Lampedusa es el territorio más meridional de la Europa geográfica, y por ello tierra natural de llegada de solicitantes de asilo y migrantes. El 3 de octubre de 2021 tuve el honor de ser invitado por mi colega del Parlamento Pietro Bartolo, médico en la isla durante treinta años, a la inauguración de la restaurada puerta de Europa en Lampedusa. Allí se conmemora anualmente el terrible naufragio de 2013 donde perecieron 360 inmigrantes y que sacudió la conciencia de los europeos. Sin embargo, parece que muchos gobiernos ya lo han olvidado, o incluso se dedican activamente a construir violenta y descaradamente una “Fortaleza europea”. Los datos hablan por sí solos. La ONU ha calculado que casi 18.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo desde el naufragio de 2013, entre ellas, más de 1.000 en 2021. Esta continua tragedia se explica por la falta de corredores humanitarios y vías migratorias legales, así como de una misión de europea de salvamento y rescate, pero cada vez más las muertes en las fronteras de la Unión son el resultado de una política sistemática que persigue impedir por cualquier medio el acceso a la frontera y por tanto la posibilidad de solicitar protección internacional.
Es evidente existe una creciente agresividad hacia los solicitantes de asilo y migrantes por parte de muchos gobiernos de Estados miembros que practican el rechazo violento a la llegada al confín, expulsiones ilegales (devoluciones en caliente), y la denegación sistemática de la posibilidad de pedir asilo. En Grecia estas actuaciones han sido bien documentadas por múltiples organizaciones no-gubernamentales y periodistas. ACNUR ha sonado la voz de alarma y el defensor del pueblo griego ha emitido un informe denunciando la clamorosa falta de investigación rigurosa de estos incidentes y agresiones. De la suma de todos estos informes y artículos, emerge un claro patrón. Hombres enmascarados interceptan peticionarios de asilo, familias, niños y bebés, incluso aquellos que han llegado a suelo griego, los embarcan en precarias barcas hinchables o inhabilitan los motores de sus embarcaciones, abandonándolos a la deriva en aguas fronterizas con Turquía. Frecuentemente estas expulsiones se acompañan de violencia, incluida la violencia sexual, y de la requisición de documentos personales y teléfonos. Una reciente investigación por parte de un consorcio de periodistas identifica a estos hombres enmascarados como parte de unidades de élite de los guardacostas griegos y establece que las órdenes que los guían proviene del mismo gobierno. También concluye que Grecia está utilizando material financiado por la Unión para llevar a cabo estas expulsiones ilegales. Tras negar inicialmente las acusaciones, y bajo creciente presión, Atenas ha aceptado abrir una investigación.
Cabe reconocer que la Comisión ha intensificado recientemente su acción al pedirle a Grecia que establezca un mecanismo independiente para monitorear y evitar el rechazo de migrantes en su frontera como condición para desembolsar 15,83 millones de euros adicionales de los fondos migratorios. Ante tamaña violación de nuestro marco jurídico común y el socavamiento premeditado de los valores europeos, la condicionalidad presupuestaria debería aplicarse a la totalidad de los fondos de migración y asilo, como mínimo.
Esta política migratoria basada en expulsiones sistemáticas y violentas es igualmente cruenta en Croacia, un país que se halla en proceso de acceder a la zona Schengen. Estas devoluciones forzadas en Croacia hacia Bosnia y Herzegovina datan de lejos. El caso de dos niños de 12 años que fueron disparados en la cara en 2018 o la muerte por disparo de una niña de 6 años en 2017 dan muestra del tipo de actuación criminal que se ha venido perpetrando en la frontera croata. También son conocidas las brutales palizas, así como de nuevo la práctica recurrente de requisar documentación personal, ropa, dinero y teléfonos a los peticionarios de asilo. Estas prácticas documentadas por múltiples organizaciones internacionales y medios de comunicación han sido también analizadas por el consorcio de periodistas de investigación, concluyendo que unidades especiales de la policía croata, llamadas "policía de intervención", ejecutan estas operaciones como parte de la llamada "Operación Corredor". Igual que en el caso griego, se ha constatado el uso parcial del presupuesto de la Unión para financiar estas operaciones. Entre 2014 y el presente, se han concedido a Zagreb aproximadamente 177 millones de euros para la "gestión de la migración". Croacia finalmente ha accedido a investigar los hechos, lo que ha derivado en la suspensión de tres agentes bajo la pretensión que las violentas expulsiones ilegales se deben a comportamientos individuales.
Sin embargo, las autoridades croatas insisten que es ilegal acercarse a la frontera “sin autorización”, lo que es un sinsentido pues de este modo se impide efectivamente solicitar asilo. Las autoridades croatas se han visto obligadas por la UE ha establecer un mecanismo de monitoreo de fronteras, que debería garantizar el derecho a solicitar asilo. Pero el diseño avanzado por Croacia sobresale por sus deficiencias en cuanto a su independencia y eficiencia. Por un lado, las organizaciones encargadas de realizar este control dependen de las subvenciones gubernamentales. Por el otro, todas las visitas en frontera se realizan previo aviso y los responsables no tienen acceso a las zonas donde se llevan a cabo las expulsiones.
Es igualmente inaceptable la situación que se vive en la frontera con Bielorrusia en Polonia y Lituania a raíz de la instrumentalización de los flujos migratorios por parte del régimen de Lukashenko, como represalia por la imposición de sanciones europeas. Lukashenko está facilitando la llegada de migrantes y solicitantes de asilo, consciente que el miedo a la migración es uno de los puntos débiles de muchos gobiernos europeos. Esta manipulación con fines políticos de la migración debe ser censurada. Sin embargo, esto no equivale a convertir a personas en necesidad en una amenaza y, por ende, no pueden ser justificadas las expulsiones sistemáticas en Polonia y Lituania tras la declaración de sendos estados de alarma, ni la retórica belicista que define esta situación como actos de “agresión” o “guerra híbrida”. Estos hechos se han constatados por parte de una supervisora de derechos fundamentales de la agencia Frontex que ha presentado 14 informes graves de expulsiones colectivas en Lituania. Adicionalmente, el gobierno polaco ignora a día de hoy una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instando a que se proporcione alimentos, ropa y atención médica a las personas atrapadas en la frontera. Como consecuencia, al menos cinco personas han muerto ya de hambre y frío, situación que se agravará con el invierno si no se toman medidas urgentes, además de un nacional iraquí tras ser apaleado por guardias de frontera. Por otro lado el estado de emergencia impide a periodistas, cooperantes y organizaciones internacionales acercarse a menos de tres kilómetros de la zona fronteriza dejando totalmente desprotegidos a los que allí se encuentran, además de impedir que se tenga conocimiento de lo que está sucediendo.
Mientras se desarrolla este drama, la Comisión Europea ha alegado hasta ahora carecer de poderes de investigación sobre estas violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en las fronteras, pero olvida que como guardiana de los tratados en una competencia compartida entre la Unión y los Estados (migración y asilo), puede y debe iniciar los procedimientos por incumplimiento del Derecho europeo ante el Tribunal de Justicia para todos aquellos países donde las expulsiones, mayormente violentas, incluso con resultado de muerte, son hoy la base de la su política migratoria. Debe recurrirse también la ley que acaba de aprobar el parlamento polaco “legalizando” las devoluciones en caliente, en clara contravención de la legislación europea y la Convención de Ginebr
