Demasiada histeria por unos comentarios en un chat privado de militares jubilados, que ya no son militares, en las que se desfogaban contándose sus batallitas y diciendo tonterías, propias de la edad. Que el gobierno acuda a la fiscalía pidiendo que el Código Penal les sea aplicado y sancionados por delitos de odio es un poco excesivo y significa darles un protagonismo que no tienen e implicar a las fuerzas armadas en los delirios de ese grupo afectado por la senectud y la nostalgia. Excesiva la reacción frente a militares que han abandonado el servicio y que dicen lo que les da la gana en un ambiente privado y sin una verdadera intención de hacer realidad sus desvaríos. Tampoco podrían.
Ese exceso de celo de la ministra ha sido aprovechado inmediatamente por los socios del gobierno, los independentistas, los que no condenan el terrorismo, los antisistema varios, para atacar al ejército como institución y aprovechando que los militares en activo, igual que los jueces, están obligados a guardar silencio y a soportar todo tipo de agresiones sin posibilidad alguna de defensa. No han perdido la ocasión para calificar a todo el colectivo de franquista, uno más fruto de la obsesión enfermiza de buscar franquistas donde no los hay. Y el problema es que en su delirio los encuentran.
De verdad que comentarios, por muy excesivos que sean, en un grupo privado, normales en las relaciones de este tipo, no tienen trascendencia alguna, ni apariencia de riesgo de injerencia militar en la vida pública. El hecho de que la ministra de defensa organice el numerito de acudir a la fiscalía a pedir la cabeza de los ancianos militares que no ejercen de tales, aunque sí de mayores, es significativo de una cierta prepotencia y una visión del derecho penal, otra vez, convertido en la normalidad de respuesta frente a hechos que no son delictivos o no lo deberían ser. No veo a la fiscalía y menos a un tribunal penal condenando a estas personas por decir bobadas o desahogarse en privado deseando la desaparición de los socios del gobierno y de media España.
Claro que para llegar ahí ha tenido que intervenir en la denuncia el clásico chivato –me recuerda la película “Mi general”-, que se siente ofendido y espera hacer un acto de servicio último o, más cierto, recibir recompensas o devolver afrentas.
En todo caso, la expectación con la que se ha recibido el suceso y la dedicación al mismo de espacios informativos y los azotes propinados a los pobres jubilados, a los que se acusa de intentar dar un golpe de estado con fichas de dominó, ha sido excesiva y propia de una cierta y forzada representación.
Escuchar a los indignados pidiendo la pena de galeras para los del chat y tener que soportar día a día sus diatribas comprendiendo a ETA y su aportación a la paz y la democracia, es cuanto menos un signo de la hipocresía reinante en una izquierda que predica la libertad de expresión para ella y la niega, con amenazas de delito de odio, a quienes disienten de su forma de entender el mundo.
Desde luego que no voy a dedicar ni un minuto a los comentarios del grupo privado, que es privado. No entro en los misterios de las intimidades de cada cual o grupo. Por higiene mental y respeto. No me siento obligado a ir por la vida haciendo manifestaciones de pureza democrática para salvaguardar una imagen impuesta por la corrección imperante. No lo voy a hacer.
Eso de los delitos de odio es una especie de memez integral cuando cae en manos de intolerantes que ven odio en la pluralidad y en quien piensa distinto y no los soporta. Si hubiera que meter en la cárcel a todos los que en privado dicen cosas parecidas no habría espacios suficientes.
Delito de odio no es odiar ni desear el mal ajeno. Eso es pecado y mortal, que no compete juzgar a los tribunales en democracia, aunque sí en otros regímenes. Delito de odio es algo más y entre los requisitos se contiene la capacidad de influir en quienes puedan actuar contra los grupos afectados por la opinión. Un chat privado de ancianos no parece muy apto para iniciar o comprometer un golpe de estado, ni una limpieza en la izquierda o una masacre de la mitad del país.
Sabiendo esto, como lo sabe la ministra, que no es mala juez, lo que hay que cuestionarse es la razón que la ha movido a atacar a ese grupo de generales en el retiro. Seguro que la hay. Porque, el mal al ejército no lo ha hecho ese grupo de jubilados nostálgicos y brutos, sino una ministra que, lanzada la noticia en titulares, inmediatamente ha tenido que reaccionar diciendo lo obvio: que el ejército español no es franquista como tal, aunque haya en el mismo, como en todas partes, personas con ideologías diversas, incluso extremistas y antisistema. Haberlos los hay, más incluso en el gobierno, que no es de coalición, sino de contradicción permanente. Y no lo hacen en privado ni nadie les pide lealtad a la Constitución que juraron acatar.
