De aprobarse los presupuestos el problema de la vivienda se agravará antes que solucionarse. Los remedios que se pretenden con las medidas ideadas, no nuevas y ya conocidas en el pasado, solo pueden producir el efecto contrario al que se dice perseguir salvo, claro está, que se imponga la visión demagógica de Podemos y la propiedad privada deje de serlo, idea que late en todas sus intervenciones y proposiciones. No creen en este derecho fundamental previsto en la Constitución y en el Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de modo que articulan proposiciones que parten de la noción de propiedad privada socializada y que necesitan para ser eficaces avanzar en esa dirección. Solo así se entienden tantos errores en sus planteamientos en el marco del sistema liberal social, pues ante los inevitables efectos que se produzcan y el agravamiento de la situación, darán un paso más contra la propiedad privada. No son torpes. No desconocen que sus medidas están condenadas al fracaso y que el problema de la vivienda se agravará. El PSOE no puede ir más allá, ni por ideología, ni porque no debe olvidar que España es un país de propietarios, con escasa tradición de alquiler y en el que los ataques a la vivienda propia afectan a la clase media de lleno.
Los presupuestos contemplan medidas tendentes a favorecer a los inquilinos, apostando el Gobierno por ampliar el plazo de los contratos dificultando, además, el desahucio y limitar el precio del alquiler, que vendría fijado por los ayuntamientos. Y se basa Podemos, dicen, en medidas que se han puesto en práctica en París, Berlín y Londres, silenciando que han fracasado y que las viviendas ofrecidas al mercado de alquiler se han reducido y subido los precios del arrendamiento.
Es evidente que si el propietario no ve asegurada su propiedad en el arrendamiento y puede verse privado de unos ingresos determinados sin poder de reacción, optará por no alquilar su vivienda o ponerla a la venta. Y frente a esa decisión, en un Estado liberal, no se podrá exigir o imponer otra conducta. Ante una limitación de los precios y como consecuencia de una menor oferta de viviendas en el mercado, aparecerán fórmulas, como las que han surgido en Europa, que oculten retribuciones bajo conceptos varios, no declaradas y que anularán la subida legalmente establecida. De nada vale reducir las fianzas a dos meses. Sin garantías no habrá oferta de alquiler salvo imposición, lo que no es posible en el marco del sistema vigente. Y que no es posible es de una evidencia tal, que negar la realidad es engañar y engañarse.
La situación que se está creando es una bomba de relojería que estallará sin remedio. Por un lado, se limitan las posibilidades de adquisición de viviendas en tanto la banca no ve asegurado el pago de los créditos hipotecarios por parte de los deudores. De ahí que exija garantías adicionales a la vivienda hipotecada. Comprar no es una opción para los menos pudientes. Por otro lado, Podemos, se inclina por legalizar la ocupación ilegal oponiéndose a que los llamados «okupas» puedan ser desahuciados si el Estado no les proporciona una vivienda alternativa, haciendo recaer mientras tanto la carga en el propietario particular que, parece ser, ha de soportar al ocupante sin contraprestación alguna. Y ahora, se complica el arrendamiento poniendo trabas al desahucio en caso de impago, limitando los precios del arriendo y elevando los plazos del contrato, así como reduciendo las garantías para el caso de impago.
En conclusión, ni se puede acceder a la compra por falta de crédito salvo que quien lo solicite tenga para responder algo más que la vivienda adquirida, ni al alquiler, pues ante tantas trabas, el arrendamiento se retraerá.
Este es el escenario perfecto para Podemos que tiene claro su objetivo inmediato: la socialización de la vivienda, la expropiación, se dice, del uso obligando al alquiler, soportando las ocupaciones ilegales en lo que constituye un atentado a la propiedad privada y, en fin, la cesión de la vivienda propia en condiciones no rentables, con ingresos inferiores a los gastos ordinarios que el propietario deberá seguir soportando. Alquileres bajos, riesgos de perder esos ingresos y obligaciones de pago inherentes a la propiedad. Pocos alicientes para el arrendador y expectativas imposibles para quien espera que la crisis se traduzca en medidas socializantes como única salida lógica a un política contraria a la propiedad privada.
El PSOE, sin embargo, no puede dar ningún paso más adelante, salvo que se convierta en un partido revolucionario. Cuando la crisis aparezca tendrá que volver sobre sus pasos y actuar como hizo en 1994 cuando reformó la Ley de Arrendamientos de 1964. Es decir, abandonar esta senda que no podría presentar, ni sostener como partido moderado de izquierdas. Entonces optó por proteger al arrendador, lo que supuso un aumento de la oferta arrendaticia y el descenso de los alquileres. Ahora, se contradice y experimenta lo que en su momento rechazó. Y es que entonces el PSOE era socialdemócrata y hoy navega sin rumbo fijo.
