Hacia una ley integral de las redes sociales

Si hay una asignatura pendiente de cara a la próxima legislatura es la de aprobar una Ley integral que fije y marque una específica regulación en el uso de internet y, sobre todo, de las redes sociales. No es posible que sigamos contemplando el exceso del uso para causar el mal que se está haciendo de internet y, sobre todo, de las redes sociales, donde se cometen delitos de odio, sobre todo, e infinidad de ataques a las personas, incluyendo las acciones que descalifican a las personas y atentan contra todos los derechos constitucionales relacionados con el ámbito de la persona.

Este libertinaje en el uso de internet y redes sociales viene propiciado, por ello, por el descontrol permitido por la ausencia absoluta de una regulación en el uso de estos medios que suponen hoy en día una auténtica “plataforma” para atentar contra los derechos de los ciudadanos, habiéndose creado, incluso, una figura bajo el término anglosajón de “haters” para calificar al “odiador”; un término que se refiere a quienes faltan el respeto de forma grave a los demás, a quién no es o actúa como ellos creen que deberían hacerlo. Se crea, de esta manera, una especie de “parámetro general de conducta o forma de ser” bajo el que el odiador expresa su disidencia con el insulto y la descalificación, cuando no con otro tipo de acciones, para reflejar en las redes sociales su ataque a quien no es como él.

En consecuencia, la falta de regulación viene plasmada, sobre todo, por el anonimato en el uso de las redes sociales, de tal manera que cualquiera puede ponerse un pseudónimo para ocultar su verdadera identidad, y esto está permitido y consentido por quienes controlan el “uso” de internet, al punto de que cualquier denuncia a los prestadores de estos servicios es contestada bajo el amparo de la libertad de expresión, cuando sencillamente es un “libertinaje”.

Sorprende, por ello, que ante la infinidad de situaciones creadas que han dado lugar a denuncias, quejas y reclamaciones de todo tipo no exista una auténtica base legal acerca del uso de internet y redes sociales, a fin de poner unos límites y unas normas de conducta en el uso de esta herramienta que en un principio se concibió para el bien y que, finalmente, se ha convertido en un instrumento de ataque a los demás.

De igual modo, proliferan en internet las noticias falsas con una facilidad tendencial y sin control alguno, teniendo los afectados en muchas ocasiones que recurrir a la justicia para restaurar el orden. Y, precisamente, porque esa ausencia de control y fiscalización de lo que se sube a internet y a las redes sociales otorga una libertad a quien lo hace que conlleva al descontrol absoluto bajo el amparo de la propia estructura organizativa de quien permite que todo esto esté ocurriendo. Y el problema radica en que como toda esta situación no se corte a tiempo los jóvenes que son nuestro futuro considerarán que esto es lo normal, cuando lo normal es estudiar o trabajar a fondo en lo que a cada uno le gusta y es consciente de que sirve para ello, tener unos objetivos y poner en práctica la cultura del esfuerzo, y no la del “no hacer nada y esperar que todo me venga hecho sin esforzarme”, que es lo que desde algunos sectores se esté vendiendo.

La ausencia de regulación legal de muchas actividades es un grave problema. Pero más grave lo es cuando la actividad es potencial y realmente muy dañina, como es internet y las redes sociales, que pueden llevar a cabo un auténtico fenómeno de destrucción masiva contra lo que algunos, o unos pocos, consideren que es preciso destruir.

Por todo ello, uno de los grandes retos para la próxima legislatura que se abrirá después del Verano es el de tomarse muy en serio este tema y hacer una norma integral que regule el uso de estos medios y tecnología, que se huya del anonimato en internet y que se fijen unas reglas y pautas de conducta en donde la mentira, y los ataques a los demás queden fuera del uso de estos medios que son altamente dañinos puestos en manos de personas irresponsables y sin escrúpulos que se amparan, precisamente, en la actual alegalidad del sistema.