La clave de bóveda de todo sistema universitario es la evaluación del profesorado, pues de ella depende su selección, promoción, acceso a complementos salariales, reducción de carga docente, participación en concursos y homologación para ocupar cargos académicos.
Las mejores universidades norteamericanas recurren a la evaluación externa para seleccionar su profesorado, procedimiento que ilustraré con una experiencia propia reciente. El director de un departamento del prestigioso Courant Institute of Mathematical Sciences de la Universidad de Nueva York (NYU) me invitó a evaluar la solicitud de una plaza de Associate Professor (titular de universidad para nosotros) en base al Tenure Packet (memoria-proyecto) del candidato, cuyas 231 páginas incluían el CV, la lista de publicaciones con su correspondiente bibliometría (indicios de calidad obtenidos en bases de datos), sus 5 mejores publicaciones, programas razonados de tres asignaturas del área, evaluaciones de los alumnos, etc. Por mi informe, de 10 páginas, realizado a lo largo de 5 semanas, percibí los honorarios estipulados por la NYU para estas evaluaciones (300 dólares, algo más de 250 euros). Como la NYU debió encargar al menos dos informes, el coste de la evaluación para la NYU debió superar los 500 euros.
Los profesores universitarios españoles son evaluados por comisiones que otorgan plazas docentes y que conceden proyectos. Las plazas docentes son usualmente convocadas para promocionar a los candidatos locales que, frecuentemente, proponen el perfil de la plaza y los cinco componentes de la comisión (la futura la Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, contempla que no haya más de dos pertenecientes a la universidad convocante), convirtiendo la mayoría de los concursos en un mero trámite. El primer ejercicio consiste en la defensa de los méritos por parte de los candidatos y consiguiente evaluación por los miembros de la comisión. El concurso más concurrido de aquellos a los que he asistido últimamente -sea como actor o como espectador- contó con 6 aspirantes y el coste del primer ejercicio, de haberse realizado con los estándares de la NYU, habría superado los 7,500 euros. Los profesores también son evaluados cuando presentan proyectos de investigación a convocatorias públicas, como las ministeriales de Excelencia (I) y de Retos (D). Hace algún tiempo me pidieron evaluar 10 proyectos del primer tipo y 4 del segundo, con un promedio de unos 10 componentes por equipo (entre investigadores y miembros del equipo de trabajo), de modo que evalué a unos 140 colegas nacionales y extranjeros a lo largo del mes que me concedieron, lo que hubiera supuesto unos honorarios de 35,000 euros según el estándar de la NYU, mientras que la retribución íntegra que percibí de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) apenas alcanzó el 1% de dicha cantidad. Como bien puede imaginar el lector a la vista del tiempo y de los recursos disponibles, las evaluaciones se hacen realmente en base a la bibliometría y al olfato desarrollado durante el ejercicio profesional. Así han sido mis evaluaciones de los colegas participantes en proyectos, dedicando un máximo de 4 líneas a informar sobre los investigadores principales y la mitad para los restantes investigadores, apurando el límite del espacio disponible para ello en el formulario de la AEI.
La evaluación cada 6 años de la investigación realizada por los profesores universitarios españoles a partir de 1986, para estimular nuestra (entonces) pobre producción científica, fue una exitosa iniciativa de la extinta Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) felizmente mantenida por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNAI) que la reemplazó. Los sexenios de investigación traen aparejadas reducciones de carga docente, complementos salariales consolidados que pueden alcanzar hasta un 15% de los ingresos totales y la homologación para ocupar cargos académicos como el rectorado (para el que la LOSU prevé un mínimo de tres sexenios). Como nuestro país carece de recursos económicos y humanos para evaluar con estándares de primer nivel a todo el profesorado universitario cada 6 años, la CNAI otorga o deniega los sexenios, en el caso de las disciplinas científicas y técnicas, ateniéndose a los rankings del Journal Citation Reports (JCR). El JCR es elaborado por Clarivate Analytics, que fue vendida en 2016 por Thomson Reuters a las empresas de capital riesgo Onex Corporation y Baring Private Equity Asia por un importe de 3,550 millones de dólares, operación que propició una mayor tolerancia al fraude científico que invalida actualmente al JCR como herramienta de evaluación. Un ejemplo ilustrativo de dicha tolerancia es la revista Mathematics, perteneciente al portal de revistas de acceso abierto MDPI, que está en el primer cuartil (Q1) en matemáticas, pero que es ignorada por MathSciNet (base de datos mantenida por una organización sin ánimo de lucro, la American Mathematical Society) por la baja calidad media de los artículos publicados y por los extravagantes datos objetivos proporcionados por la p. web de la propia revista: primera decisión (requerimiento de una pequeña revisión de estilo) en un promedio de 17.6 días y aceptación de la versión corregida en otros 3.7 (cuando cada uno de estos pasos requiere al menos 60 días en revistas serias), 12 editores en jefe (entre 1 y 4 usualmente), panel editorial compuesto por 805 editores generalistas y 648 temáticos (1,465 en lugar de la habitual veintena), y 226 revisores (más de 6 editores por revisor, cuando lo normal es que se invierta esta proporción). Los usuarios de este innecesario servicio (puesto que los contenidos de los artículos ordinarios se pueden distribuir libremente a través de múltiples repositorios como ArXiv o ResearchGate) pagan un importe del orden de 1,500 euros (el precio depende de la longitud del artículo y de los servicios extra recibidos). No es de extrañar que muchos colegas publiquen ahora un artículo al año en revistas del Q1 como Mathematics, asegurándose así el reconocimiento de sexenios investigadores con un mínimo esfuerzo y a expensas del erario público. Si la Universidad de Alicante está tan cercana al promedio de las universidades públicas españolas en picaresca profesoral como lo está en otros parámetros, MDPI habría recaudado en España, en 2020, la friolera de 15 millones de euros (cantidad en crecimiento explosivo), con un pico de ingresos en noviembre y en diciembre, coincidiendo casualmente con las fechas de solicitud de los sexenios.
Si la AEI y la CNAI no elaboran pronto rankings de revistas que excluyen a las consideradas depredadoras (como han hecho agencias homólogas de países como Austria, Chile o Australia), no tardaremos en encontrar equipos investigadores incompetentes despilfarrando recursos públicos e impostores al frente de nuestras universidades.
