Hay una cosa que debemos tener clara los españoles: nuestro recibo de luz es caro por varios factores, el primero de ellos es por el consumo de elementos fósiles como el carbón y el gas, para producir la energía eléctrica. Era de todo punto urgente un aumento de autoproducción de energía y de autoconsumo con la implantación masiva de paneles solares, ya que tenemos muchas horas de sol en nuestro país. Con el presidente Zapatero se impulsó. Con el presidente Rajoy se paró radicalmente dicho impulso, creando el llamado “impuesto al sol”, con el consiguiente quebranto económico para los ciudadanos al no haber alternativa energética. Si en el año 2050 fuéramos 100% renovables, ahorraríamos casi un 80% en costes del sistema energético. Los diferentes paquetes legislativos del PP han ido muy en contra, sobre todo, de las pequeñas empresas. Y se han llevado por delante muchísimos puestos de trabajo asociados no solamente a la instalación de renovables, sino también a los procesos de investigación y desarrollo de nuevos materiales, en los que España era puntera y a los que la ciudadanía había contribuido a través de mecanismos de subvención o incluso de pago directo a las grandes compañías eléctricas. La legislación de Zapatero fue importante en cuanto a subvención y apoyo al sector de las renovables, pero no lo suficientemente valiente. Uno de los principales problemas fue la no reforma del mercado eléctrico y de tarificación, en la que no quiso meterse. Eso permitió que las empresas energéticas mantuvieran su poder y sus privilegios y que la situación acabara derivando en lo que sigue siendo un oligopolio energético, que obviamente lo tiene más fácil cuando llega el gobierno del PP. Resulta muy preocupante la postura que durante muchos años ha mantenido España a nivel europeo e internacional, cuando ministros como Nadal o anterior- mente Soria esgrimieron argumentos energéticos más obsoletos que los de las propias eléctricas.
Por ejemplo, Nadal estuvo defendiendo la continuidad del carbón con mayor vehemencia que lo hizo Iberdrola. Todo ello, sin mencionar las prospecciones petrolíferas en Canarias de Soria, un ministro canario.
Por todo ello, la política del PP en esta materia ha ido en la dirección contraria a lo que la ciencia nos está diciendo que debemos hacer para frenar el cambio climático.
Para que la energía eléctrica llegue a nuestros hogares en el recibo de la luz nos dicen que pagamos por producción de la energía, por su conducción y distribución, por la potencia contratada, a los peajes de acceso, por el alquiler del contador, por los incentivos a las renovables, por la cogeneración y residuos, vamos que pagamos por todo.
Ignoro qué hacen las empresas, ya que todo lo pagamos nosotros.
A pesar de esto, para poder encender una bombilla, la adquisición de la energía doméstica debe pasar por una subasta financiera, en un mercado libre, que se rije por normas propias del mercado. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la nueva fórmula de subasta responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en la cadena de valor de las energías renovables en un escenario de recuperación, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías. Si eso fuera así, sería estupendo, pero ocurre justo lo contrario. Y los precios están subiendo como nunca y sin que se pueda hacer nada, como producto financiero que es, sujeto a la oferta y a la demanda. Son subastas en las que no se produce una entrega física del producto, ya que lo que se subasta es energía. Reciben el nombre de CESUR: Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso. ¿Quién las gestiona? OMEL Mercados, filial de OMEL, empresa privada al 100% que acaba de cambiar su nombre por el de OMIE tras la firma de un convenio internacional con Portugal.
Supervisan las subastas la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Quién pone las reglas? La Secretaría de Estado de Energía, que en su resolución previa decide: qué productos se subastan y sus periodos de liquidación; las cantidades; los precios de salida; las reglas durante la subasta y, en su caso, el contrato marco; la fecha de la subasta; y la información pública que se da después. Los consumidores nos preguntamos, ¿por qué no se interviene de manera más decidida en favor de la población?
