Con los Letrados de la Administración de Justicia

La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, antiguos Secretarios Judiciales y pieza esencial del proceso, está teniendo un seguimiento casi unánime entre estos profesionales, teniendo como consecuencia la paralización de los juzgados y, a pesar de ello, recibiendo el apoyo de todos los que se dedican a la Justicia y son conscientes de las razones que los han movido.

Por el contrario, poca o muy escasa es la repercusión que esta acción está teniendo en la prensa que, llama la atención, tan presta es a dedicar titulares y contenidos a las pugnas en los ámbitos dependientes de la política, con seguridad los que tienen menor efecto en la satisfacción de los derechos e intereses de los ciudadanos.

El silencio es casi absoluto ante la falta de medios dispuestos por el Ministerio competente y las CCAA en el ámbito de la Justicia, que pretenden paliar, con más propaganda que certeza, mediante el apoyo a figuras que, como la mediación y sin restar ni un ápice a su importancia, se impulsan como medio para lograr ese nuevo e indeterminado concepto de eficiencia, que no de eficacia, el clásico y que se traduce en la aplicación de criterios economicistas en lo que es un Poder del Estado, no un mero servicio público que haya de gestionarse atendiendo a la relación coste beneficio. No es buena esta referencia tan en boga a la noción de servicio público sin meditar sobre sus consecuencias.

Muchas son las voces que últimamente reconocen, desde esta nueva izquierda, que la Justicia no tiene solución por su carestía y que los ciudadanos deben empezar a resolver por ellos mismos sus problemas. El propio legislador, sin especial cuidado, se pronuncia de este modo en la Exposición de Motivos de la aún no nacida Ley de Eficiencia Procesal. Vieja idea desterrada de las modernas sociedades que ahora se recupera bajo argumentos que se traducen en el abandono de la protección estatal a la ciudadanía, en menor inversión y en desigualdad.

La figura de este cuerpo de funcionarios, los LAJ, siempre ha transitado en una suerte de nebulosa acerca de su condición, su equiparación a los jueces y magistrados al nivel al menos de retribuciones o, mejor dicho, su determinación con referencia a las funciones de cada uno de estos cuerpos. Preocupa igualmente su dependencia orgánica, que bien pudiera ser contraria a las funciones asumidas desde hace algunos años, propias de la función jurisdiccional. Quien desarrolla competencias asimiladas a las jurisdiccionales necesita plena independencia. Y este dato no debe ser relegado en un debate sobre la figura de unos profesionales implicados en un proceso dependiente de ellos cada vez en mayor medida.

Los letrados de la Administración cumplen funciones propias y, a la vez, otras muy cercanas o incluibles en la potestad jurisdiccional, no limitada a juzgar y hacer ejecutar a lo juzgado, pues es ampliable a la ordenación procesal, entre otras, en palabras de CARNELUTTI.

Son, ahora, tras la atribución de múltiples competencias, una suerte de jueces de tramitación, procesales, cuya labor, aunque sujeta a recurso ante el juez, es o debe ser considerada similar a la judicial, pues lo ahora asumido era competencia judicial hasta hace pocos años y genera obligaciones procesales.

Solo el hecho de negarles una condición que podría considerarse útil y acertada impide que los LAJ amplíen sus competencias descargando a los jueces de labores que podrían perfectamente asumir estos profesionales, dejando a los jueces las decisiones sobre el fondo. Que se pudiera recurrir no quita ni pone, pues las decisiones de los jueces también pueden ser impugnadas.

Una reforma en este sentido debería estudiarse con la calma y la serenidad necesarias, abandonando toda influencia de corporativismo y superioridad. Ahora que se quieren implantar los llamados tribunales de instancia sería el momento idóneo para plantearse, como se ha hecho en algunos países, esa transformación del cuerpo en uno asimilado al judicial, el de jueces de tramitación, lo que brindaría posibilidades infinitas, incluso en materia de conciliación intraprocesal.

Hoy, tras las sucesivas reformas y la ampliación importante de competencias a los LAJ, es razonable que los salarios sean los adecuados a las funciones encargadas, tomando como referencia los de los jueces que, antes, cumplían lo ahora concedido y transmitido. No es muy lógico asimilar por la vía de hecho, negar la condición que se asume y no tener en cuenta la nueva consideración profesional a efectos de retribución. La huelga está pues, plenamente justificada.

España necesita una Justicia menos eficiente y más eficaz, menos política y más profesional, más cercana al problema y alejada de ideas ampulosas que en el fondo persiguen debilitar el modelo social repercutiendo en los ciudadanos la solución de los problemas que competen al Estado. España necesita algo más de tecnocracia y menos de demagogia en el ámbito de la Justicia.

La huelga de los LAJ es algo más que una petición de dinero, es la puesta en escena de la necesidad de reformar la Justicia atendiendo a sus problemas reales, no a los creados o artificialmente expuestos. No es el problema de la Justicia, la cotidiana, quién nombra al CGPJ, ni el uso de las lenguas oficiales, ni las leyes para minorías –respetables., en las que se ha embarcado el Gobierno. Eso es divertido. Pero la Justicia es la de todos, la diaria, la de los millones de ciudadanos que sufren los efectos de la falta de inversión material y la escasez de medios personales. Ese es un reto que los LAJ ahora han vuelto a plantear. Por eso es nuestro deber apoyarles.