Migración y discapacidad: un bucle tóxico

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. Tomando como base el trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, ha continuado avanzado hacia el reconocimiento de los derechos y el bienestar de estas personas.

 La realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, si atendemos a la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad. Sin embargo, los derechos humanos quedan relegados a un segundo plano cuando la discapacidad se produce en el seno de una familia inmigrante.

 El nacimiento de un/a hijo/a con discapacidad supone un shock dentro de cualquier familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y doloroso, que rompe las expectativas sobre el/la hijo/a deseado/a (imágenes físicas y características imaginadas durante todo el proceso de concepción y gestación). La pérdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), inicia un proceso de duelo (estado afectivo de gran intensidad emocional consecuente a una pérdida significativa): es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la amenaza. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar.

 La comunicación del diagnóstico no es el final del camino, sino el principio de un itinerario que deberá recorrer la familia en pro de la obtención de ayudas, que incluyen desde el reconocimiento del grado de discapacidad, pasando por prestaciones económicas (orientadas, por ejemplo, a facilitar la obtención de ayuda de una tercera persona para la vida diaria) hasta alcanzar la intervención especializada (atención temprana, o neurorrehabilitación, en función del caso). Sin embargo, el acceso al sistema en ningún caso es igualitario para todos los núcleos familiares: la solicitud de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establece como requisito contar con certificado de empadronamiento y permiso legal de residencia, en el caso de personas extranjeras no comunitarias.

Es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la amenaza. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar.

 Las familias migrantes en situación documental irregular generalmente suelen tener mayores dificultades para el acceso a una vivienda, y su correspondiente empadronamiento (quedando a la merced de particulares – tanto autóctonos como compatriotas establecidos en mejores condiciones – que solicitan ingentes cantidades de dinero como contraprestación por gestionar el acceso al padrón continuo).

 Así mismo, a pesar de que en varios países existe una legislación contra la esclavitud, los trabajadores migrantes son víctimas de explotación por parte de empleadores e intermediarios. Su debilidad económica, junto con la proliferación del trabajo no declarado o irregular, permite tanto a organizaciones delictivas como a empleadores perpetuar el trato ilegal de los trabajadores migrantes, incrementando la dificultad de regularizar su situación por medio del arraigo.

 Así, la pescadilla se muerde la cola: sin empadronamiento ni empleo no hay regularización; sin regularización no hay acceso a reconocimiento de discapacidad; sin reconocimiento de discapacidad no hay prestaciones económicas ni intervención especializada. Y el círculo vicioso se estrecha aún más si la familia está compuesta por un solo progenitor; si no dispone de conocimiento de la lengua del país de acogida; si no dispone de una fuente de ingresos; si la respuesta y reacción de la familia cercana, así como de las instituciones públicas (redes de apoyo) contribuyen a acentuar la vivencia de la amenaza.

A pesar de que en varios países existe una legislación contra la esclavitud, los trabajadores migrantes son víctimas de explotación por parte de empleadores e intermediarios.

 En este día, lejano a efemérides señaladas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día Internacional de las Personas Cuidadoras (5 de noviembre), el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (2 de abril) o el Día de las Enfermedades Raras (29 de febrero), y habida cuenta del elevado número de casos de menores recién llegados con dificultades susceptibles de ser reconocidas como discapacidad desde Elche Acoge, denunciamos que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión no atienda a las especiales circunstancias de las familias migrantes, así como que la Ley de Extranjería no valore las enfermedades susceptibles de ser reconocidas como discapacitantes (especialmente en el caso de menores) como motivo de acceso a la regularización por arraigo humanitario. Como proclama Olga Bejano “cualquier vida es única e irrepetible y tiene tanto valor como otra. Si hubiese una vida sin importancia, ninguna sería importante.”