Está visto que quienes más alardean de la Constitución, más la ignoran y la maltratan y se permiten la osadía de culpar a los demás por ponerla en riesgo y querer derrocarla. Los reyes del mambo de la crispación no dejan de danzar y se emplean a fondo para abrir grietas en el sistema político. Si el Gobierno de coalición y la izquierda española tienen un plan que pretende destruir la Carta Magna, las fuerzas conservadoras deberían denunciarlo ante la justicia y no empinando el codo mientras bailan. ¿A qué esperan Díaz Ayuso y el resto de la troupe de variedades en vez de cacarear tanto?
Deberían tumbarse en el diván del psicoanalista y exponer sus miedos y la ridícula agresividad de la que hacen gala a diario. Nunca digieren que sean otros los que manejen el timón de la nave, porque la batuta es propiedad de ellos y les corresponde por derecho divino. Así ha sido históricamente y sigue siendo. Y están dispuestos a todo con tal de que eso se cumpla. Añoran la «extraordinaria placidez» del franquismo», según dijo Mayor Oreja en 2007, y no pueden evitar un constante enfrentamiento.
Mucho más les importa estar al frente de la orquesta e imponer sus partituras que el texto constitucional. Acaba de cumplir 42 años en medio de la tempestad shakesperiana. Siempre quieren apropiárselo, pues se sienten dueños y señores. Los dos leones del Congreso rugen, y la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, saca el látigo verbal, con el fin de contener la furia de los alborotadores, y defiende el diálogo entre todos.
Apelar al sentimiento republicano, por parte de Unidas Podemos, no es delito como para que algunos se echen las manos a la cabeza. No toca ese proyecto, pese a que haya que defender lo público permanentemente y a que la monarquía se encuentre en horas muy bajas por la conducta real de Juan Carlos I, exjefe del Estado y ahora emérito en su aburrido exilio de oro. Nadie duda de que ha sido una pieza clave en la Transición democrática. Pero tampoco es posible ignorar sus irregularidades de diversa índole.
Lo de tratar de entenderse es una quimera cuando la derecha extrema, del «centrista» Pablo Casado, y la extrema derecha hablan de un Gobierno «ilegítimo». Incluso la pandemia les ha venido bien para alimentar calenturas y sacar más los pies del tiesto con la idea de gobernar como sea, tratando de ensuciar con cinismos y exabruptos impropios en democracia. Así son y de esa forma empujan, alentados por la caverna mediática, a su club de fans. Porque no soportan que los «okupas» actuales garanticen una larga legislatura con medidas que procuren no dar la espalda a la población.
Casado, Abascal y los comunicadores afines se han instalado en una dinámica que requiere litros de tila y kilos de sensatez que brilla por su ausencia. Esta es la tormenta perfecta que necesitaban mandos retirados del Ejército para subirse al púlpito de la parroquia y dirigirse con instinto golpista a sus feligreses. Aunque suene a broma, les gustaría fusilar a 26 millones de españoles. De «hijos de puta» exactamente. ¿Les aplaudimos por ver fantasmas en cada rincón? Menos mal que, como decía el bueno de Gila con traje de soldado, «no sé si habrá balas para tantos».
A ver qué cuenta la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la eventual relevancia penal. Estas son las gentes de Vox a las que el grupo da alas con el triste caldo de cultivo de la pandemia, que en realidad es una «dictadura» de este Gobierno. ¿Se depurarán responsabilidades como ahora pide Casado, principal defensor de la libertad (de unos cuantos) y del pluralismo? Afirma que los presupuestos aprobados «llevan a España al precipicio», y echa el anzuelo en las aguas de los socialistas de pega. Sin duda, el «retroceso democrático» existe, sí. Patrocinado por los mismos que lo anuncian. Los «peligros muy graves», que indica el endiosado Aznar, vienen de los sembradores de viento, de los que anhelan el ruido de sables y de los que se quejan de la «deslegitimación institucional». Que ellos provocan realmente.
