En tiempos, y supongo que ahora también, se estudiaba en el bachillerato algo llamado "Lógica" que permitía acceder al maravilloso mundo de las concatenaciones; Si A es B y B es C, A es C; en mi caso, el pedagogo responsable de la disciplina fue José Luis Colomer, grata persona tristemente ya desaparecida. ¿A qué viene esta introducción? A algo ocurrido esta semana en el pleno municipal de Alcoy. La oposición del PP sorprendió al votar favorablemente un punto en el que el gobierno tripartito planteaba la apertura de un expediente de responsabilidad económica para las constructoras del parking subterráneo de la Rosaleda. Esta actuación fue declarada ilegal por el TSJ por incumplir el PGOU vigente en materia de zonas verdes y ahora tiene que ser rehecha, con un coste que puede superar los 700.000 euros. El Ayuntamiento quiere que Ortiz e Hijos y Auplasa, asuman la mitad del importe. Hasta aquí todo correcto.

El PP, a través de Rafa Sanus, ha explicado con un impecable lenguaje jurídico y político que sólo es un "nihil obstat" a la apertura, y que no se puede derivar de ello una conclusión. Perfecto, pero cabe aportar un matiz y de ahí la lógica del preámbulo. Si las empresas pueden ser objeto de un castigo económico, cabe preguntarse si también debería serlo el responsable político que ordenó su ejecución, lo cual nos lleva a si A es B y B es C, A es C.

La reforma de la Rosaleda fue un proyecto monolítico del PP; esto es, fue una decisión propia del gobierno encabezado por Miguel Peralta, que suscitó profundo rechazo entre la oposición y La Carrasca -que, es verdad, se oponían a todo-, pero también entre los vecinos de la zona, buena parte de los cuales tenían sintonía con el partido impulsor; vamos que eran de los suyos. Por tanto, estamos ante una decisión propia, que solamente encontró hace diez años -estamos de aniversario, por tanto- el respaldo de Quico Carbonell y el grupo mixto de la época que se defendió a viento y marea incluso ante el Tribunal Constitucional, ante el que el PP llegó a apelar alegando "indefensión".

La lógica consecuente llevaría a plantear, a la vista de lo ocurrido esta semana, que las empresas constructoras asuman la mitad de la obra y que los promotores se hagan cargo del resto, dejándoles en todo caso la libertad de solicitar la parte alícuota a sus aliados de la época. Evidentemente, la lógica fallará porque no existe en el mundo político y menos entre quienes han tenido como estrategia imponer su voluntad a cualquier precio, alegando la legitimidad que otorgan las urnas.

La lógica "real" conducirá a que cada alcoyano contribuya con su óbolo para que la Rosaleda sea reformada y cumpla con los requisitos que establece el PGOU.