Frecuente es tener buenas intenciones para hacer cosas pero que los resultados no sean tan favorables, al menos para todas las personas. “El infierno está lleno de buenas intenciones” señala un dicho popular y esto parece que se puede aplicar en algunas administraciones públicas, a la hora de dictar regulaciones en sus territorios.
Es el caso de lo que ocurre con la Ordenanza de Convivencia Cívica que el Ayuntamiento de Alicante planea poner en marcha. Los motivos que originan esta reglamentación es “el de constituirse en un instrumento efectivo para hacer frente a las situaciones y circunstancias que se producen en el espacio público y que pueden afectar a la convivencia de las personas o alterarla”, continua señalando “la Ordenanza pretende preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás.”
Al leer esto uno puede pensar que es un buen instrumento y que es necesario para la idea de ciudad que se tiene. Sin embargo, al ver los aspectos que regulará, todo indica que estas buenas intenciones no llegarán a ser buenos resultados, o por lo menos, ciertos grupos de la población alicantina lo experimentarán de esta forma: las personas sin hogar y las personas que se encuentran en situación de prostitución.
Específicamente con las personas prostituidas, en el capítulo V se señala: “Este capítulo tiene como objetivo luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difundan una imagen del ser humano como mero objeto sexual y perturben la convivencia social.”
La prostitución es un fenómeno complejo, en el que confluyen aspectos culturales, económicos, de género, entre otros y que no se termina con la publicación de una Ordenanza, sino que debe involucrar medidas integrales, que vayan en la restitución del bienestar integral de la persona prostituida, alternativas económicas, habitacionales y, para el resto de la sociedad, la promoción de una educación sexual basada en igualdad y la condena del consumo de prostitución, entre otras medidas.
Es más, lo que se consigue con este tipo de Ordenanzas es mover la prostitución del espacio público hacia lugares menos visibles, circunscribiéndola a espacios concretos alejados, aumentando de esta manera la exposición de víctimas de trata y explotación sexual a prácticas más riesgosas, más control de los proxenetas y las redes prostitución. Asimismo, al ser menos accesible se dificulta la llegada de las personas prostituidas a la labor de ONG, servicios sanitarios y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Además, las sanciones económicas que se pretenden aplicar a las personas prostituidas, por el incumplir artículos de la Ordenanza, aumentan la ya precaria situación socioeconómica en la que suelen encontrarse, dificultando una mejor cobertura de sus necesidades básicas y de sus condiciones de habitabilidad, lo que deriva en el desmedro de su salud física y emocional.
Se puede debatir sobre la “libre elección” de la prostitución por parte de las mujeres, pero no es secreto para nadie que el negocio de la prostitución se alimenta de mujeres provenientes de países empobrecidos y que la desigualdad económica, que ha crecido en los últimos años, ha permitido que las redes de trata hayan sacado jugosos dividendos a costa del comercio sexual. Estas desigualdades económicas no afectan de la misma manera a hombres que a mujeres, produciéndose lo que se ha denominado “feminización de la pobreza” o como mejor lo conceptualiza Saskia Sassen: “feminización de la supervivencia”, situación que se agudiza los países pobres. La prostitución se presenta como una “opción” frente a la falta de oportunidades existentes para ganarse la vida, alimentada por la desigualdad de género, en la que el cuerpo de la mujer es un objeto sexual, dispuesto para satisfacer el apetito incontrolable del hombre. Vender lo único que se tiene, el cuerpo, es la prueba más fehaciente del poco equilibrio que se tiene en las relaciones entre hombre y mujer.
Vale entonces reflexionar sobre cuán efectiva es una medida que en papel puede sonar buena pero que en la práctica terminará afectando de manera negativa a esa parte de la población que ya está se encuentra en situación de vulneración de sus derechos y de exclusión social. Y, especialmente, que la lucha contra la prostitución y la trata de mujeres, sea una prioridad política, tanto a nivel local como nacional, considerando que los principios de igualdad sean la norma en los diversos aspectos que conforman la sociedad (legal, político, económico y social), para evitar la idea de que hay ciertas personas susceptibles de ser compradas, vendidas y explotadas sexualmente.
