su parte “vamos a seguir trabajando en pos de ese acuerdo y en pos del diálogo, como hemos hecho desde el primer día, pero no nos olvidemos de que los presupuestos están en vigor, están prorrogados desde el principio de año”.

Frente al ánimo del Gobierno de desdramatizar y restar peso a Junts, aunque sus votos son imprescindibles para sacar adelante las medidas del Gobierno junto a los del resto de partidos del bloque de investidura, los posconvergentes han reivindicado su protagonismo. Su secretario general, Jordi Turull, avisó que el actual redactado de la ley de amnistía "sacude los fundamentos del acuerdo para la resolución del conflicto político" por no ser “integral y de aplicación inmediata”. Sin verbalizarlo directamente en una entrevista en RAC1, deslizaba que la supuesta ruptura del acuerdo de investidura amenazaría la legislatura. “Si no se mueve de aquí [el PSOE] y no quiere que haya una ley de amnistía integral, para todos, y de aplicación inmediata es que no quiere cumplir el acuerdo de Bruselas", concluía.

Cambio de posición

Desde el PSOE siguen defendiendo en público y en privado que no se moverán del actual redactado de la ley. Sostienen que los cambios reclamados por los posconvergentes para blindarla de las causas en las que se investiga terrorismo y alta traición al Estado chocarían con su seguridad jurídica. Su objetivo, argumentan, es preservar el actual armazón para no poner en riesgo la ley ante el Tribunal Constitucional, frente a los recursos ya anunciados por PP y Vox. De este modo, Bolaños, el principal negociador con Junts sobre la ley de amnistía, ha pedido a sus socios de investidura que “reconsideren” su rechazado.

Los socialistas confían en que Junts se moverá de su posición y combinan la mano tendida con un tono de crítica no empleado desde las pasadas elecciones generales. Tanto Bolaños como Montero afearon que Junts votase de la mano de “PP y Vox” y calificaron su rechazo de “incomprensible”. Aunque la vicepresidenta primera empatizó con que las noticias de “los últimos días dificultan la propia posición de esta formación”, sin hacer referencia a los autos sobre las causas de Tsunami Dremocràtic o de la supuesta trama rusa del ‘procés’, incidió en la necesidad de aprobar un texto con todas las garantías constitucionales.