Las Cortes Valencianas aprobaron esta semana la tasa turística, el impuesto por el que se gravarán las pernoctaciones de los turistas. Una imposición de Podemos a la que se sumó tarde pero impetuosamente Compromís porque le valía cualquier polémica con tal de alejar la mirada de las guerras civiles que están destrozando la coalición. Y a la que se ha dejado arrastrar el PSOE demostrando tanto cálculo como precariedad.
Ha sido tan largo el parto de este impuesto, que resulta a estas alturas innecesario reiterar la inoportunidad del mismo y la insustancialidad de los argumentos a su favor. Todos los que se han esgrimido o parten de bases falsas o son, directamente, mentira. Sencillamente, no hay ningún destino turístico dirigido al segmento de mercado del que vive el sector en la Comunidad Valenciana que haya aplicado un tributo como ese. Tampoco hay informes que lo avalen. Ni se ha armado técnica ni jurídicamente el mecanismo para aplicarlo. Aquí de momento lo único que hay es lo peor que podría haber: el anuncio a un mercado enormemente competitivo de que se impone un impuesto, aunque no se sepa ni quién ni cuándo ni cómo se va a cobrar. La prueba de que quienes lo están aprobando saben que no hay justificación alguna para ello es que es un impuesto «voluntario» (hay barra libre para cobrarlo o no) y «en diferido» (no se aplicará hasta 2024, pasadas las elecciones autonómicas y municipales). Lo nunca visto en materia fiscal.
La cuestión no es, por tanto, el tributo. Sino las enormes contradicciones de todo tipo que pone de relieve. Se aprueba un impuesto que deben gestionar los ayuntamientos, pero sobre todo los turísticos, a pesar de que la totalidad de los alcaldes de municipios turísticos, de un partido u otro, lo han rechazado: hasta el alcalde de Dénia, que no es precisamente un político sospechoso de actuar a los dictados de ninguna patronal, se ha opuesto. Se aprueba en València una norma para un sector que es la primera industria de Alicante, a sabiendas de que en Alicante la norma suscita un rechazo mayoritario. Se presenta el tributo como un «triunfo» de «la gente» contra «la patronal», cuando al que se le cobra no es al empresario, sino al ciudadano. Se esgrime como razón que los turistas deben pagar «lo que consumen», cuando es precisamente la cualidad de «consumidor» la que define al turista: es de lo que gasta de lo que vive una industria que representa el 17% del PIB de Alicante y el 14 del de la Comunidad. Pero al mismo tiempo la Administración incumple desde hace años la obligación que sí le compete: la de financiar correctamente a los municipios que reciben a esos turistas. Esos municipios están obligados a proporcionar servicios muy por encima de los recursos públicos que reciben, pero la riqueza que aportan los turistas no se la quedan solo ellos, sino que nutren las arcas comunes. Se alega que gravar las estancias servirá para combatir fenómenos como el de la gentrificación. Pero efectos perversos como ese tienen relación, no tanto con el sector reglado, sino con los apartamentos de alquiler y las viviendas particulares que se arriendan de forma fraudulenta. Y son precisamente estos los que quedan fuera del radar del impuesto. Y la mayor de todas: se da vía libre a un impuesto a unos cuantos, mientras en paralelo se extienden bonos y subvenciones de todo tipo para el sector que salen del presupuesto que pagamos todos, los que viajamos y los que no. Y se alardea al mismo tiempo de que el impuesto sólo supone «unos pocos euros» para el que lo pague, y muy poco ingreso para quien lo perciba, mientras se gastan millonadas (que salen de otros impuestos) para todos esos bonos y subvenciones.
