Hasta hace prácticamente dos años, la mayor preocupación del sector turístico, al menos en nuestra zona, era, sin duda, el Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea apuntaba problemas importantes para un sector que, en nuestra provincia, es fundamental.
La irrupción del virus SARS-CoV-2 y su permanencia durante ya 15 meses ha relegado aquel problema a una segunda línea porque ahora no se trata solo de salvar el turismo británico, sino todo el sector turístico y sus industrias asociadas.
Parece que empezamos a ver alguna luz, sobre todo en los países más desarrollados, salvo comportamientos irresponsables capaces de absorber los efectos beneficiosos que ya son evidentes con la extensión progresiva de las vacunas; pero una luz que no será nítida hasta que seamos capaces de corregir el problema a nivel planetario.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana y específicamente de la Costa Blanca, el gran esfuerzo realizado por todos en los meses pasados, que nos ha llevado a ser la zona con menor incidencia del virus no solo en España sino, en el caso de Alicante, de toda la Unión Europea, con una incidencia en torno a los 30 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, nos hace confiar en un repunte razonable del turismo vacacional, especialmente el nacional y progresivamente, a medida que avance el verano, también el internacional, con un punto crítico como es el semáforo ámbar que nos ha puesto provisionalmente el Reino Unido (no nos considera un destino seguro), lo que implica cuarentena de diez días a los británicos que regresen de España, lo que sin duda es un desincentivo muy importante para que los británicos decidan venir a nuestra tierra a pasar sus vacaciones.
Desde nuestro punto de vista, es una gran injusticia con la Costa Blanca -para la que el turismo británico supone prácticamente el 40% de las llegadas de turistas extranjeros- puesto que nuestro índice de contagios en estos momentos es el menor de la Unión Europea y, por supuesto, menor que el del propio Reino Unido. El problema es que los británicos no consideran regiones sino el país en su totalidad.
Corregir esta injusticia es una labor que debe comprometer a todas las autoridades locales, autonómicas y nacionales, con el objetivo de convencer al ejecutivo británico de que el turismo en la Comunitat Valenciana y especialmente en la Costa Blanca, es un turismo seguro, al nivel de las mejores prácticas en todo el mundo.
Y en eso parece que sí están nuestras autoridades, al menos así lo manifiestan. Es un problema para nosotros muy importante, pero con solución razonablemente fácil si se abren correctamente los canales de comunicación entre los dos países.
Y ahora, con la COVID-19 encauzada, vuelve a aparecer el BREXIT, con impactos no solo coyunturales, sino también estructurales a los que hasta ahora no habíamos prestado, en mi opinión, la atención que merecen, y que afectan a otro sector, el del turismo residencial y la construcción asociada, tan importantes, al menos, como el turismo vacacional en nuestra zona.
A partir del 1 de enero de 2021, los nacionales británicos no residentes en España, como cualquier nacional de un país ajeno a la Unión Europea, deben cumplir con los requisitos de entrada establecidos en el Código de Fronteras Schengen que, entre otros, establece que, en términos generales, la estancia no podrá superar los 90 días por periodo de 180, sea en una o en varias visitas.
Sin duda, estas nuevas condiciones de relación dificultan en gran medida la adquisición y el mantenimiento de viviendas en nuestra zona de nacionales británicos no residentes en España. Y hablamos del mayor colectivo de inversores extranjeros en vivienda en nuestra zona, constituyendo la base de un turismo residencial de nivel medio imprescindible para nosotros que, con frecuencia, pasa largas temporadas en su vivienda en España, sin adquirir en muchos casos la residencia, y la alquila en sus periodos de ausencia. Perder este colectivo es un lujo que no nos podemos permitir, y que no parece tener entre nuestra clase política el foco que creo que necesita para que esta crisis pueda resolverse de la mejor manera.
Trabajar para la revisión de ese Código Schengen en la Unión Europea en la relación con Reino Unido, debería ser una prioridad, al menos para los diputados españoles en el Parlamento Europeo. Nos va mucho en esa negociación.
Todo esto sin tener en cuenta un tema puntual pero también muy importante, como es la vigencia del decreto 689/1978, que exige un permiso especial del Ministerio de Defensa a los ciudadanos de fuera de la Unión Europea que pretendan adquirir un inmueble en zonas próximas a puntos estratégicos para la defensa, como es la Vega Baja del Segura por su proximidad a la base naval de Cartagena.
