A vueltas con el unilateralismo

El concepto de “unilateralidad” que maneja el nacionalismo catalán es el gran obstáculo que impide de momento el cierre judicial y político del “procés”, una ruptura en toda regla que fracturó a la sociedad catalana y cuyos principales hitos fueron las dos leyes de desconexión que promulgó el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017 y el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Unilateralismo es, en definitiva, el procedimiento de secesión arbitrario que se ejecuta mediante una ruptura de la legalidad. Puesto que las democracias parlamentarias no han previsto ni reconocido el derecho de autodeterminación de alguna fracción de sí mismos, quienes aspiren a la secesión de una ‘nacionalidad’ o de una comunidad optan a veces, como último recurso, por los hechos consumados, por la secesión ilegal… que habrá de ser reprimida legítimamente por los procedimientos ordinarios para hacer prevalecer el estado de derecho. Las democracias tienen derecho a defenderse.

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La ruptura catalana estuvo encabezada, como es sabido, por Puigdemont, quien, en el último momento, tras el referéndum ilegal, se negó a convocar elecciones autonómicas como le sugería el PNV en contacto con Rajoy, y, aunque no llegó a proclamar la República Catalana, huyó al extranjero, dejando tras de sí los hechos consumados. La depuración de estos dio lugar a un arduo proceso judicial, en el que fueron condenados e ingresaron en prisión nueve políticos. Otros varios permanecieron en el extranjero, y Puigdemont continúa en Waterloo. Tiempo después, la relación constructiva entre ERC y el Gobierno de la nación fructificó en forma de indultos, que permitieron excarcelar a los presos pero mantuvieron las inhabilitaciones. Aquel alivio de las condenas produjo una saludable distensión en Cataluña y aplacó las ansias soberanistas del sector más nacionalista.

Ahora, los resultados electorales han determinado un equilibrio parlamentario en que los nacionalistas catalanes, ERC+Junts, aunque muy disminuidos en sus apoyos electorales, pueden decantar la balanza hacia un gobierno de izquierdas si votan afirmativamente a la investidura de Sánchez. Pero las dos formaciones democráticas nacionalistas, ERC y Junts, no resignan su exigencia de mantener el unilateralismo, aunque ERC, más racional y moderada, ha aplacado su posición. Puigdemont, en cambio, reiteró su exigencia ante la vicepresidenta Yolanda Díaz: las condiciones de tal apoyo son la amnistía y el reconocimiento del derecho de autodeterminación, es decir, un referéndum. Una desmesura imposible de aceptar por la otra parte, que tiene la obligación de someterse al principio de legalidad.

Un referéndum de autodeterminación es obviamente imposible con la Constitución en la mano. El derecho de autodeterminación es una figura del Derecho Internacional que solo existe en situaciones de colonialismo o de autoritarismo opresivo. Y la amnistía, una figura controvertible, no tiene sentido si quien se beneficia de ella después de quebrantar las reglas de juego político y democrático no declara solemnemente que renuncia a la unilateralidad, esto es, que en lo sucesivo no reincidirá y se acogerá al estado de derecho.

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Nadie obliga, es obvio, a Junts a renunciar a la unilateralidad, pero si la mantiene, resulta absurdo que aspire a la amnistía. ¿Cómo puede el Estado democrático adoptar medidas de gracia para facilitar a un disidente la ruptura de este mismo estado?

Es evidente que los votos de Junts son indispensables para que Sánchez resulte investido. O, en otras palabras, solo sus votos pueden evitar ir a nuevas elecciones. Pero ni siquiera esta posición un tanto extrema hace posible que quien representa al Estado acceda a un chantaje tan irracional como el que se plantea. Si Junts no reconsidera su posición, es evidente que iremos a elecciones… que Junts debería contemplar con aprensión.

Porque después de la pacificación de Cataluña que han conseguido ERC y el Gobierno, Junts ha pasado a ser la quinta fuerza de Cataluña en votos, por detrás del PP. Es de imaginar que si Junts nos aboca a unas nuevas elecciones, no mejorará su popularidad sino al contrario. De donde se desprende que se equivoca Puigdemont cuando alardea de que quien pone las condiciones en un contencioso es quien es requerido para el acuerdo. En este caso, si Puigdemont se obceca, él y los suyos saldrán también seriamente perjudicados.

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