Se ha aprobado un nuevo impuesto, la tasa turística, interpretado por quienes lo ponen como un «triunfo» de la gente sobre la patronal, aunque lo va a pagar «la gente» y no la patronal
No va a haber ninguna catástrofe, desde luego, porque ese impuesto se cobre. No se trata de eso. Se trata de que, cuando la política, en el ámbito de la gestión, se mueve fuera de los parámetros de la racionalidad y el interés general y se circunscribe al ámbito de la pura estrategia partidista, de los prejuicios, los complejos y los dogmas, el resultado suele ser un estropicio. El president Ximo Puig se ha pasado varios años declarándose contrario a este impuesto. Pero lo cierto es que ha votado a favor de su implantación, por cálculo, por necesidad o por ambas cosas. Los dirigentes de Podemos, cuya portavoz saludó hace un año el pacto para aprobarlo puño en alto, no actúan movidos por la preocupación por los problemas reales que tienen los ciudadanos a los que dicen representar, sino sólo por su colección de clichés y obsesiones personales. Y en cuanto a los de Compromís, tiene razón el exalcalde de Benidorm Manuel Pérez Fenoll cuando dice que hay mucho de «turismofobia» en la posición defendida por la coalición nacionalista. El problema es que, en este caso, esa «turismofobia» perjudica directamente al carácter y la competitividad de una industria determinada con una implantación enorme en un territorio concreto. Los turistas no votan. Los que viven de ellos, sí.
Lo que ha puesto de relieve la tramitación de este nuevo impuesto no es ni más ni menos que la incapacidad del Botànic en algunos temas para pasar de la manifestación a la gestión. Antes de aprobar un impuesto, lo que los socios del Gobierno de la Generalitat deberían tener es una política turística. Y eso es lo que no tienen. Un sector tan importante como ese, el más relevante de todos, debería contar con un plan. Y no lo hay. El secretario autonómico de Turismo se ha preocupado de dialogar con la industria y escucharla, y por eso le respeta, y con los ayuntamientos, que le atienden sean del color que sean. Y ha impulsado un proceso de modernización del sector, contando con la mayor patronal de la industria como es Hosbec. Pero lleva desde el mismo día en que le nombraron siendo el Gary Cooper de «Solo ante el peligro». El papel que le ha hecho Francesc Colomer a Ximo Puig es formidable. Si el president de la Generalitat no tiene ahora mismo un conflicto gravísimo con quienes representan el primer epígrafe del armazón económico de la Comunidad es porque Colomer ha hecho de dique de contención. Si Colomer dimitiera mañana, que es lo que siguiendo la lógica política debería hacer puesto que se ha aprobado un impuesto para el sector del que él se ocupa contra el que se había manifestado con toda rotundidad; si el secretario autonómico de Turismo renunciara, digo, Puig se enfrentaría en Alicante, al borde de unas elecciones, a un golpe muy duro de imagen. No sé si lo ha medido bien, pero me parece que muchos son ya los sacrificios que le está pidiendo a quien tuvo que presidir unas Cortes sabiendo que no iba a estar al frente de ellas más que unas semanas, tuvo que conformarse con ser secretario autonómico cuando tenía que haber sido conseller y ahora tiene que consentir que su prestigio personal quede arrasado por quienes quieren determinar su política sin haberse preocupado jamás de ella. Como mínimo, en todo este proceso me parece que a Puig le ha faltado una declaración de sustento a su responsable de Turismo. Sería una contradicción más entre lo que se dice y lo que se hace, pero al menos resultaría supongo reconfortante desde el punto de vista meramente humano.
Las Universidades están en pie de guerra por la financiación. Interactuar en Facebook es fácil. Pero la consellera de Universidades está para intervenir en el pleno del Consell
Más gestión, menos proclamas. Eso es lo que se necesita, sobre todo con la que está cayendo. Pero no es lo que se hace. Lo estamos viendo día sí, día también, y esta semana ha sido especialmente pródiga en ejemplos. Las Universidades están en pie de guerra por unos presupuestos en los que no se ha contado con ellas, que les ponen en aprietos hasta para pagar las nóminas y en los que -ojo- el reparto de las miserias vuelve a estar sesgado a favor de Valéncia y en contra de Alicante, Elche y Castellón. Como ocurre con la Agencia Valenciana de Innovación. Ambas son cosas que dependen de la única consellera que tiene su despacho en Alicante, Josefina Bueno, pero de ella seguimos conociendo más de sus reflexiones personales que de sus posicionamientos políticos. Cualquiera puede comprender que es más fácil interactuar en Facebook que en el pleno del Consell. Pero Josefina Bueno no se metió en esto para opinar en las redes sino para mejorar las cosas. Y eso se consigue en la batalla política, no en la mediática.
