El buen gobierno

Las encuestas electorales no son un dogma de fe, sino una herramienta utilizada para medir y estimar las preferencias y tendencias de voto de la población en un determinado momento. No son infalibles y están sujetas a ciertos errores y limitaciones como en muchas ocasiones se ha visto. Además, las preferencias y opiniones de los votantes cambian a lo largo del tiempo, especialmente durante el transcurso de una campaña electoral.

Un ejemplo es lo que ocurre en estos días con el tema de la presencia de etarras con delitos de sangre en las listas electorales de Bildu y que los socios del gobierno están intentando enmendar. Ese efecto no se ha estudiado todavía en ninguna encuesta. Pero lo que está claro, según las previsiones que nos dan las encuestas, es que los próximos gobiernos estarán formados en su mayoría por coaliciones electorales, como los han sido en la legislatura que termina.

Las coaliciones de gobierno tienen sus vicisitudes. Desde luego, a nivel comunicativo siempre generan momentos interesantes por el devenir de la gestión gubernamental. Ahora bien, los partidos políticos que puedan tener una mayoría suficiente para alcanzar una Alcaldía o la Presidencia de la Generalitat se han presentado cada uno con un programa electoral. Bien es cierto que encontrar programas electorales en las webs de los partidos políticos que concurren a las autonómicas es difícil, si no imposible. Esos programas electorales que son de cada partido habrá que negociarlos y convertirlos en pactos de gobierno con aquellas medidas que el nuevo gobierno vaya a realizar.

En el ámbito autonómico, lo principalmente novedoso tras las elecciones del próximo 28 de mayo y una vez que las diputadas y diputados autonómicos tomen posesión de su escaño en la sesión constitutiva de las Cortes prevista para el 26 de junio, es que el nuevo Consell tendrá que aprobar en sus seis primeros meses un plan de gobierno. El plan de gobierno será un documento estratégico que refleje la planificación de la acción de gobierno según refleja la norma autonómica de transparencia y buen gobierno.

Estamos en estos días escuchando múltiples propuestas, sobre todo, de medidas que van a generar un mayor gasto público y también otras que suponen una merma de ingresos por medidas de disminuciones tributarias. Pero en pocas ocasiones estas medidas llevan aparejado un estudio económico que dé cobertura presupuestaria a esa política pública. Seguro que usted se pregunta: «Y todo esto, ¿cómo se va a pagar?». Más si cabe, la próxima legislatura que tendrá como uno de los ejes la infrafinanciación autonómica de la Comunitat Valenciana. Las cuentas públicas autonómicas serán extremadamente difíciles de ajustar. De igual modo, la Comisión Europea ha anunciado recientemente que, tras la superación de la pandemia, se recuperan las reglas fiscales y los Estados Miembros tendrán que equilibrar sus cuentas públicas y el crecimiento de la deuda. El equilibrio presupuestario y el déficit público vuelven a la palestra.

Por lo tanto, el nuevo Consell tendrá que hacer ese plan de gobierno fruto de los pactos electorales, en caso de que haya gobierno de coalición. Las acciones del plan de gobierno se verán reflejadas en cada uno de los presupuestos de la Generalitat que cada año se lleven a las Cortes para su discusión y aprobación. Las políticas que tengan la consideración de subvención se reflejarán en el plan estratégico de subvenciones y toda la regulación normativa, en el plan anual normativo.

Toda esta regulación, ¿para qué sirve? Lo que se pretende es la implantación, una Administración profesionalizada que planifica en el tiempo una acción y ayuda a poder avanzar y evaluar las políticas públicas. Es lo que se llama el buen gobierno.

El buen gobierno es un concepto amplio y multidimensional que se refiere a un sistema de gobierno en el que se promueven principios y prácticas de transparencia, responsabilidad, participación ciudadana, justicia, eficiencia y respeto a los derechos humanos. Es un modelo de gobernanza que busca asegurar que los asuntos públicos sean gestionados de manera ética y eficaz, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Todo ello proviene del concepto anglosajón de «accountability», de rendición de cuentas que todo gobierno debe tener con la ciudadanía por la que gobierna. Las democracias más avanzadas lo incorporan a su gestión pública, junto con la definición de unos KPI. Los KPI son las siglas en inglés de Key Performance Indicators, que en español se traduce como Indicadores Clave de Desempeño. Los KPI son métricas o medidas utilizadas para evaluar y medir el rendimiento de una organización o proceso en relación con los objetivos establecidos. Por lo que los planes de gobierno tienen que ser fiscalizados a través de estos KPI que permitan ver el grado de cumplimiento.

En definitiva, la nueva legislatura tendrá una nueva normativa que va en la línea de las democracias occidentales más modernas y que pretende que los gobiernos tengan una mayor rendición de cuentas.