Se siguen conociendo prebostes y hasta prelados que se han saltado las listas de vacunación del covid 19, con eso tan español de “Usted no sabe con quién está hablando”. Y muchísimos sanitarios del sector privado sin vacunar. Y los vacunados intentando justificarse con todo tipo de dislates. Algunos hasta se han disparado un tiro en el pie, como el doctor Cano, a la sazón aún alcalde de la Nucía y diputado de la Diputación, que primero dijo que se vacunó por no se sabe qué para añadir después que ejerce de médico en el equipo de fútbol de su localidad, lo que va en contra de la dedicación exclusiva que tiene firmada don Bernabé. Y eso, además, hace que aflore el chiringuito que tienen montados muchos de nuestros políticos: El mentado cobra 9.000 napos mensuales en concepto de alcalde de una localidad de 18.163 habitantes y como diputado de la Diputación de Alicante. ¡9.000!
¿Es que nadie va a hacer nada? Solo nos encogemos de hombros ante lo que supone esto: Miles y miles de políticos cobrando dietas, asistencias a plenos, kilometraje, pluses de residencia, coches oficiales, asesores y prebendas varias, lo que supone un montante insoportable para el contribuyente. Esos mismos políticos que se escandalizan cuando los que pueden se marchan a otros países para no pagar aquí más de la mitad de sus ingresos.
No hagamos demagogia, pero reflexionemos. La presión fiscal en España (porcentaje de recaudación tributaria sobre el PIB) se sitúa en el 34,6%, cerca de la media de la OCDE, que es del 33,9%. En un país como el español, donde la población envejece a un ritmo muy rápido y la natalidad es cada vez más baja, la mayoría de estos ingresos se marchan a pagar pensiones y sanidad. Y en estos gastos, como en el educativo, España está en la media de los países desarrollados.
Sin embargo, el gasto en los servicios generales de la administración pública presenta un elevado nivel de ineficiencia, dejando a España entre los peores puestos de la OCDE, solo por encima de Grecia, Italia y Eslovaquia.
Y un aspecto importante es la percepción de los contribuyentes. Si nosotros percibimos que nuestros dineros van a construir un país mejor, los desembolsaremos con una actitud diferente de si pensamos que van a nutrir a una clase parasitaria, como pasa en buena medida actualmente.
¿Demagogia?
Veamos propuestas concretas: Planteemos los asuntos como se hace en la empresa privada o, sencillamente en su propia casa: Es decir, atendiendo a criterios de utilidad y coste. ¿Es sostenible un Senado que cuesta 58 millones de euros al año? ¿Para hacer qué cosa que no pueda hacer el Congreso de los Diputados? ¿Es razonable mantener las Diputaciones, donde se refugian miles de políticos a los que les pagamos por levantar la mano una vez al mes y cuyas funciones podían ser perfectamente asumidas por la administración autonómica o local? ¿Y disponer de una pléyade de asesores en todas las administraciones… ¿No implica confesión de incapacidad? Por no hablar de coches oficiales, que en España son miríadas… claro, los señores concejales no pueden utilizar los suyos…
Señor Sánchez: Salga usted en uno de esos sermones que tanto le gustan y anuncie a los españoles: “La administración, por fin, se va a apretar el cinturón: Decreto ley por el que se suprimen asesores, vehículos, estamentos públicos duplicados, Senado, Diputaciones, Empresas públicas ineficaces y morralla administrativa varia”.
A lo mejor el ahorro es de “solo” unos miles de millones de euros, pero, por encima de eso, los contribuyentes comenzaremos a pensar que a alguien importa el destino de nuestros dineros y que en España vamos a dejar de mantener a un colectivo de incompetentes privilegiados.
