Son muchos los estudios e investigaciones que se están llevando a cabo para determinar la huella que la pandemia ha generado en nuestra sociedad en términos de pobreza, exclusión y desigualdad. Se trata de conocer las consecuencias desencadenadas sobre las condiciones de vida de la población que, con mayor crudeza, ha sufrido estos meses tan duros, saber cómo ha afectado a la vida de personas y familias, evitando que haya sectores que se queden excluidos, marginados y apartados de la ansiada recuperación económica y social.
Entre los muchos datos que investigadores y centros de estudios manejamos, destaca con fuerza un elemento que en esta pandemia ha jugado un papel clave sobre la población más vulnerable en su acceso a ayudas y dispositivos sociales, e incluso por su papel fundamental para la inclusión social y la educación de sectores tan importantes como los niños, niñas y adolescentes (NNA). Nos referimos a la profunda brecha digital que se está abriendo en numerosos hogares y grupos de personas, particularmente los más pobres y vulnerables, convirtiéndose con rapidez en un factor de exclusión añadido de primer orden.
La brecha digital hace referencia a las dificultades crecientes que tienen determinados grupos sociales en el acceso, la utilización y el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente referidas a equipamientos digitales a través de Internet y las redes sociales. Es cierto que también se utiliza el concepto de analfabetismo digital para explicar los escasos o nulos conocimientos y habilidades que tienen determinados sectores de población para utilizar equipos y sistemas informáticos, así como su acceso a internet, si bien, ambos términos son distintos. La brecha digital nos habla de un espacio de desigualdad cada vez más acusado y profundo, mientras que el analfabetismo digital hace referencia a la falta de conocimiento y habilidades. Mientras la brecha digital es un proceso social, el analfabetismo digital se refiere a las competencias personales.
Es cierto que esta brecha digital ha venido tomando cuerpo en los últimos años con la misma velocidad con la que avanzaban las tecnologías en nuestra sociedad. Pero desde que estalló la pandemia, se extendieron los confinamientos domiciliarios, se generalizó la limitación de movimientos y las instituciones trataron de mantener su actividad a distancia por vía telemática, se aceleró un proceso que ha excluido todavía más a personas vulnerables que, por su situación, necesitaban mucho más apoyo y ayuda. Así, numerosas familias pobres, sin medios ni equipos informáticos, no podían acceder a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, tramitar las rentas autonómicas de inserción u otras ayudas que necesitaban para salir adelante. Tampoco podían comunicarse con instituciones públicas, acceder a entrevistas de trabajo o disponer de información básica fundamental para su vida y su trabajo a distancia. Pero también numerosos menores, que recibían clases online, tenían dificultades para seguirlas adecuadamente, a pesar del enorme esfuerzo que hicieron colegios, docentes y administraciones.
Las situaciones de pobreza y sufrimiento que se vivían en numerosos hogares, al ver con angustia cómo desaparecían los recursos imprescindibles para el sustento diario, aumentaban al comprobar la imposibilidad para solicitar servicios y ayudas esenciales que necesitaban, a las que solo se podía acceder mediante ordenadores con conexión a internet. De esta forma, a la exclusión social se añadía una exclusión digital que les alejaba del mundo físico, aumentando, todavía más, una vulnerabilidad repleta de incertidumbres ante un futuro al que cada vez les cuesta más incorporarse.
En el caso de menores, junto a la desigualdad en el equipamiento para disponer de ordenadores o tabletas digitales modernas con las que poder realizar sus tareas educativas, se superpone también la desigualdad en el uso y la falta de acceso adecuado a Internet. Diferentes indicadores subrayan la existencia de profundas diferencias dependiendo de los ingresos de los hogares de estos niños, niñas y adolescentes que se traducen en limitaciones educativas, sociales y laborales futuras.
Es cierto que la pandemia ha acelerado notablemente la digitalización de hogares, la renovación de equipos informáticos y la utilización de programas y servicios en Internet. Si observamos la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre “Equipamiento y uso de TIC en los hogares”, se observa con claridad el salto que se ha dado en toda la sociedad y en todas las comunidades autónomas en la utilización de estas tecnologías digitales por la pandemia. Así, las personas de 16 a 74 años que han utilizado internet en los últimos tres meses pasaron en toda España del 86,1% en 2018 al 93,2% en 2020, datos similares para la Comunidad Valenciana, donde se pasó del 86,3% al 93,1% en los mismos años. Pero estas cifras del INE también avalan esa creciente brecha digital, en la medida en que, en el año 2020, mientras el 96,2% de hogares con ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales disponía de acceso fijo por banda ancha, para aquellos hogares que ingresaban menos de 900 euros, el porcentaje de acceso fijo se reducía notablemente, hasta el 62,7%.
El avance hacia una sociedad cada vez más digitalizada profundiza, así, los procesos de exclusión en hogares vulnerables, una variable muy importante que deberá tenerse en cuenta a la hora de diseñar programas de intervención social.
