Les ha faltado tiempo a los ediles de muchas de las nuevas corporaciones locales de subirse el sueldo nada más aterrizar en la Casa Consistorial. El incremento de las retribuciones se ha generalizado, aunque con excepciones que confirman la regla, de tal modo que está calando en la opinión pública. No porque los cargos públicos no tengan derecho a unos ingresos acordes con la responsabilidad que desempeñan o por la plena disposición laboral a la que dedican su jornada. No. Llama la atención el incremento porcentual aprobado en los plenos municipales y que en algunos casos hasta alcanza los dos dígitos. Además, a sabiendas de que las críticas de los sufridos contribuyentes, a los que les imploraban sus votos hace menos de un mes y medio, se acabarán diluyendo con el tiempo a lo largo de los próximos cuatro años del mandato recién iniciado. Prisas que, quizá de forma injusta, dan a entender en muchos casos que lo del servicio público de los políticos está muy bien sobre el papel, pero que no se termina de corresponder con la realidad ya que sobran los ejemplos de quienes han hecho de la política una profesión con emolumentos inimaginables en cualquier otro oficio al que se pudieran dedicar. Con una más que cuestionable efectividad en muchas ocasiones. Por no hablar de toda la pléyade de asesores, puestos de confianza, funcionarios de empleo y otra corte de personal de análoga naturaleza que rodea a los cargos públicos, que han vuelto a crecer de manera desorbitada como si no hubiésemos aprendido de los viejos errores. O lo que es peor: sigamos cometiéndolos porque seamos ahora nosotros los beneficiados. Para que luego hablemos de regenerar la política. O de viejos y nuevos modos de practicarla.
