Lejos quedan aquellos años en que se afirmaba que la política exterior era una política de Estado es decir una estrategia y unos objetivos en los que las diferencias entre partidos se silenciaban y, si acaso, se discutían de puertas adentro.
La política de Estado dejó de existir cuando José María Aznar situó la política antiterrorista fuera del consenso y anunció que nada escapaba a la labor de la oposición. Después acusaría a Felipe González de mantener una actitud mendicante en Europa a raíz de nuestro ingreso. Planes europeos que luego le vinieron muy bien, durante su mandato, para reducir la diferencia de renta con los países europeos, aunque no supo aprovecharlos suficientemente. Algo similar ha intentado el Partido Popular de Pablo Casado con los 750 mil millones del Plan Europeo de Reactivación. Cuando Pedro Sánchez negociaba los 145 mil millones para España, Pablo Casado se reunía con sus correspondientes del Partido Popular Europeo para quejarse del gobierno Sánchez.
Aunque sigan los escarceos políticos los populares parecen dar por perdida la batalla en el interior, y recurren a sus homólogos europeos. Dan por hecho que hay gobierno de coalición para rato. El PP ha alardeado en prensa de su influencia europea, cierta, al fin y al cabo, la derecha es mayoritaria en la Unión Europea- gobierna en coalición con socialistas y liberales-. Aparentemente su queja en el frente europeo les dio resultado, tachando de autoritario el intento de reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); el gobierno congeló la tramitación del proyecto de ley. El PP ha calificado en repetidas ocasiones ante las UE el estado de alarma como un peligro para las libertades democráticas. De ahí, dicen, su oposición, en especial cuando se refería a Madrid. Utilizando su influencia en los medios de comunicación de Rupert Murdock- en los que Aznar es consejero- como el Financial Times para lanzar en Europa la imagen lastimosa de la presidenta Ayuso como víctima de injerencias.
La reforma del CGPJ estará paralizada hasta que se apruebe el presupuesto de reactivación “New Generation”, y la Comisión evite el bloqueo con el que ha amenazado el presidente húngaro, Víktor Orban. El parlamento europeo quiere condicionar las ayudas a que se respete el estado de derecho. El protegido de Aznar, Orban, amenaza con vetar los presupuestos de reactivación. Los ceses y nombramientos de jueces en Hungría y Polonia sí que son un auténtico dictado del Ejecutivo, y ya se lo advirtió la Comisión. La elección del CGPJ por los propios jueces, como propone el PP, es menos democrática que la elección por la mayoría absoluta del Parlamento. Si no hay acuerdo antes, el proyecto se reactivará en cuanto se aprueben los presupuestos, al fin y al cabo, es Europa quién puso en tela de juicio que el mandato del CGPJ se haya mantenido dos años más con plenas competencias.
La última llantina europea del PP ha sido la acusación contra el gobierno español de poner en peligro la libertad de prensa, por el procedimiento que el Consejo de Seguridad Nacional ha publicado para luchar contra la desinformación en España y las injerencias externas. Las que potencias extranjeras han hecho en España, en Europa y en Estados Unidos, en época electoral. El procedimiento elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional responde al plan de acción que el Consejo Europeo aprobó hace dos años y cuya transposición es una exigencia del propio Consejo. Eso han aclarado.
La puerta de entrada de las quejas populares en Europa es la Comisión de Peticiones que preside Dolors Montserrat (PP), dónde el Partido Popular Europeo puede tener mayoría con la ultraderecha, los correspondientes de Vox, y los de Libertad y Justicia de Polonia.
La derecha española ha descubierto el frente europeo como estrategia para lamentarse y frenar las iniciativas del gobierno “social comunista” de España, como les gusta repetir; incluso arriesgando la aprobación de los Presupuestos Generales, imprescindibles para recibir los 145 mil millones de los fondos de recuperación. En mi opinión, además, lo realmente preocupante es si los gobiernos, central, autonómicos y locales tienen capacidad para gestionar el maná de miles de millones que nos vendrá encima durante varios años. No se trata de gastar por gastar, sino de elaborar proyectos, por sectores definidos por la Comisión, y gestionarlos en tiempo y forma. Mas cuando algún ayuntamiento, como el de Alicante no es capaz de gastar presupuestos austeros, ni multiplicando modificaciones de crédito. Habrá superávit. Lo veremos.
