Solía decir Almudena Grandes, gran escritora fallecida hace unos días, que en España siempre que la derecha pierde el poder se lo toma como si se lo hubiesen robado producto de la idea de que España es suya porque la han heredado. Es decir, y esto lo digo yo, que para la derecha española cualquier mayoría de izquierdas que salga de las urnas y sea después refrendada en el Congreso de los Diputados siempre será consecuencia de una desviación histórica, de una especie de error en el espacio tiempo que surge porque la izquierda o comete pucherazo en las elecciones o se alía con la antiespaña, formando, por tanto, gobiernos ilegítimos que deben ser depuestos a cualquier precio.
Esta es la idea que la derecha y la ultraderecha española, me refiero al PP y a VOX, llevan repitiendo desde el primer minuto en que Pedro Sánchez logró formar Gobierno en un tiempo en el que las mayorías de los partidos tradicionales, PP y PSOE, han desaparecido al menos de momento. Todas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular siempre van en el mismo sentido, en el de resaltar la ilegitimidad del actual Gobierno porque, como todo el mundo debería saber, o al menos eso cree la derecha, el único Gobierno posible que puede salir de las urnas es un Gobierno de bien, es decir, uno de derechas dirigido por los herederos del tradicionalismo y el catolicismo que tanto daño han hecho en la historia de España desde que sus antepasados decidieron no aceptar la libertad, la justicia social y la democracia derogando la Constitución de Cádiz, fomentando las guerras Carlistas y más tarde provocando la Guerra Civil española. El actual estado de crispación que la derecha se empeña en fomentar y mantener no es nada nuevo en realidad: ya lo llevó a cabo durante la Segunda República, casi con los mismos patrones irresponsables que lo hace hoy en día, con personajes como José María Gil-Robles.
En algún momento de la democracia española el Partido Popular -antes Alianza Popular- decidió que cualquier ley aprobada por el Parlamento contraria a sus ideales sería recurrida de manera inmediata al Tribunal Constitucional (TC). En especial aquellas leyes que supusiesen una mejora para los derechos que pueden ampararse bajo los epígrafes de libertades de conciencia o de derechos individuales. La derecha española repite constantemente el concepto de libertad como una forma de hacer lo que les venga en gana y siempre que se adecúe a su forma de pensar. Para el derecho al aborto o al matrimonio homosexual, ejemplos claros de libertades individuales, el Partido Popular no acepta que cada persona pueda ejercer su libertad. El segundo paso, después de acudir al TC, es tratar de colocar en los principales tribunales y organismos judiciales no ya a magistrados de tendencia conservadora si no directamente a personas que se hayan caracterizado por una sumisión clara y directa a las ideas y a los dirigentes del Partido Popular. Con esto busca la derecha conseguir en los despachos lo que no ha obtenido en las urnas.
Y para ayudar a conseguir esta martingala democrática, la derecha española cuenta con decenas de fieles ayudantes que no dudan en criticar y denostar cualquier iniciativa legal tomada por el Gobierno que, aunque moleste, es el resultado del ejercicio libre del voto por los ciudadanos. No hablo de contraste de ideas si no de ataques furibundos sin reflexión jurídica alguna hechas con ánimo de confundir a aquellos que poseen escasos conocimientos de Derecho o poca formación general. Aparecer en las páginas de un periódico no otorga ninguna presunción de veracidad en lo escrito por muy catedrático o juez que sea alguien. Es más, que yo sepa para ambos cargos hace falta superar una oposición, que no es más que repetir temas como un papagayo, tener el doctorado y publicar en revistas especializadas que no se leen ni en los seminarios de las facultades. Sin embargo, para ser presidente del Gobierno o ministro es necesario que millones de personas hayan votado a la formación política de la que provienen. Para mí tiene mucho más valor e importancia ser producto del ejercicio de la democracia que de un examen.
Muchos de estos catedráticos y magistrados aspiran a ser recompensados con un carguito tras una hipotética y futura victoria del Partido Popular que tendrá que apoyarse en la ultraderecha VOX si quiere gobernar, algo que, para estos ilustres comentaristas, sería lo más normal del mundo. El nivel de sumisión en el que caen estos supuestos expertos en Derecho atacando todas las leyes que aprueba el actual Gobierno solo para destacar como azote de la izquierda, resulta en ocasiones bochornoso y patético. Opiniones hay muchas y sobre Derecho más todavía. Por eso es tan importante que detrás del nombramiento de jueces y magistrados para el TC o el CGPJ esté la ciudadanía y sus representantes legales. Lo contrario supondría que catedráticos y juristas de derecha extrema o antiguos socialistas reconvertidos en ultraliberales ocupasen uno de los tres poderes del Estado poniendo en grave peligro la democracia y la libertad.
