La Audiencia da carpetazo a una investigación por las muertes en una residencia de Parla durante la pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado carpetazo a una investigación sobre el fallecimiento de mayores en una residencia de Parla durante la primera ola de la pandemia. El auto al que ha tenido acceso este diario desestima un recurso de apelación presentado por Marea de Residencias contra el archivo de esta investigación abierta en el Juzgado de instrucción número 1 de Parla tras la denuncia presentada por unos familiares de los fallecidos.

Marea de Residencias entendía que el juzgado no había realizado todas las diligencias necesarias sobre los protocolos de derivación de mayores a los hospitales utilizados en aquellos primeros meses de la pandemia por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia Provincial, en cambio, considera que la fase de instrucción "ha sido especialmente exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos" y de esto "se deduce que la atención desplegada fue la adecuada".

Así, concluye que las pruebas que se practicaron "son suficientes para la resolución adoptada" y añade que los residentes "estuvieron atendidos con los conocimientos que en ese momento se tenían ante una enfermedad nueva que produjo un colapso sanitario". Los magistrados relatan también en el auto que los hospitales "se encontraban colapsados" en aquellas fechas y que "no consta" que la derivación a los centros hospitalarios "hubiera dado lugar a un resultado distinto".

El auto reconoce que la situación generada en las residencias de mayores en el primer semestre de 2020 "fue penosa" y que "donde se han detectado una posible negligencia punible", algo que expresamente dice que no niega, "se siguen los procedimientos penales correspondientes". Pero apunta que "no se puede extender un manto de sospecha sobre todos los supuestos en que se produjo un desenlace fatal".

Por último, los magistrados de la Audiencia justifican la desestimación del recurso en que "no se ha acreditado ni se va a poder acreditar" con las pruebas solicitadas que "haya existido desatención".

Dificultades para investigación

La investigación judicial de lo ocurrido en las residencias ha encontrado dificultades en otros órganos judiciales. El pasado mes de noviembre, el juez de instrucción número 38 de Madrid, Juan Antonio Sáenz de San Pedro rechazó actuar frente a una denuncia realizada directamente por la Fiscalía de Madrid por la muerte el 13 de abril de 2020 de una mujer de 95 años en una residencia del madrileño barrio de Carabanchel. Llegó a afirmar que "la derivación o no de la paciente a un centro hospitalario en ningún caso influyó en su fallecimiento: no lo hubiese evitado de ningún modo". 

Otras investigaciones, sin embargo, sí han encontrado respuesta. El pasado mes de octubre, tal y como informó este periódico, la juez de instrucción número 3 de Villalba, María Cristina García Quesada, se vio obligada a reaperturar sus pesquisas por orden de la Audiencia Provincial. 

En este caso, la querella se presentó por homicidio, lesiones imprudentes y omisión de socorro, y entre los querellados se encontraban la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, junto a los que fueran sus consejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero. Por esta razón, de seguir adelante, la causa podría terminar en el Tribunal Supremo, donde todos ellos están aforados.

En marzo de 2023, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur apuntó en sede judicial a quien fuera su superior, el consejero Ruiz Escudero, como conocedor y responsable de la remisión a los hospitales madrileños de los denominados protocolos de la vergüenza que impidieron la derivación de ancianos a los centros médicos durante la pandemia de covid. Lo hizo en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el caso de los protocolos.

Carmen López, de Ademaf (Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares), señala a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que esta no es la primera desestimación que las víctimas reciben de los tribunales, y que además "el camino no acaba aquí", ya que cabe aún cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si los familiares quieren seguir con ello.

Según sus datos, hay más de un centenar de asuntos vivos en los tribunales, y de hecho, Javier Martínez Peromingo, que ocupó el cargo de director general de coordinación sanitaria está citado el próximo 18 de marzo en un juzgado de El Escorial por una de estas causas.