Dudo que la iniciativa vaya más allá del interés electoral. No encuentro otra justificación a la ofensiva del Consell contra las universidades privadas que imparten docencia en Ciencias de la Salud. En el punto de mira, las prácticas de los estudiantes en los recursos del sistema sanitario valenciano. Lejos de corregir el problema real y evitar el conflicto, Sanidad y Educación han optado por limitar el acceso a los alumnos de las privadas. Vaya, que han acabado disparando al pianista, papel que corresponde a los futuros médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros o fisioterapeutas. Ya tenemos a los malos de la película -las universidades privadas-, a los que es fácil equiparar con las clases sociales más pudientes. Carnaza electoralista que, sin pretenderlo, acabará por abrir la caja de Pandora de las deficiencias universitarias.
Aun a riesgo de que me apliquen el latinajo de rigor -excusatio non petita, accusatio manifesta-, advierto que defiendo la priorización de la universidad pública y la limitación del cupo de plazas en Medicina. No preciso demostración alguna, que antecedentes de mi postura hay de sobra en la hemeroteca. Cuando se incluyeron estos estudios en los proyectos de la Universidad Católica de Alicante o la Mare Nostrum, salté al cuello de ambas. Tampoco me parece coherente, desde lo público, que la Universidad de Alicante haga propuestas similares. El grado de Medicina no puede tratarse como un aderezo en la oferta de estudios de ninguna universidad. Harto estoy de insistir en que se está jugando con las ilusiones de los universitarios. Y es que, mientras se mantenga el desequilibrio entra las ofertas formativa y laboral, poca solución habrá.
Mal se hizo, en su día, aceptando la creación de nuevas facultades de Medicina. Nunca debió permitirse estos estudios en la Universidad Cardenal Herrera o en la Católica de Valencia; pero no por su naturaleza privada, sino por el exceso de plazas previamente disponibles en la Comunidad Valenciana. Ambas facultades fueron creadas bajo gobiernos populares en la Generalitat. Sin embargo, es el Gobierno de España quien reconoce el carácter oficial de esos estudios y, por aquellos tiempos, lo presidía José Luís Rodríguez Zapatero. Un dato que ahora parece obviarse.
Ahora bien, una vez creadas, es obligado ser equitativo y cumplir la normativa vigente. Es inaceptable obstaculizar la formación práctica de los alumnos en unos recursos sanitarios que, gracias al legado del exministro Ernest Lluch, están a disposición de la docencia universitaria, sin distinción alguna. Y, por cuanto legalmente las privadas también forman parte del sistema universitario valenciano, no cabe limitarles ese derecho. Otra cosa es que el último en llegar esté obligado a respetar la priorización de quienes ya se encuentran realizando sus prácticas en el sistema sanitario, como es el caso de las públicas. La nueva medida destila ese autoritarismo revanchista propio del más rancio comunismo; nada que ver con el respeto a la diversidad y la defensa de las libertades que debe caracterizar a la socialdemocracia. Tal vez sean los primeros compases de una peligrosa deriva ideológica.
Como argumento principal se esgrime el supuesto incumplimiento de la Ley Orgánica 53/84 de Incompatibilidades. Las consellerias implicadas consideran ilegal que un profesional de la sanidad pública perciba honorarios de una universidad privada. Desconozco si es así, porque en el mundillo en el que se mueve uno -la universidad pública- un tutor de prácticas no se lleva ni un colín por su trabajo. Pero, si algo percibieran, habría que recordar que la ley no contempla, en ningún momento, la diferencia entre universidades públicas y privadas. Se acepta la compatibilidad, independientemente de la titularidad de la universidad, obviamente siempre que exista el preceptivo concierto que exige la legislación.
Suena un tanto improcedente que, mientras se recuerda ahora la legislación sobre incompatibilidades, continúe permitiéndose su sistemático incumplimiento en la sanidad pública. Les reto a que comprueben cuántos profesionales respetan una norma -ojo, una Ley Orgánica- que, aunque pudiera ser discutible en su contenido, se mantiene en vigor desde hace más de treinta años. No estaría de más revisar cuántos profesionales tienen debidamente legalizada la concurrencia del ejercicio laboral en el ámbito público y el privado. Es evidente que la confusión entre ambos escenarios se favorece cuando las irregularidades son permitidas -generalmente por omisión- desde los centros directivos ¿Dónde han quedado los programas electorales que prometían evitar estos conflictos de intereses?
Un sistema público no es mejor a fuerza de debilitar al privado, sino demostrando su mayor capacidad y calidad. Y, por supuesto, en un contexto de competitividad y no de un oligopolio sustentado con el dinero de todos. Mientras la Generalitat ve la paja en el ojo ajeno, no percibe la viga que tiene en el suyo. O no hay intención de hacerlo, que todo es posible.
Pienso en un departamento concreto de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández -el de Medicina Clínica- por ser el que mejor conoce un servidor. Con una plantilla de 82 profesores imparte la tercera parte de las materias obligadas en la titulación y casi el 60% de sus prácticas clínicas. Además, el departamento en cuestión solo cuenta con un catedrático en activo y próximo a jubilarse. Cierto es que hay un buen número de profesores acreditados como titulares o catedráticos; pero no se dotan las plazas necesarias porque, al parecer, la formación de los futuros médicos no merece más financiación. Cabe añadir que más del 80% de esa plantilla tiene un contrato de apenas seis horas semanales, por el módico coste de menos de nueve euros la hora. Este es el sueldo de la inmensa mayoría del profesorado que imparte clases de Medicina en las universidades públicas valencianas. Y aún hay motivos para dar gracias porque menos da una piedra. En peor situación se encuentran las centenas de facultativos que imparten docencia práctica, a los que se les agradece los servicios prestados y poco más. Una realidad que ya está comprometiendo, severamente, la calidad de la docencia.
Podrá restringirse el número de plazas ofertadas o, incluso, instaurar tasas a las universidades privadas por utilizar recursos públicos. Pero nunca negar a un universitario la capacidad de formarse. Ni su futuro es un juego, ni mucho menos el cuidado de la salud.
