La aventura épica del 1-O estaba condenada al fracaso, y así lo hubieran visto a tiempo quienes la promovieron si hubiesen medido mejor la fortaleza del régimen basado en la Constitución de 1978, que, aunque controvertido ahora en alguno de sus aspectos, goza de generalizado consenso (en muchas ocasiones tácito y hasta subconsciente) y por consiguiente es imposible de abatir.
En definitiva, las dos formaciones nacionalistas, la conservadora y la progresista, que impulsaron aquella tentativa soberanista, se equivocaron absolutamente, y el drama desembocó donde debía: en un proceso judicial que impuso serias condenas y desactivó definitivamente la viabilidad de la llamada vía unilateral. Una de las partes, ERC, interiorizó relativamente pronto aquella evidencia, reconoció el error y, apoyada en los pacificadores indultos que atinadamente concedió el gobierno en uso de sus atribuciones, ingresó en la constitucionalidad, sin abandonar, por supuesto, el independentismo.
Ahora, la otra parte, la pospujolista, controlada por el prófugo Puigdemont, ha renunciado a hacer lo propio, a reingresar en la legalidad para mantener su discurso desde dentro de la política y no extramuros de la democracia. Eso supone un suicidio político que deja en ruinas los restos de aquella CiU que ya comenzó a desacreditarse con aquel infame 3% que ya marcaba el camino a todos los epígonos que han venido después.
