La Generalitat se ha decidido a desplegar la Ley de Coordinación de las Diputaciones, un texto que data de 1983 y que nunca se había llegado a desarrollar. Ni Joan Lerma pudo hacerlo para evitar enfrentarse con los socialistas alicantinos. Ni tampoco después el PP, con un control absoluto sobre las tres diputaciones, se preocupó de ponerla en marcha pero, ojo, tampoco de derogarla. Con lo que la ley se quedó en un cajón durmiendo el sueño de los justos: vigente pero sin aplicar. Hace ahora dos meses, durante una comparecencia en Alicante, Ximo Puig, ya avisó de que el Consell desempolvaría esa norma para ejecutarla. Un objetivo claro: atar en corto a las diputaciones con la política turística y los grandes eventos deportivos. En el PSPV hay división de opiniones: una parte que siempre ha apostado por acabar con las instituciones provinciales y otra, fuerte en Alicante, ha defendido su continuidad. Sus socios de Compromís lo tienen claro: hay que cerrarlas. Pero la supresión de las diputaciones sólo se puede hacer con una reforma de la Constitución. Así que, entre tanto, hay que gestionarlas. Y la fórmula utilizada por el Consell mata dos pájaros de un tiro: reduce el poder de la Diputación -una institución que tiene liquidez y está saneada- pero, de paso, también el del último gran foco de poder que le resta al PP en la Comunidad. Batalla política a la vista. No puede ser que el bipartito autonómico -socialistas y Compromís- ni tampoco los populares en la Diputación usen las instituciones como un ariete para enfrentarse. Eso no beneficia a los ciudadanos. Parece lógico que, respetando el peso de la provincia, se pongan de acuerdo en el desarrollo de acciones conjuntas con un único fin: favorecer a la gente y generar actividad económica. Están obligados a entenderse. Lejos de eso, todo apunta a que el entendimiento está muy lejos y que este camino lleva, salvo que las dos partes pongan cordura y diálogo, a otro choque de trenes.
