La ley de amnistía deja fuera el enriquecimiento y el terrorismo y la alta traición en su versión más grave

El nuevo texto de la ley de amnistía, que se terminó de pactar el miércoles por la noche, deja claro que tanto el terrorismo como la alta traición quedan fuera de su ámbito, y por lo tanto no pueden ser objeto de la medida de gracia. Pero solo en su versión más grave. Se trata de dos delitos que pueden afectar a Carles Puigdemont en los casos del Tsunami Democràtic y la presunta trama rusa del procés. La norma, cuyo dictamen se aprobó este jueves en la comisión de Justicia y recibirá el visto bueno del Pleno del Congreso la semana que viene, también excluye la malversación cuando haya habido enriquecimiento.

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La amnistía, por lo tanto, no se aplicará a "los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, en particular las reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario", señala la enmienda transaccional acordada por socialistas, republicanos y posconvergentes. Es decir, los acciones dolosas que hayan provocado muertes y las torturas. Con este redactado, según los tres partidos, queda claro que tanto el expresident de la Generalitat como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también investigada por terrorismo en el Tsunami, se beneficiarán de la norma. 

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"Todas las personas involucradas en el proceso independentista serán amnistiadas", dejó claro por la mañana el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el principal negociador del acuerdo por la parte socialista. El preámbulo de la norma, que también ha sido modificado, alude a la misma idea. "La consecución del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista", explica.

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Pero aquí discrepan las visiones de los tres partidos que han forjado el pacto. Socialistas y republicanos sostienen que en realidad no ha cambiado nada sobre el terrorismo respecto a la versión anterior de la norma, que Junts rechazó a finales de enero. Ya entonces se aludía a la exclusión de este delito dentro de la amnistía, con mención expresa a los mismos artículos del convenio europeo, “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos”. Fuentes de ERC ironizan: “Gran giro de 360 grados”. El PSOE, que con la aprobación de la medida de gracia recupera impulso en un momento especialmente delicado, evita cargar las tintas. Y Junts se defiende. En la dirección del partido de Puigdemont subrayan la importancia “política” de eliminar en este apartado cualquier mención al Código Penal, que establece criterios mucho más amplios para apreciar terrorismo. “Al basarlo todo en la legislación europea, le quitamos el juguete a la Justicia española”, dicen.

Amenaza real y uso de la fuerza

El cambio normativo, que adelanta el ámbito de aplicación de la ley al 1 de noviembre de 2011 (en lugar de enero de 2012, como figuraba anteriormente) para que se pueda aplicar a los procesos ante el Tribunal de Cuentas, también alude a la alta traición. Aquí la modificación es de mayor calado. La versión previa de la ley solo aludía al Código Penal.

Ahora, en cambio, el texto señala que quedan excluidos de la amnistía "los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal, siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas". De esta manera, se vuelve a basar todo en el ordenamiento jurídico internacional, explicitando que la alta traición podrá ser objeto de la medida de gracia cuando no haya existido una “amenaza efectiva y real” y un “uso efectivo de la fuerza”.

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La ley, por último, también incluye la malversación entre los delitos amnistiables, con la condición de que no haya existido enriquecimiento. "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a y b [la promoción de la independencia y el referéndum de autodeterminación] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial", reza la enmienda. 

Próxima semana

Las enmiendas transaccionales, firmadas por PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el grupo mixto, se incluyeron en el texto de la ley con el apoyo de estos grupos y el único rechazo de PP y Vox. Mismo resultado tuvo la votación del dictamen que, previsiblemente, se votará en el Pleno del Congreso de la próxima semana.

Los portavoces de ERC y Junts defendieron el texto aprobado, recalcando que cumple con todos los objetivos que se habían marcado. "Nuestra actitud y nuestras exigencias fueron acertadas", señaló el posconvergente Josep Maria Cervera en referencia al rechazo de la norma hace un mes, que forzó que la proposición de ley regresara a la comisión de Justicia. Además, apuntó que se trata de una norma "que refuerza y adapta los estándares europeos para dificultar las tentaciones de quienes quieren hacer un mal uso de ellos", en alusión a los jueces. También se mostró orgullosa del texto la diputada de ERC Pilar Vallugera, si bien admitió que resulta imposible blindar la norma frente a la acción de los jueces. "Los textos inatacables con esta judicatura no existes", dijo.

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En contra, y de manera muy contundente, se expresó la portavoz del PP en la comisión, Cuca Gamarra, que consideró que la enmienda lo único que hace es que la ley sea "más inconstitucional y más ilegal". Poco después, en el patio del Congreso, Gamarra aseguró que no le cabía ninguna duda que la "justicia europea tomará cartas en el asunto", informa Pilar Santos. La número dos del PP argumentó que, visto que al PSOE y sus socios les interesan mucho los "estándares europeos", tienen que prepararse para ver cómo esos tribunales europeos analizan la ley.