Opinión

Elogio de la Constitución y de la política

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la salida de la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid (España).

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la salida de la Solemne Sesión de Apertura de las Cortes Generales de la XV Legislatura, en el Congreso de los Diputados, a 29 de noviembre de 2023, en Madrid (España). / Raúl Terrel - Europa Press

 “La resolución por parte de los tribunales de cuestiones políticas también socavaría la única gran ventaja del proceso político, que consiste en conciliar los intereses y opiniones divergentes de los ciudadanos”. La política no siempre realiza bien esta función, “pero los jueces nunca serán capaces de hacerlo”. “Los procesos judiciales rara vez consiguen mediar para resolver diferencias. Son un juego de suma cero”. El vencedor se lleva todo.

Creemos en la legitimidad de los gobiernos, sean locales, autonómicos, central y del Estado, en suma, porque creemos en los procedimientos y en cómo se han tomado las decisiones. Por la mayoría, es el principio básico de la democracia, pero la legitimidad de la mayoría está limitada por: la política representativa, y la ley. Los ciudadanos estamos representados en el Parlamento sede de la soberanía popular y en esa función juegan un papel clave los partidos políticos como coaliciones de opinión unidas por una coherencia laxa de puntos de vista, también por el deseo de ganar elecciones, y son unos mediadores eficaces entre el electorado y los gobiernos. La incapacidad, que se manifiesta en ocasiones, de las asambleas deliberativas para ejercer sus funciones hace que las mayorías tachen a quien discrepa de “enemigos”, “traidores”, “saboteadores” y hasta “nazis”. “Este es el verdadero lenguaje del totalitarismo, es el punto más bajo hasta el que puede hundirse una comunidad política para quedarse al borde de la violencia real”. Los parlamentos es el ámbito donde tratamos de superar las fracturas, que se dan en todas las sociedades, sea generacional, social, de género, económica, regional o territorial. Ese es el papel de los partidos y del Congreso; por contra lo fácil es recurrir a los tribunales, a la ley, o a los referéndums. Esto último conlleva y está en el origen del desprestigio de la política. Así decae el compromiso de la sociedad con la participación política activa.

Los tribunales han acabado compartiendo la desconfianza generalizada en el proceso político y el razonamiento político de toma de decisiones. Han reclamado para sí, lo que se conoce como el imperio de la ley y con él una autoridad más amplia para supervisar a otros órganos del Estado. Incluso no es extraño que los grupos de presión intenten imponer sus intereses- lo que no lograron en el Parlamento-, a través de los tribunales. Parafraseando a Clausewitz cabe decir que “la ley es ahora una mera continuación de la política por otros medios”. Los Tribunales actúan con arreglo al que llamaríamos “principio de legitimidad”, más que de legalidad, es una técnica para precisar las verdaderas pretensiones del Congreso, pero que otorga un gran poder a los jueces. Los jueces deciden normas con las que identificar como ilegítimas acciones concretas y deciden qué lenguaje es lo bastante claro. Las opiniones y los valores personales de un juez pesan y a menudo resultan decisivos teniendo efectos legales. La opinión de los jueces tiene así poder político sin responsabilidad política, -lo que no deja de ser un anomalía constitucional- puesto que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Que los asuntos políticos tengan que resolverse en los tribunales supone pagar un precio muy alto porque implica una pérdida de legitimidad democrática.” Una cosa es que la Judicatura mantenga los gobiernos dentro de sus competencias legales, y otra muy distinta es permitir que burlen las leyes parlamentarias que no le gustan- incluso antes de hacerse públicas- o que revisen decisiones políticas sobre las que el gobierno rinde cuentas al Parlamento. “Esto equivale a otorgar un poder discrecional inmenso sobre cuestiones que en realidad son políticas, a un conjunto de personas sin ninguna responsabilidad política sobre sus actuaciones".

Los litigios son apelaciones a la ley. La ley es racional, coherente, analítica, y rigurosa. “Pero en los asuntos públicos estas características no siempre constituyen virtudes. La opacidad, la incoherencia, y los rodeos, tal vez sean impuros desde el punto de vista intelectual y por eso no gustan a los juristas. Pero suelen ser inseparables del tipo de compromisos que debemos aceptar como sociedad para vivir juntos en paz”. Eso es política.

Este artículo es deudor en gran parte de Jonathan Sumption, brillante historiador inglés y magistrado del Tribunal Supremo del Reino Unido. Los entrecomillados son de su libro, “Juicios de Estado. La ley y la decadencia de la política”. (Antonio Bosch, editor). El libro provoca la reflexión en cinco conferencias radiofónicas que se emitieron en 2019 en un programa de la BBC.