Más de 1.500 millones de euros en infraestructuras pendientes de ejecutar en la provincia es una considerable deuda histórica en obras a la que deberán enfrentarse por un lado, la administración autonómica, que está aterrizando, y por otro, el próximo gobierno nacional cuya elección se prevé para final de año. Carencias que vienen desde hace décadas, que han estado en el cajón de las reivindicaciones permanentes y lo que es peor, que no tienen atisbos de ejecución más o menos inmediata. Por poner sólo un botón de ejemplo, estos días más de 265.000 de turistas han convertido el aeropuerto de El Altet en punto de origen o de salida de su periplo vacacional (familiares que acuden a despedirlos o a recibirlos al margen). Pasajeros que, ineludiblemente, se tendrán que haber enfrentado a un enlace viario que, además de no ser propio de una de las terminales aeroportuarias más transitadas de toda España, es uno de los puntos negros de la seguridad vial por la gravedad de los accidentes que registra. Por no hablar de los accesos ferroviarios hasta ese mismo punto, o la imperiosa necesidad de mejorar la A-31, una autovía con una densidad de circulación que la hace merecedora de unas mejores condiciones. Después de un largo ciclo de recesión económica, donde la supervivencia era el único objetivo tanto a nivel macroeconómico como a escala familiar, los indicadores auguran un futuro mucho más halagüeño que no puede, ni debe, desperdiciarse. Este es el momento clave para analizar algunos de los objetivos necesarios e imprescindibles por los que habrá que luchar en los próximos años. Porque no nos olvidemos que si bien esta es una tarea de la administración, sólo desde la reivindicación y la demanda permanente de la sociedad alicantina se podrán alcanzar, más pronto que tarde, estos objetivos vitales para la economía provincial.
