Verano de 2023: prosigue la deshumanización de los inmigrantes

Es bien sabido que todos los veranos, dado el buen tiempo, aumentan los intentos de llegar a Europa atravesando el Mediterráneo por parte de miles de personas, que arriesgan su vida por el sueño de una vida mejor. En consecuencia, en esta época del año se multiplican los naufragios y las tragedias, no siempre inevitables. Por un lado, hay que recordar que muchas de estas personas tienen derecho al asilo, pero carecen de las vías legales para solicitarlo en los países de origen y tránsito, por lo que se ven obligados a recurrir a los traficantes y sus precarias embarcaciones. Por otro, la Unión Europea y los Estados Miembros siguen sin poner los medios necesarios para garantizar los rescates de los migrantes en el mar.

Interceptada una patera con siete personas en Calp, entre ellas un bebé

Con todo, el verano de 2023 está siendo particularmente letal, empezando con el naufragio de Pylos del 13 de junio, sobre el que las explicaciones de las autoridades griegas no se tienen en pie. En el mejor de los casos, abandonaron a su suerte a un barco que no estaba en condiciones de navegar, y en el peor, aceleraron su hundimiento al intentar remolcarlo. Con el resultado de no menos de setecientas personas fallecidas, incluyendo muchos niños, atrapados en el casco del navío.

En este mismo país, pero en tierra, los incendios estivales derivados sobre todo del cambio climático, que seguimos sin frenar, han quemado 120.000 hectáreas. Cientos de virulentos focos se desataron el 19 de agosto a causa de las altas temperaturas, la sequedad y los vientos, calcinando a veintiocho inmigrantes que malvivían en el bosque de Dadia, al noreste de Grecia. A lo que hay que sumar una segunda victimización, ya que ciudadanos de extrema derecha se han dedicado a organizar bandas para “cazar” personas indocumentadas, a las que culpan de los fuegos, ante la aparente pasividad de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el Mediterráneo Central se han verificado una serie de naufragios, acaecidos el 8 de julio, el 14, 12 y 6 de agosto frente a la costa tunecina, el del 10 de agosto frente a la costa de Libia, así como el del 5 y el 3 de agosto frente a la isla italiana de Lampedusa. En total, durante los meses julio y agosto, según las Naciones Unidas, han muerto 239 personas. Los naufragios son paliados a duras penas por las ONGs, que han rescatado a 6.134 personas en 2023, según el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo Civil. Pero el gobierno de Meloni las hostiga, obligando a sus barcos a desembarcar en puertos lejanos y por tanto dificultando su vuelta al teatro de operaciones, o mediante la detención administrativa de los mismos y la imposición de multas. Son ya tres los que se encuentran en esta situación, el Open Arms de la ONG española homónima, el SEA-EYE 4 de la ONG Sea-Eye y.el Aurora, operado por la ONG Sea-Watch, ambas alemanas.

En el Atlántico, la ruta canaria es conocida por su peligrosidad, dadas las fuertes corrientes y la precariedad de las embarcaciones empleadas. Así, en el primer semestre de 2023, 778 personas murieron en 28 incidentes al intentar llegar a Canarias, muertes que ascienden a 951 si consideramos las diversas rutas atlánticas, según la ONG Caminando Fronteras. A estos tristes datos hay que sumar los incidentes estivos, como el del 9 de julio, cuando tres embarcaciones con 300 personas a bordo desaparecieron durante días, y de las que la guardia costera española solamente pudo rescatar a 86. También hemos sido testigos de la estremecedora aparición de barcas a la deriva repletas de cadáveres.

Entretanto, la Presidenta Von der Leyen, se ha presentado dos veces, el 11 de junio y el 16 de julio 2023 en Túnez, acompañada de la ultraderechista Meloni, para firmar un acuerdo de dudosa validez legal con un presidente que además de haber suspendido la democracia y el estado de Derecho (cierre del Parlamento, detención de periodistas, etcétera), ha detenido a centenares de inmigrantes subsaharianos para abandonarlos a su suerte en el desierto, sin agua ni alimentos. La finalidad de este “pacto” no es otro que pagar por externalizar el control de nuestra frontera exterior. Por ello, la UE está dispuesta a dar más de mil millones de euros, también para financiar programas de educación y energía, al parecer sin importar ni la democracia ni el respeto a los Derechos Humanos.

El Parlamento Europeo, en cambio, apostó con su resolución del 13 de julio de 2023 sobre búsqueda y rescate en el Mediterráneo, de la que tuve el honor de ser ponente, por otro enfoque, al recordar que más allá de las visiones contrapuestas sobre los efectos sociales y económicos de las migraciones que puedan tener las distintas las fuerzas políticas, salvar vidas en el mar es una obligación legal y moral indiscutible. Por ello, la Eurocámara reclama una Misión Europea de Búsqueda y Rescate, incluyendo a Frontex y los Estados Miembros. Nuestra resolución, apoyada por los cinco grupos políticos pro-europeos del Parlamento Europeo (socialistas, democristianos, liberales, verdes, y La Izquierda), recuerda también la obligación de llevar a las personas rescatadas al puerto más seguro más cercano y de no criminalizar a las ONGs.