La vicepresidenta Aitana Mas, protagonista de otro de los casos que han puesto en evidencia esta semana las deficiencias en la actuación y la coordinación del Consell, tampoco parece haber encontrado aún ni el sitio, ni el tono, ni el discurso, ni la responsabilidad que le compete. La denuncia del Síndico de Agravios, Ángel Luna, acerca del bono social «térmico» que 160.000 familias no han cobrado, simple y llanamente, por la incapacidad del Consell para organizarse, es de las más graves que se han podido ver en toda la legislatura. Nos llenamos la boca hablando de ayudar a la gente, de pensar en las neveras antes que en las urnas, como decía Ximo Puig, pero resulta que nadie en el Consell, ni Presidencia, ni Igualdad, ni Vivienda, ni Economía, nadie, pidió los 10 millones de euros que el Estado tenía que aportar para que esas ayudas dirigidas a las personas más vulnerables se pagaran. La contestación a todo ello de la vicepresidenta Aitana Mas ha sido decepcionante. Que ella no estaba en 2020, primero. Que 2020 fue un año difícil por el Covid, después. Y que van a ver de poner el dinero desde el presupuesto de la propia Generalitat, a pesar de que tenía que venir de Madrid, por último.
La denuncia del Síndico de Agravios sobre la ineptitud del Consell para gestionar las ayudas «térmicas» es gravísima y no se responde con una camiseta «que mola», sino destituyendo a los responsables
Con una respuesta así, sólo cabe preguntarse cuál cree que es su función. Ella misma, en la misma semana, que ya digo que ha dado para todo, ha proporcionado la solución, acudiendo a las Cortes con una camiseta de la empresa «Teta & Teta», que según contaba el periódico Levante vende productos destinados a «desexualizar» los pechos y reinvierte los beneficios en iniciativas sociales. La camiseta, con unos pechos dibujados con un par de alegres trazos, no escandaliza, ni provoca, aunque llame la atención. Así que si ese era el objetivo de la vicepresidenta, al menos por lo que al que firma toca, nada que decir. Pero sí tiene lecturas colaterales: la primera, si alguna izquierda no debería reflexionar sobre los efectos perversos que acaba teniendo el convertir las instituciones en un escenario en el que la pura acción política se desvirtúa en beneficio de los golpes de efecto. Porque si conviertes un Parlamento no en el sitio en el que los representantes de la soberanía popular contraponen proyectos políticos, legislan y controlan al Gobierno, sino en un plató de televisión, abres la puerta a que los extremismos populistas aprovechen la plataforma de lujo que les brindas para vender sin cortapisas su pernicioso producto. Porque si una política joven tiene que recurrir a las mismas estrategias que aquella a la que sucedió (la de las camisetas), todo el mundo podrá pensar que la que ha venido no tiene ideas ni estrategias propias. Y porque se trata de gestionar y de rendir cuentas de la gestión. No de pavonearse con un «mira lo atrevida que soy». 160.000 familias, que no tenían recursos suficientes para pagar la energía que necesitan para calentarse o tenían que hacer un esfuerzo enorme para lograrlo, no han recibido las ayudas a las que tenían derecho porque la Administración autonómica no ha hecho su trabajo. Así que, o Aitana Mas reparte decenas de miles de camisetas, da igual si con tetas pintadas o sin ellas siempre que sean de felpa, o destituye a alguien por tamaña irresponsabilidad. Y luego, si quiere nos echamos unas risas. Pero después del trabajo. Antes, no.
