El tren de «la buena política» no ha descarrilado como cree Oriol Junqueras por la falta de voluntad de diálogo sobre el procés. Ha descarrilado por el propio procés, que es materia que impide entenderse, en la que unos cuantos intentan imponer la secesión de un territorio al resto del país por métodos antidemocráticos y protagonizando un golpe de Estado desde las propias instituciones.
Lo que se ha evidenciado es precisamente la ausencia de percepción política por parte de unos dirigentes y cargos independentistas que han llegado a las conclusiones del juicio en el Supremo negándose a comprender lo que ha sucedido y reprochando a los demás la falta de soluciones que ha conducido, según ellos, a ser juzgados como unos delincuentes. Una absoluta majadería. Si a un político lo juzgasen los magistrados del alto tribunal por sus errores, como insinúa Junqueras, ninguno en este país se habría librado de comparecer ante la justicia. No es así, al político, como le sucede el resto de los ciudadanos, se le juzga por desviarse de la ley: por sus delitos.
No han sido Rajoy ni Pedro Sánchez, ni ningún otro, los que han dado cuerda a los magistrados, sino los que se han rebelado contra el Estado convocando un referéndum ilegal que no tiene cabida en la Constitución, incitando a la revuelta en las calles y declarando la independencia. Los que han utilizado los recursos públicos para llevar adelante su esperpento, es decir, los malversadores.
No vale en el minuto final del acusado apelar a las convicciones democráticas cuando se actúa de manera desleal y antidemocrática como ha hecho Junqueras. La democracia es, antes que nada, el imperio de la ley.
