Avanzada la ejecución del Acueducto Júcar-Vinalopó, tras los horrorosos atentados de 11 de marzo de 2004, se produjo la imprevista alternancia política en España, que conllevaría la suspensión de las obras primero y la desnaturalización del proyecto después, con el cambio de toma del conducto: desde la originaria de Cortes de Pallás, en el tramo superior del Júcar mediterráneo, al Azud de la Marquesa, en término de Cullera, próximo a la desembocadura. Así, inesperadamente, esta histórica presa de derivación fluvial, desconocida para la inmensa mayoría de la Comunidad Valenciana o, en el mejor de los casos, olvidada, cobró, en pocos días, notoriedad y gran actualidad; en especial para los damnificados por la decisión, es decir, los destinatarios del agua de Cortes en el Vinalopó, Alacantí y Marina Baja. Daño colateral, grave y revelador, ha sido también el inferido al patrimonio monumental valenciano, con la demolición de un histórico azud –el de la Marquesa- muchas veces quebrantando por las colosales riadas del Júcar y otras tantas rehecho desde el medievo.
Hasta la Guerra de Sucesión, Cullera fue villa de realengo, dejó de serlo durante el conflicto: en 1706, la reina consorte Mª Luisa de Saboya concedió el marquesado de Cullera a Don Cristóbal de Moscoso y Montemayor, conde de las Torres de Alcorrín, general victorioso en el reino de Valencia, Capitán General, Virrey de Navarra y I Duque de Algete (1728). La concesión del marquesado de Cullera fue ratificada por Felipe V en sendos reales decretos de 22 de agosto de 1707 y 28 de octubre del mismo año, en idénticas condiciones a como lo había recibido, del pretendiente Carlos de Habsburgo, Esperanza Ramos, madre de Juan Bautista Basset. Señorío tardío, el de Cullera revestía carácter casi enteramente jurisdiccional, con escasa presencia de elemento solariego. Así pues, las rentas del marquesado de Cullera procedían, casi por completo, del ejercicio de la jurisdicción y del disfrute de algunas regalías y de bienes confiscados o mostrencos. Ciertamente no era este el caso del molino hidráulico al que servía el referido azud: se trataba de una regalía de gran interés económico y que había requerido la construcción, por elemental que fuese, de un azud en un río que había sido navegable y continuaba siendo, desde luego, flotable.
Según el Arquitecto José Calvo, el expresado molino aparece mencionado en el testamento otorgado, en 1584, por Don Lluis de Vich y Ferrer, Barón de Llaurí, en calidad de dueño del mismo. De la inmediata ascendencia de este Don Lluis refiere Escolano (1611): “Poseyó su herencia (la del Embajador mosén Guillen de Vich”) por los años de mil cuatrocientos y ochenta, mosén Luis de Vich, su hijo, que fue un grande privado del rey don Juan el Segundo y su Maestre racional. De aquí adelante, si bien entró en esta casa la sobredicha Baronía de Llaurí por compra, salió de la antigua herencia las Valles de Ebo y Gallinera… A Luis de Vich le sucedió en otra tanta privanza con el rey Católico don Fernando… mosén Gerónimo de Vich su hijo, que le sirvió en Roma de Embajador ordinario por espacio de veinte años… y no fueron menores (los feudos) que recibió del Emperador Carlos quinto, a quien sirvió también de Embajador… “Posiblemente, fue Luis de Vich, comprador de la Baronía de Llaurí, quien adquirió o recibió esta regalía del molino hidráulico de Cullera. A comienzos del siglo XIX aún pertenecía al Barón de Llaurí y pasaría luego, por sucesión, a la casa marquesal de Malferit. Dichos títulos de la nobleza territorial y jurisdiccional valenciana mostraron inequívoca lealtad a Felipe V; es decir, a los efectos que ahora interesan, el susodicho molino no fue objeto de confiscación ni perteneció a los marqueses de Cullera. En efecto, la marquesa que dio nombre a azud y molino no lo fue de Cullera, sino de Malferit.
