Hasta esta semana, la gestión de la crisis del coronavirus en la Comunidad Valenciana me había proporcionado, como ciudadana, cierta serenidad y tranquilidad. Desde el primer minuto me sorprendió favorablemente la transparencia con la que la Conselleria de Sanidad -supongo que siguiendo la línea del ministro Salvador Illa- estaba manejando tan compleja situación. Comparecencias diarias de la consellera Ana Barceló con el número de contagiados, la zona sanitaria a la que pertenecían cada uno de ellos... Con este planteamiento, en la calle nos sentíamos relativamente confiados, con la sensación de que había cierto control. Pero el sábado algo se truncó. Desde ese día; Sanidad, cuando comunica cada nuevo caso de contagio se niega a concretar en qué zona sanitaria ha sido detectado. No facilita ni un solo dato. Además, ha prohibido que de la boca del personal sanitario salga una sola palabra bajo amenaza de «cortar cuellos». Ni que estuviéramos en China. Con el desacertado cambio de rumbo, lo que ha logrado es que con cada contagio tiemble toda la Comunidad. El ocultismo alienta las teorías de la conspiración y provoca la generación espontánea de todo tipo de bulos que acrecientan una lógica incertidumbre, indignación y ansiedad entre la ciudadanía. Asegura la conselleria que lo hace para cumplir con la Ley de Protección de Datos. ¿Ha incumplido con la ley cuando facilitaban una información que solo tenía de dato el número de infectados? ¿Cuándo concretar un área sanitaria genérica es revelar un dato íntimo y personal? El argumento de la conselleria no solo no es cierto, sino que no oculta el hecho de que Sanidad ha cedido a las presiones de los alcaldes para que no se hagan públicos los municipios en los que hay contagios por un presunto daño en la imagen. Lamentable que se prime el interés político particular frente al interés general en un asunto como este. Y lo peor; sin obtener éxito, porque, al final, todo se sabe.
