Recordará el lector el revuelo armado en la profesión periodística cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acusó a los medios de haber montado una campaña contra él y su partido.
Inmediatamente todos se le echaron encima, acusándole de tentaciones totalitarias como las del Gobierno venezolano de Maduro y de querer acabar aquí con la libertad de expresión.
He sentido siempre gran repugnancia por el corporativismo imperante en determinadas profesiones, ya se trate de políticos, de jueces o de periodistas.
Hay que reconocer en todo lo momento los errores y entonar, siempre que corresponda, el mea culpa. Los ciudadanos, a quienes nos debemos siempre los periodistas, tienen derecho a ello.
Pero en este caso, ni siquiera se trata de errores, sino de escandalosas violaciones del código de la profesión, que éste sí debería ser sacrosanto.
Resulta que, como sospechábamos algunos, Iglesias tenía razón en sus críticas: casi desde el mismo momento de su surgimiento, el partido a la izquierda del PSOE ha sido muy molesto para el “establishment”.
Y éste, con ayuda de policías infames, jueces indignos y periodistas corruptos, no ha vacilado en ningún momento en recurrir a la mentira para enfangar a Podemos y a quienes lo lideran.
Hay por ahí un periodista que, conchabado con políticos sin demasiados escrúpulos y la mal llamada “policía patriótica”, se ha especializado en esos métodos cuasi gansteriles.
Un periodista, por llamarle de algún modo, al que invitan las cadenas de la televisión privadas, siempre ávidas de publicidad, que parecen tratarle como si fuera una diva.
Y hay un segundo periodista, que aparece a todas horas en la pequeña pantalla y que ha perdido de pronto su credibilidad después de que un periódico revelase un fragmento de su conversación con el comisario de los mil chantajes.
Este periodista aceptó incluir en un programa de la máxima audiencia la noticia de una supuesta cuenta de Podemos en el paraíso fiscal caribeño de las islas Granadinas que había llegado a su poder por intermedio del primero.
Una información fabricada en las cloacas del ministerio del Interior, gobernado entonces por el PP, y que, como muchas otras de igual procedencia, eran filtradas oportunamente a ciertos medios para que las difundieran y hacer así daño a determinados partidos.
Para más inri, aunque Podemos presentó una denuncia contra esa falsa información que, sin haber sido debidamente contrastada, terminó publicándose en varios medios, la juez la archivó y avaló en cambio, según leemos, el trabajo de los periodistas. ¡Calumnia, que algo queda!
Me intriga saber qué hará con este caso la Asociación de la Prensa madrileña, tan solícita siempre en defender a la profesión frente a las intromisiones “intolerables” de los políticos.