Suprimidos los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos por el Decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, se edificaron otros molinos; de los que se distinguía este, el más antiguo y de mayor capacidad, con la significativa denominación de “Molino Grande” (“Molí Gran”): era un molino mixto, de arroz y cereales panificables, dotado de 3 muelas arroceras y otras tantas harineras, accionadas por las aguas derivadas del Júcar por el azud. El 6 de julio de 1864, el letrado Gerardo Estellés, apoderado general de Don Pascual Mercader y Roca, Marqués de Malferit, solicitaba autorización para fortalecer el azud y reedificar el molino, según proyecto del arquitecto José Calvo; unos meses después, el 26 de febrero de 1865, se concedía la oportuna licencia. Sin embargo, entre una y otra fecha, la descomunal avenida del Júcar de 4 de noviembre de 1864, la célebre “Riuada de San Carles”, la peor, junto a la de 20 de octubre de 1982, de que hay noticia en la cuenca; potenciada, además, en sus efectos destructivos por una enorme maderada, fuera del control de los gancheros, dañó seriamente el azud y requirió una costosa reparación, a expensas del marqués de Malferit, titular del molino y de su servidumbre hidráulica. Es de notar que el proyecto y dirección de la infraestructura hidráulica se producía cuando remitía la encendida controversia de competencias entre arquitectos e ingenieros tras la publicación de la Real Orden de 25 de noviembre de 1846, que permitía a los primeros construir caminos, puertos y canales, siempre que fuesen “obras de servicio particular y utilidad privada”, o sea, de financiación privada, como era el caso.
Rehecho el azud, reemplazando la arruinada presa de “simples tabliestacados y pilotaje relleno de mampostería en seco” por una fábrica más consistente y el afianzamiento de sus estribos; se levantó un magnífico molino, con 800 m2 de superficie, que incrementó su capacidad de molturación en 50%, añadiendo 3 muelas nuevas, pasando de 6 a 9, 6 arroceras y 3 harineras. Como la muela de agua equivale a 260 l/s, se requerían, como mínimo, 2,34-2,50 m3/s para impulsar las nueve del molino ampliado, ubicado en un magnífico edificio, al que llega una gran acequia que recibía el agua derivada del Júcar por el azud. Fallecido el marqués, concluidas las obras del azud, canal -“riuet”- y molino; popularmente, fueron conocidos por Azud de la Marquesa y Molino de la Marquesa, en referencia a quien lo era de Malferit.
El referido cambio de toma de Cortes de Pallás al desaparecido Azud de la Marquesa ha conllevado graves consecuencias: en primer lugar, la desnaturalización del proyecto, al sustituir agua virgen por otra de retorno, con problemas de contaminación orgánica e inorgánica, inapropiada para consumo humano y nada aconsejable en cultivos hortícolas sensibles. Efecto inmediato fue la exclusión fáctica de los abastecimientos, puntal económico esencial para la financiación del proyecto y su explotación, más gravosa ahora por el mayor consumo energético. Así pues, olvido voluntario y preterición de los objetivos prioritarios de suministro a poblaciones y recuperación de acuíferos. Tampoco es desdeñable el daño al patrimonio cultural ni la inversión inútil e infructuosa: detrimento ha supuesto la destrucción de uno de los mejores conjuntos históricos de molinería hidráulica de la Comunidad Valenciana. El menoscabo atañe al coste de infraestructuras terminadas o a medio construir eliminadas del nuevo trazado, notoriamente más largo y complicado. Hay también desproporción entre la cantidad gastada, aproximadamente 400.000.000 de euros, y el resultado. El proyecto desvirtuado, lamentable remedo del originario, de alcance muy limitado, solo se ha tenido en pie por necesidad y la dedicación de técnicos y operarios. En verdad, lo acaecido, los últimos tres lustros, en torno al demolido Azud de la Marquesa no es diacronía modélica ni digna de loa, por notoria carencia de sentido de Estado. Sin duda, bien diferente sería la situación si las administraciones concernidas hubiesen hecho honor al solemne convenio y demás compromisos con los usuarios del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, vulnerados una y otra vez.
